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Lo peor (para el PP) está por llegar

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy

Alfonso Pérez Medina

Al vendaval que arrecia en Génova desde que estalló una sentencia de la Gürtel más descontrolada de lo que se pensaba, la inesperada moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy, la aseada puesta en escena del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el calculado ajuste de cuentas perpetrado por José María Aznar, se sumarán en los próximos meses nuevas malas noticias para el PP que llegarán de los tribunales.

La fosa en la que la corrupción ha sepultado, de momento, a los populares se agrandará un poco más esta semana con la sentencia que la Audiencia Nacional está a punto de notificar sobre la financiación irregular del Partido Popular valenciano. La confesión de nueve empresarios y del exsecretario general Ricardo Costa, que apuntó a Francisco Camps como cerebro de los pagos en B a las empresas de Francisco Correa que se hacían a través de constructoras, apenas deja margen al magistrado José María Vázquez Honrubia para dictar una sentencia que no sea condenatoria.

En el Tribunal Supremo también se están acabando de perfilar dos sentencias que afectan directamente al PP de Aznar que heredó Rajoy y que asumirá su sucesor. La de las tarjetas black, que podría llevar a prisión a Rodrigo Rato; y la del caso Nóos, en la que, además de pronunciarse sobre el encarcelamiento del cuñado del rey Felipe, los magistrados del alto tribunal tendrán que acotar la responsabilidad penal de dirigentes de cuatro administraciones gobernadas por el PP que colaboraron en los negocios del instituto “sin ánimo de lucro” de Iñaki Urdangarin: los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos de Valencia y Madrid.

A la vuelta del verano, al líder o lideresa elegido para la reconstrucción del PP le espera el desarrollo de las causas judiciales que afectan a Francisco Granados, Ignacio González, Francisco Camps, Cristina Cifuentes, Eduardo Zaplana y Pedro Antonio Sánchez, a la que hay que sumar la investigación sobre la financiación supuestamente irregular del PP de Madrid que va sumando indicios contra Esperanza Aguirre.

En noviembre, a partir del día 26, comenzará en la Audiencia Nacional el juicio por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, que sentará en el banquillo de los acusados a antiguos dirigentes del PP, el PSOE e IU pero que volverá a tener como cabezas de cartel a dos miembros del Gobierno de Aznar -Rodrigo Rato y Ángel Acebes- y al expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas.

En 2019 la nueva cúpula del PP se enfrentará a su primer test en las urnas con motivo de las elecciones municipales, autonómicas y europeas aunque también podrían tener lugar las generales si el Gobierno socialista cumple su expectativa de no agotar la legislatura. Ese año está previsto que se celebren nuevos juicios del caso Gürtel pero los populares podrían tener un respiro con la sentencia de los ERE irregulares de la Junta que podría condenar a los expresidentes Chaves y Griñán.

Al PP también se le vendrán encima los juicios por la segunda época de actividades de la trama Gürtel, que incluye el fastuoso pelotazo urbanístico de Arganda del Rey, con comisiones ilegales que alcanzaron los 25 millones de euros; la visita del Papa a Valencia, con la que Correa se construyó un chalet con gimnasio y torreón en Ibiza; y las adjudicaciones supuestamente irregulares de la Generalitat valenciana, AENA y los Ayuntamientos de Jerez y Boadilla del Monte.

Pero será a la vuelta de las elecciones generales, previsiblemente en 2020, cuando el PP tendrá que afrontar su juicio más delicado: el que analizará la caja B que el extesorero Luis Bárcenas plasmó en sus papeles manuscritos, los supuestos sobresueldos que, según él, repartió entre dirigentes como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal y el pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede de la calle Génova.

Con este difícil panorama, Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría o la persona que lidere el PP tras su próximo Congreso Extraordinario, tendrá que resignarse a liderar la oposición con un ojo en el Gobierno de Pedro Sánchez y el otro en los tribunales de justicia.

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