El Gobierno analiza qué medidas sociales tendrá que ampliar vía decreto cuando acabe el estado de alarma

El Gobierno entra ya en una nueva fase. Pedro Sánchez está convencido de que no es necesario prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, a pesar de la presión de comunidades autónomas y aliados parlamentarios que lo consideran fundamental para mantener las restricciones con las que hacer frente a la recta final de la pandemia. En Moncloa sostienen que los datos epidemiológicos van a mejorar y que el proceso de vacunación abre una nueva etapa en la lucha contra la pandemia. Salir de la excepcionalidad es, para los socialistas, un elemento clave, además, para la recuperación económica. En lo que trabaja el Gobierno es en un decreto para ampliar las medidas sociales que tienen su fecha de caducidad vinculada al fin del estado de alarma.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es la que se encarga de la coordinación de la coalición, ha pedido a los ministerios que analicen qué medidas es necesario prorrogar pasado el 9 de mayo. Según fuentes gubernamentales, la intención es aprobar un Decreto ley que las aglutine para mantenerlas una vez acabe el estado de alarma y España salga de la excepcionalidad. “Cada Ministerio tiene que determinar las suyas”, señalan desde el departamento de Calvo.

En los últimos seis meses se han aprobado medidas cuya vigencia está vinculada al estado de alarma. Una de las que el Gobierno pretende prolongar es la autorización a los sanitarios jubilados para que pudieran ejercer durante la pandemia compatibilizando la actividad con la pensión que perciben, una medida que han puesto en marcha varias comunidades autónomas especialmente durante el proceso de vacunación. La idea ahora es prolongarlo más allá del 9 de mayo.

Sánchez ya se comprometió en el Congreso a ampliar tres meses más las medidas del escudo social que se pactaron en el seno de la coalición en diciembre. En aquel momento se decidió que duraran lo mismo que el estado de alarma. “El Gobierno ampliará tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos-leyes en materia de desahucios y contratos de alquiler de vivienda”, anunció el presidente en su última comparecencia. Sánchez se refirió concretamente a la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador es un gran tenedor o entidad pública; a las prórrogas de seis meses de los alquileres en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor; y la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. También incluye la prohibición en los cortes de suministros eléctricos.

Con la ampliación de tres meses anunciada por Sánchez, esas medidas caducarían el 9 de agosto. Unidas Podemos, que apostaba por que se alargaran hasta final de años, considera que al menos debería vencer a final de mes, es decir, el 31 de agosto. “Estamos trabajando”, señalan desde la vicepresidencia primera en referencia a la elaboración de un decreto ley que sirva de paraguas para esas medidas extraordinarias.

No obstante, ese plan en el que están trabajando confirma que en Moncloa no tienen la intención de aprobar una nueva prórroga del estado de alarma para alargar las restricciones como el toque de queda, las limitaciones en las reuniones sociales o los cierres perimetrales, tal y como reclaman al Gobierno sus aliados parlamentarios, que se han abierto a aprobar el 'plan B' jurídico del PP. En el Gobierno sostienen que las comunidades tienen herramientas para mantener las restricciones necesarias -a excepción de aquellas que influyan en derechos fundamentales como la movilidad, es decir, el toque de queda-. De hecho, sostienen que es el modelo más garantista puesto que requerirá de ratificación judicial.