El Congreso castiga el acoso sexual y los comentarios homófobos y racistas en un protocolo para sus trabajadores

Coincidiendo con el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino en España y en el marco del Plan de Igualdad aprobado por Las Cortes en 2020, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado han aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y frente a todas las formas de acoso y violencia que se aplicará para el personal de ambas cámaras y que también amparará a los diputados y senadores que sufran ese tipo de conductas.

El texto, adelantado por El Periódico de España y al que ha tenido acceso elDiario.es, se aplicará en su integridad “cuando la persona afectada y la persona presuntamente agresora pertenezcan al personal funcionario de las Cortes Generales”. Pero, además, en el caso de que alguna de las partes no sea funcionario, como es el caso de los diputados y senadores, las presidencias de las cámaras deberán ofrecer “medidas de prevención del acoso” y, en su caso, el asesoramiento o la ayuda necesarias para denunciar las distintas situaciones, según han explicado a este diario fuentes parlamentarias.

El protocolo fue aprobado el pasado martes en una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y el Senado y llega por tanto 14 años después de la Ley de Igualdad de 2007. Contempla aplicar el régimen disciplinario del Estatuto del Personal de las Cortes Generales que puede llegar a la suspensión de empleo y sueldo, y durante el procedimiento disciplinario, “podrán imponerse medidas cautelares dirigidas a garantizar la protección de la víctima”.

A partir de ahora las cámaras establecen además un “procedimiento especial de solución” para agilizar las denuncias, “de carácter rápido y confidencial”, y sin perjuicio del correspondiente procedimiento disciplinario o actuaciones judiciales en el caso de que se produzca algún delito.

Descripción explícita de los tipos de acoso

“Cualquier persona que desempeñe su trabajo en las cámaras tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos o de la asesoría confidencial [que se creará a tal efecto] los casos de acoso que conozca”, apunta el texto, que insiste en la “obligación” de toda persona con puestos de responsabilidad “de prestar atención y tramitar, en su caso” las quejas que reciba.

El protocolo realiza una descripción exhaustiva de todos los tipos de acoso que se perseguirán por parte de Las Cortes. Explica que el acoso sexual constituye “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio degradante u ofensivo”.

Entre esas conductas se recogen las “observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del trabajador o trabajadora, gestos obscenos y abusos verbales”, así como “peticiones de favores sexuales” o el “contacto físico con connotación sexual y toda agresión sexual”. Pero también la difusión de “documentos, vídeos o imágenes relacionados con la vida sexual de las personas, a través de las redes sociales o de cualquier otro medio de comunicación aunque hubiera habido consentimiento”.

Se contemplan, asimismo, las conductas de acoso por razón de sexo como “comentarios despectivos acerca de las mujeres y, en general, comentarios sexistas sobre mujeres u hombres basados en prejuicios de género”, el “demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad” e incluso las “conductas hostiles hacia cualquier persona que ejercite su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar o profesional”.

Contra la xenofobia y la aporofobia

Asimismo, se considerarán comportamientos constitutivos de acoso discriminatorio los comentarios o comportamientos racistas, xenófobos, contrarios a la libertad religiosa, degradantes con las personas con discapacidad, homófobos, relacionados con la identidad sexual, clasistas o que denoten aporofobia. Y el protocolo también incluye el acoso psicológico o moral en el ámbito laboral.