Gobiernos del PP se apuntan al “España nos roba”

El Partido Popular sigue ahondando en la estrategia para deslegitimar al Gobierno que inició tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y que intensificó con la emergencia sanitaria. El último capítulo de esta campaña tiene que ver con el reparto de las vacunas y los fondos europeos contra la COVID-19. En los últimos días, altos cargos del partido y presidentes autonómicos intentan instalar la idea de un supuesto maltrato por parte del Ejecutivo central a las comunidades gobernadas por los conservadores. Dirigentes del PP se han apuntado así a una especie de 'Espanya ens roba', la frase que popularizó el independentista Alfons López Tena, al sembrar la duda sobre un reparto equitativo y cuestionar un supuesto uso político de la distribución de estos recursos. 

El líder del partido, Pablo Casado, se ha puesto a la cabeza de estas críticas. Este lunes, pidió al Ejecutivo de Sánchez “equidad y eficacia” en el reparto de vacunas y que se centre en “salvar vidas y no en hacer campañas”, un mensaje similar al que el partido trasladó este martes a sus cargos en un argumentario interno. Lo hizo en un acto en Móstoles (Madrid) acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ariete constante contra el Gobierno en toda la pandemia. Ayuso, que el 24 de diciembre pidió “que lleguen más vacunas” y “que lleguen pronto” preside una de las comunidades que menos dosis ha inyectado: 5.335 de las 98.790 disponibles de las dos primeras remesas. No llegan al 5,5%.

No es la única líder autonómica que se ha quejado del criterio de reparto que ha fijado del Gobierno. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones con más peso dentro del PP —es el único que ha cosechado cuatro mayorías absolutas consecutivas— aseguró este lunes en una entrevista en Cope que no se han repartido las dosis en función de las personas mayores que viven en cada comunidad autónoma sino “en función de una fórmula que ni siquiera se aproxima al porcentaje de población”. Galicia sí está entre las comunidades más adelantadas en el proceso de vacunación, que no se ha detenido durante el fin de semana. Ha vacunado a más de 12.000 personas con las 37.555 dosis recibidas –el lunes llegó la segunda remesa–, un 32%.

Hace una semana, Feijóo había ido más allá y llegó a insinuar que el Gobierno repartía las vacunas por necesidades parlamentarias. “Es algo sanitariamente incuestionable [la prioridad de la población mayor]. Y además, yo añadiría: ética o moralmente no sería justificable que se manden dosis a las comunidades en función de determinados colores o de determinadas necesidades parlamentarias. Aquí no se vacuna con criterios políticos, se vacuna con criterios sanitarios”, aseguró en declaraciones a los medios.

Incluso la exministra de Sanidad Ana Pastor también ha abonado estas sospechas al reclamar una distribución “rápida” y “equitativa” de la vacuna y al solicitar menos “etiquetas XXL” y “propaganda” tras la colocación de pegatinas con el logotipo y la inscripción del Gobierno central en los primeros lotes de la vacuna del coronavirus llegados a España.

El reparto de vacunas se abordó en el comité interterritorial, el órgano de coordinación en el que está representado el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos, sin que ninguno de los representantes hayan abordado en el mismo las quejas que plantean fuera, ante los medios de comunicación.

Fondos europeos

La campaña de vacunación no es el único ámbito que el PP ha convertido en un campo de batalla política. Tras votar en contra de las prórrogas del estado de alarma para hacer frente a los contagios, Casado dijo que el Gobierno estaba recortando libertades y había “estabulado” a los españoles. Entonces el PP sostenía que no era necesaria esta medida de emergencia para restringir la movilidad y combatir el virus y pregonó la preparación de un plan jurídico que evitaría recurrir al estado de alarma. Cuando lo presentó en el Congreso fue rechazado por el resto de partidos, incluidos Vox y Ciudadanos. Y de aquella batería de medidas nunca más se supo.

Ahora el propio Casado junto a algunos barones y dirigentes territoriales llevan días cuestionando el reparto de los 10.000 millones de euros que recibirán las comunidades autónomas en los próximos dos años de los fondos europeos para estimular la economía tras la parálisis de la pandemia. Las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores —Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León y Andalucía— han visto un nuevo motivo de agravio, se han quejado de “discriminación” y han denunciado que Catalunya, que recibirá 1.706 millones, el 17,1% del total, “siempre gana”.

La propuesta de reparto, anunciada el pasado 28 de diciembre, fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Así, se tienen en consideración tres indicadores: el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma, en el desempleo y en el paro juvenil. Adicionalmente se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas como Canarias. 

Sin embargo, el hecho de que el modelo venga de la UE no ha evitado las críticas de los conservadores. Casado exigió la semana pasada un reparto “justo y objetivo” de estos fondos, mientras que la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra denunció este domingo en una entrevista concedida a Europa Press el “absoluto oscurantismo” del Gobierno en su gestión. La dirigente del PP recalcó que ese dinero debe gestionarse con “transparencia”, evitando “clientelismos”, la “peronización” o el “uso de los mismos con carácter partidista”. 

Asimismo, Gamarra expresó su apoyo a los presidentes autonómicos del PP que vienen denunciando en los últimos días “el agravio” que se ha producido en el reparto, ya que, a su juicio, con “indicadores similares”, las comunidades gobernadas por el PP “reciben menos fondos que aquellas en las que los independentistas tienen peso político o que gobierna el PSOE”. 

Los líderes autonómicos conservadores tampoco han escatimado en críticas. “A algunas comunidades autónomas les ha tocado el 'gordo' y a algunas nos ha tocado pagar el 'gordo'”, dijo este lunes el gallego Feijóo sobre un reparto que, según su criterio, rompe “el sistema de financiación autonómica y los principios de la Unión Europea”. “Se han inventado unos criterios nuevos”, añadió el presidente de la Xunta de Galicia, que también reprochó a Sánchez la ausencia de diálogo en el reparto. Galicia recibirá 441 millones, el 4,4% del total.

Más lejos ha ido la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que despidió el año prometiendo que batallará el supuesto “maltrato a Madrid” en Bruselas y en España a pesar de que es la tercera que más fondos recibirá sólo por detrás de Andalucía y Catalunya. “No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado”, aseguró la presidenta madrileña, que considera que el apoyo al independentismo catalán se va a pagar “a costa” de los madrileños. La Comunidad de Madrid recibirá 1.284 millones de euros, el 12,8% del total. Pese a ello, Ayuso considera que el reparto anunciado “está pensado contra los madrileños” y que “nunca se ha visto tanta arbitrariedad con Madrid”. Argumentos similares a los que utilizó cuando el Ministerio de Sanidad se oponía al cambio de fase en el estado de alarma, cuando Madrid carecía de rastreadores y tenía la atención primaria desatendida. Aunque Galicia, donde gobernaba Feijóo que además estaba a las puertas de las elecciones, fue entonces la primera comunidad en pasar a lo que entonces se llamó “nueva normalidad”, Ayuso, Casado y otros dirigentes del PP acusaron a Sánchez de estar castigando a su región por votar al Partido Popular.

El murciano Fernando López Miras, por su parte, ha reclamado en los últimos días “justicia, equidad, transparencia y objetividad” en el reparto de unos fondos que, a su juicio, “no pueden convertirse una vez más en una herramienta política”. Según sus cálculos, la Región de Murcia debería recibir “por justicia y en función de los criterios que ha realizado la Comisión Europea” un total de 2.400 millones de los 140.000 millones de euros previstos para España en el reparto de esos fondos. De esta tanda de 10.000 millones le han correspondido 258, el 2,6%. 

También ha expresado su desacuerdo con el reparto el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que considera que los 335 millones que irán a su territorio es una cantidad “injusta e incongruente”. En un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo sentirse “muy decepcionado” con un reparto que el Gobierno ha hecho “sin escuchar a las comunidades”, que penaliza a las autonomías que mejor han hecho los deberes para mitigar la crisis y que “agrava las desigualdades y obvia el reto demográfico”. 

En Andalucía, otra comunidad gobernada por el PP y que será la que más fondos reciba —1.881 millones, el 18,8% del total— las quejas han venido por boca del vicepresidente Juan Marín, de Ciudadanos, quien denunció la semana pasada que a su región le han “robado” casi “1.400 millones” y acusó al Gobierno de “pagar favores” a sus “socios” con el reparto del fondo. A su juicio, si se aplicaran los criterios señalados por la UE para el reparto a los países en función de su renta, población y paro, a Andalucía le corresponderían 3.200 millones.

Las declaraciones de los últimos días de dirigentes y barones del partido evidencian que el PP seguirá utilizando la pandemia y sus consecuencias para erosionar al Ejecutivo de coalición, que cumplirá su primer aniversario en apenas unos días. De hecho, el partido quiere evitar que el Gobierno eluda el control del Congreso durante el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios, y ya ha pedido que se convoque una reunión de la Diputación Permanente para forzar debates sobre los fondos europeos y las vacunas, entre otros asuntos. Con ese objetivo intentará que la Cámara cite a comparecer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la económica, Nadia Calviño; y a otros cuatro miembros del Gobierno, todos del PSOE.