Un largo y accidentado camino

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.