Fernández Díaz y su número dos se enzarzan entre ellos y alejan el caso Kitchen de Rajoy, Cospedal y Santamaría

Jorge Fernández Díaz se ha tomado su imputación en el caso Kitchen como algo personal. Este viernes, ante el juez, mostró su incredulidad por las afirmaciones de su segundo, Francisco Martínez, pese a que éste, en la víspera, redujo la operación de espionaje a Luis Bárcenas a una investigación legal de la que también fue partícipe el ministro del Interior. “No sé qué le he hecho yo además de nombrarle para el cargo”, lamentó Fernández Díaz en sus respuestas al juez Manuel García-Castellón.

La opción de Fernández Díaz de negar incluso la autoría de los mensajes intercambiados con Martínez ha desbaratado la intención del ex secretario de Estado de rebajar el revuelo causado por el contenido de su teléfono móvil, incautado por los investigadores. En el terminal, Martínez había plasmado su disgusto por el trato recibido de los “miserables” de Fernández Díaz, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, a los que, decía, siempre fue leal. El que fuera número dos de Interior advertía de que su imputación conllevaría la declaración del exministro y, “probablemente”, del expresidente del Gobierno. Pero el jueves, en sede judicial, Martínez no atribuyó a Fernández Díaz conducta irregular alguna, mientras que del expresidente y de la antigua secretaria general apenas habló. De su jefe en Interior solo dijo que se sintió “muy dolido” cuando le oyó negar cualquier conocimiento de la investigación “policial” al tesorero.

Pese a ello, Jorge Fernández ha intentado hacer creer que los mensajes en los que informa a Martínez de la existencia de un topo en el entorno de Bárcenas, o en el que le traslada que se ha recuperado el contenido de tres teléfonos del extesorero, son sencillamente un montaje. Fuentes de la acusación creen que Fernández Díaz se ha metido en un callejón que finaliza en la celebración de juicio. La defensa del ministro insiste, por su parte, en que solo hay un acta notarial de los mensajes, que Martínez no los conserva y que en el móvil que Fernández Díaz ha entregado al juez tampoco están porque ya lo ha comprobado él. 

Entre tanto, las más de cuatro horas de declaración que han sumado Martínez y Fernández Díaz no ha arrojado indicios adicionales de que nadie por encima del ministro del Interior tuviera conocimiento y/o participara en la operación de espionaje a Bárcenas con fondos reservados. La principal beneficiada de esta circunstancia es María Dolores de Cospedal, quien tuvo que dejar la política por las grabaciones en las que aparece hablando del caso Gürtel con el comisario Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en septiembre la imputación de Cospedal y de su marido, un empresario habitual de los sumarios de corrupción, que nunca ha estado imputado y que conoce hace décadas a Villarejo. Ignacio López del Hierro aparecía en las grabaciones, tomadas en la planta noble de Génova, proponiendo al policía “encargos puntuales”. En ese mismo escrito, la Fiscalía recuperaba los principales indicios recabados por la investigación en estos dos años y medio de pieza Kitchen y pedía también la imputación de Fernández Díaz. 

Pero el juez solo aceptó en ese momento la citación del ministro. Dijo que para decidir sobre la secretaria general del PP y su esposo debía escuchar antes a los dos máximos responsables de Interior de la época. Pero en las dos horas y media de interrogatorio a Martínez, el juez Manuel García-Castellón no preguntó por el conocimiento o la implicación de María Dolores de Cospedal en los seguimientos a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, ni en el pago con fondos reservados al chófer, Sergio Ríos. 

Se da la circunstancia de que Ríos fue captado por Andrés Gómez Gordo, un policía en excedencia que había fichado Cospedal para la Presidencia de Castilla-La Mancha y al que su marido conocía también de hacía tiempo. García-Castellón, en su auto del pasado 18 de septiembre, daba especial relevancia al hecho de que Gómez Gordo hubiera desvinculado en su declaración como imputado, en la que tiene derecho a mentir, a Cospedal y López del Hierro. La defensa de Gómez Gordo, ascendido a comisario en 2018, está ejercida por uno de los despachos de abogados más reputados de Madrid, el del exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que tiene entre sus clientes a Cristiano Ronaldo y Corinna Larsen. 

Respecto a Rajoy, ha sido el exministro Fernández Díaz quien ha introducido voluntariamente su nombre en la declaración. Lo ha hecho para decir que ni él, ni Cospedal, ni ningún otro le dieron indicaciones ni le preguntaron por documentación que pudiera guardar Luis Bárcenas y que fuera de interés para el Partido Popular, investigado por financiación irregular y cuyos líderes eran sospechosos de haber cobrado sobresueldos procedentes del dinero negro donado por grandes empresarios. 

Martínez solo habló de Rajoy para recuperar su declaración del 1 de agosto de 2013 en el Senado y ponerla como ejemplo de que el PP, lejos de querer hacer desaparecer supuesta documentación comprometedora, pretendía que se llegara hasta el fondo de las afirmaciones de Luis Bárcenas. Declaró Martínez el jueves ante el juez que al escuchar a Rajoy reconocer que se había equivocado por confiar en el extesorero y que éste se había aprovechado del PP entendió que ese era el único fin del presidente del Gobierno y del Partido Popular. 

“El contacto cecilio”

Una tercera sombra planeó sobre el caso una vez se conocieron el contenido de los mensajes de Martínez: la participación del CNI en el espionaje. El propio Martínez le pide al ministro el “contacto cecilio” en un mensaje y escribe años más tarde en una nota que hubo implicados otros “servicios”. Martínez mantuvo siempre una buena relación con la responsable de los servicios secretos entonces, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y después no ha manifestado hacia ella la decepción que siente con otros miembros del Gobierno. 

En su declaración ante el juez, Francisco Martínez lanzó balones fuera sobre el CNI y llegó a señalar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la responsable de unos seguimientos detectados en moto a la mujer de Bárcenas, paralelos a los que hacían los policías de la Operación Kitchen. “Es rotundamente falso”, responde a elDiario.es uno de los responsables de la UCO en esa época.