El Gobierno inicia la limitación de los aforamientos, pero no toca el de los cargos públicos autonómicos
El Gobierno inicia formalmente el trámite para la limitación de los aforamientos que Pedro Sánchez anunció a mediados de septiembre como una fórmula exprés que pretendía tener en marcha en 60 días. Más de dos meses después, el Consejo de Ministras ha aprobado el Anteproyecto para la reforma constitucional con la que propone la modificación de dos artículos de la Carta Magna para dejar el aforamiento de miembros del Ejecutivo, diputados y senadores solo para el desempeño de sus funciones.
La propuesta de Sánchez solo afecta a unos 600 cargos públicos de los cerca de 17.600 cargos aforados que hay en España y deja fuera a los parlamentarios y miembros de gobiernos autonómicos, a pesar de que el Consejo de Estado le daba una fórmula para que también quedaran sin aforamiento a través de una “previsión” en el cambio de la Constitución. El Gobierno opta por la otra vía que también planteaba el órgano consultivo y es que se eliminen en los 17 estatutos autonómicos.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha explicado que el Gobierno tiene que respetar el título octavo de la Constitución así como a las autonomías y se ha mostrado partidaria de que cada comunidad limite los aforamientos en el marco de sus estatutos de autonomía, como ya ha hecho Murcia, por ejemplo. “Es evidente que con esta reforma se marca el listón”, ha dicho Calvo, que ha considerado que a partir de ahí las comunidades seguirán la “armonización”.
“Es una reforma cuantitativamente pequeña”
En esa misma línea, el Ejecutivo da un plazo de un año para que el resto de administraciones del Estado se adecuen a la limitación del aforamiento en la línea de Gobierno, Congreso y Senado. A partir de que se lleve a cabo la reforma de la Constitución, comenzaría, según la vicepresidenta, todo un proceso de “revisión” en otros escalones de la administración.
“En el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales necesarias para adaptar el régimen procesal de los aforamientos”, dice el Anteproyecto en la disposición adicional. Con esa fórmula, el Gobierno sigue el planteamiento del Consejo de Estado, que plantea “dudas” del aforamiento ante el Supremo de otras autoridades del Estado recogidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como el presidente del CGPJ, del Tribunal Constitucional o de los propios miembros del Consejo de Estado, entre otras.
Por ahora lo que el Gobierno presentará en el Parlamento -después de que reciba el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial- será una modificación de los artículos 71 y 102 de la Carta Magna: “Es una reforma cuantitativamente pequeña”, ha reconocido Calvo.
Tampoco habrá un listado de los delitos para los que los cargos políticos no gozan de aforamiento, sino que se limita al desempeño del cargo y en el periodo que dure el “mandato”. Lo que planteó el Consejo de Estado para el artículo 71 es que disponga que “en las causas contra diputados y senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. El 102, que afecta a los miembros del Gobierno, quedaría redactado de forma similar: “La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
Calvo ha asegurado que “es importante” que los ciudadanos tengan la “seguridad de que los cargos públicos estamos sometidos con igualdad ante las leyes para rendir cuentas de nuestro actos”. No obstante, el Gobierno tampoco pretende que la modificación de la Constitución afecte a la inviolabilidad del rey.
Sánchez hablará con los grupos
La vicepresidenta también ha explicado que el presidente comenzará una ronda con los portavoces parlamentarios para recabar los apoyos necesarios. No ha especificado si serán los líderes de los partidos en los casos en los que están representados en el Congreso, como Pablo Iglesias o Pablo Casado.
En respuesta a otra pregunta, Calvo sí ha dicho que el Gobierno hablará con el líder del PP sobre los aforamientos. No obstante, Sánchez ha dado por rotas las relaciones con él después de que le acusara de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado” en Catalunya.
El respaldo del PP es fundamental para que salga adelante la reforma constitucional. La propuesta estrella que Sánchez hizo en plena convulsión por la dimisión de Carmen Montón está, por tanto, en manos de Casado.
Cuando Sánchez anunció la propuesta, Unidos Podemos y Ciudadanos la consideraron insuficiente. Los de Pablo Iglesias aseguraron, además, de que si se llevaba a cabo la reforma de la Constitución provocarían que se celebre un referéndum -puede plantearlo un grupo que tenga el 10% de los 350 diputados del Congreso-.
La vicepresidenta ha asegurado que no le pedirán a Unidos Podemos que fuerce el referéndum: “Cuando eso se produzca, (...) veremos el formato de encaje que tiene porque es un requisito que hay que cumplir. No seremos los que pongan ningún tipo de prevención porque lo que queremos que esta reforma se haga”, ha contestado Calvo. En Moncloa están convencidos de que una reforma para limitar los aforamientos contaría con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
