El Gobierno pleitea con la Rey Juan Carlos por los títulos de Derecho para italianos
La validez de la convalidación de los estudios de Derecho y títulos otorgados por la Universidad Rey Juan Carlos a centenares de ciudadanos italianos se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). A la investigación abierta en un juzgado de Madrid se suma un pleito entre el Gobierno y la Universidad, fruto del recurso que la universidad pública puso contra una decisión del Ministerio de Educación del anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy para anular dichas convalidaciones.
Según reveló este jueves el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se sigue un proceso ordinario para resolver el pleito. La Rey Juan Carlos acudió a los tribunales porque entiende que la convalidación parcial de estudios a extranjeros es una “vía de acceso” que tienen todas las Universidad y que el aplicado por la Universidad pública madrileña es “correcto”, explican fuentes de la URJC.
El recurso de la Rey Juan Carlos se registró este mismo año cuando las universidades dependían del Ministerio de Educación con el anterior Gobierno. Ahora es el Ministerio de Ciencia el que representa a la Administración en el contencioso, según se han limitado a confirmar fuentes de ese departamento.
Este proceso corre paralelo a la investigación penal que sigue el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid. Allí, en una investigación incipiente sin aún imputados, se investigan hechos que podrían ser constitutivos de malversación y falsificación documental, fruto de una denuncia de la Policía. La Brigada de Extranjería de Madrid lo detectó hace alrededor de nueve meses cuando un ciudadano marroquí solicitó un número inusual de documentos de identidad para italianos.
Se trataba de estudiantes de Derecho que se desplazaban a Madrid, a veces en viajes relámpago en los que aprovechaban para asistir al fútbol. La Policía ha recabado indicios de que en esos desplazamientos gestionaban una convalidación de sus cursos en Italia y realizaban el examen necesario previo a la inscripción en el Colegio de Abogados.
La maniobra permitía a los licenciados poder ejercer en España, su país de origen y otro cualquiera de la Unión Europea. En Italia, un cupo en el número de abogados ejercientes obstaculiza el acceso a la carrera y los investigados además se ahorraban el máster requerido para ello. El ICAM aseguró este martes que la colegiación en Madrid de los ciudadanos italianos, a pesar de no contar con el máster de acceso a la abogacía, era “posible” al amparo de la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador.
El Colegio de Abogados de Madrid añade que procedió a la colegiación de los abogados italiano de la Rey Juan Carlos “en la seguridad o confianza” de que los titulos de Derecho expedidos “eran válidos”, pero al ser conocer las posibles irregularidades procedió a incoar expedientes de revisión de oficio de las colegiaciones de los italianos. Cuando supo del recurso contencioso-administrativo, el ICAM suspendió los expedientes a la espera de sentencia firme.
La URJC asegura que colabora desde mayo de este año con la Policía en la investigación penal del posible fraude. Ante los agentes ha declarado el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Pablo Acosta, según fuentes policiales. Fue el catedrático que sucedió a Enrique Álvarez Conde una vez estalló el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. Álvarez Conde es a día de hoy el principal imputado por los máster de Cifuentes y Pablo Casado. Fuentes policiales vinculan indiciariamente a Álvarez Conde con el posible fraude en los títulos de Derecho de los ciudadanos italianos.
