Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana
El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.
En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum. El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.
La restauración fue previa a e indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español, es decir, fue previa a e indisponible para la democracia. Con ese equívoco en la relación entre Monarquía y Democracia se ha venido operando desde entonces. Porque hubo Restauración de la Monarquía fue posible la Democracia. Este es el mensaje que se transmitió entre 1977 y 1978 y que se confirmó tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.
La Constitución de 1978 ha sido la primera de nuestra historia en la que han convivido el principio monárquico y el principio de legitimación democrática del poder. La Monarquía había sido incompatible a lo largo de toda nuestra historia con el principio de legitimidad propio del Estado Constitucional, la soberanía nacional o soberanía popular. Tras la afirmación de dicho principio en las Constituciones que iniciaron cada uno de los ciclos constitucionales: 1812, 1837, 1869 y 1931, venía la “reacción monárquica”, que o anulaba por completo dicho principio, como hicieron Fernando VII y el general Franco, o lo reconvertían en el principio “monárquico-constitucional”, como lo hicieron las Constituciones de 1845 y 1876. La historia constitucional de España ha sido una historia “reaccionaria”, la historia de las reacciones monárquicas frente a las expresiones del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional.
La Constitución de 1978 es la primera en la que no ha sido necesaria la “reacción monárquica”, porque se alcanzó un compromiso en el proceso constituyente. Pero un compromiso en el que lo primero es la Monarquía y lo segundo la Democracia. La Monarquía es previa a e indisponible para la democracia española. A esa indisponibilidad responde la introducción de la cláusula de intangibilidad encubierta que supone el artículo 168 de la Constitución.
Aquí está la raíz de la irreformabilidad de la Constitución. El condicionamiento del principio de legitimidad democrática por el principio monárquico es el que imposibilita la activación del procedimiento de reforma de la Constitución. Podemos hacer reformas constitucionales que nos vienen impuestas desde fuera, desde la Unión Europea. Pero no podemos hacer reformas desde dentro. No sabemos siquiera cómo poder hacerlo.
Esa indisponibilidad de la Monarquía para la Democracia se ha traducido, además, en una parálisis de las Cortes Generales en lo que a la regulación de la Monarquía se refiere. Por eso, no se ha aprobado ni está previsto que se apruebe la ley orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución. Por eso se resolvió de manera anticonstitucional la abdicación del Rey Juan Carlos I. Por eso se definió “en fraude de constitución” el estatuto jurídico del Rey tras su abdicación.
Lo que se tiró por la puerta vuelve a entrar por la ventana. Y en un momento sumamente inoportuno. Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, escribió Carlos Marx. Parece claro que, en este momento, con todos los problemas con los que tenemos que enfrentaremos, preferiríamos no tener que hacerlo también con la “Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español”. Pero me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo.
