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La Fiscalía defiende que el 'procés' se juzgue en el Supremo: "Fue un atentado grave al interés general de España”

Los líderes soberanistas piden al Supremo que aclare si aplicará al juicio del 'procés' unas reglas "de excepción" y reclaman ser juzgados en Catalunya 

Las tres acusaciones instan al tribunal a rechazar las tesis de las defensas e insisten en que la competencia sobre esta causa no la tiene el TSJ catalán 

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El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista por las cuestiones previas del caso del "procés" que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista por las cuestiones previas del caso del "procés" que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

Las tres acusaciones que estarán presentes en el juicio al procés han defendido que la vista oral contra los 18 líderes soberanistas se lleve a cabo en el Tribunal Supremo. El fiscal de Sala Jaime Moreno ha argumentado que los hechos por los que estos dirigentes se enfrentan a decenas de años de cárcel constituyeron un "atentado grave al interés general de España". En el prólogo de este juicio, las defensas de los acusados han coincidido en reclamar que sus clientes sean juzgados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya y no en el Alto Tribunal con el argumento común de que la instrucción ha evidenciado que los hechos que se les imputan se planearon y ejecutaron en esa comunidad autónoma. Y de ahí que sea el tribunal autonómico el competente para enjuiciarlos. Las sesiones ordinarias no empezarán hasta 2019.   

En sentido contrario se han pronunciado las tres acusaciones, que han mantenido que la competencia es del Alto Tribunal. Entre otros argumentos, el fiscal de Sala Jaime Moreno ha sostenido que la derogación de la Constitución que "hizo o intentó hacer" la llamada ley de transitoriedad, así como la declaración unilateral de independencia tuvieron un resultado que "afectó a todo el territorio". Y que, en consecuencia, el tribunal competente para enjuiciar estos hechos es el Supremo. Moreno ha enmarcado estos dos hechos en los "fines" del delito de rebelión que observa la Fiscalía en el proceso unilateral hacia la independencia iniciado en 2012 y que se aceleró con la convocatoria del 1-O.  

Por su parte, la abogada del Estado Lucía Pedreño, ha dicho que es "evidente" que "la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación" y que los actos por los que van a ser juzgados los 18 líderes soberanistas afectaron "a todo el país". Además, ha considerado que las defensas "no han sido capaces" de demostrar que no existen los hechos sucedidos en el exterior y que también son objeto de la causa, como el impulso del voto para el 1-O en el exterior o la intervención de un 'lobby' estadounidense. A su juicio, la mera existencia de estos hechos, que deben analizarse "en su conjunto", ya es "suficiente" para justificar que el procés sea juzgado en el Supremo. La representante del órgano que defiende los intereses del Estado en la causa no ha hablado en ningún momento de los delitos concretos a los que se enfrentan los acusados y ha señalado que "si se ajustan [a lo que piden las acusaciones] es algo que se tendrá que ver durante el juicio".  

El representante de la acusación popular que ejerce Vox, en una intervención muy técnica, ha insistido en la misma idea de que el Alto Tribunal es competente para enjuiciar esta causa y ha rechazado que la causa sea remitida a Catalunya.  

Reglas "de excepción"

El juicio al procés se ha iniciado este martes en el Tribunal Supremo con las llamadas cuestiones previas, un trámite en el que las defensas de los 18 líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya están reclamando ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya y no en el Alto Tribunal. Todos están expresando un argumento común: el de que la instrucción ha evidenciado que los hechos que se les imputan se planearon y ejecutaron en Catalunya. Y de ahí que sea el tribunal autonómico el competente para enjuiciarlos. 

A esta sesión no tenían la obligación de acudir los dirigentes soberanistas encausados, que están siendo representados por sus abogados. Sí están presentes las acusaciones: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido político de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa. 

Andreu Van den Eynde, el letrado que defiende al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva, ha instado a la Sala a aclarar "qué reglas se van a aplicar a este proceso: si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción". "Tengo menos experiencia que los fiscales pero nunca he estado tan seguro de una causa como de esta. Son políticos haciendo política", ha señalado. Por otra parte, lamentado que si la causa se juzga finalmente en el Alto Tribunal se estará vulnerando el derecho de los encausados a la "doble instancia penal". 

Por su parte, Jordi Pina, el abogado de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, ha asegurado que tiene "poca confianza" en que se acepten sus argumentos y la causa se traslade a Catalunya. "Tengo la sensación de que ya se ha tomado una decisión", ha señalado. De hecho, ha anunciado que en caso de que el enjuiciamiento se mantenga en el Tribunal Supremo pedirá que sus representados puedan expresarse en catalán. 

Olga Arderiu, la abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha afirmado que "ninguno" de los elementos por los que se atribuye a sus defendidas rebelión o la desobediencia son competencia de esta Sala del Tribunal Supremo. "Si se hubiera declarado la independencia se habría hecho en el Parlamento, por lo tanto la competencia seguiría siendo de Catalunya", ha asegurado. 

La letrada que representa al presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, Marina Roig, ha hecho una de las intervenciones más políticas. Ha asegurado que a los miembros de la Sala les "molesta" que otros tribunales europeos se posicionen "sobre lo que está ocurriendo en Catalunya" y ha afeado al Supremo haber "estirado" y "encogido" la competencia "a criterio del instructor con criterios no jurídicos". "Se está judicializando un problema político", ha sentenciado. 

Decenas de años de cárcel 

La mayoría de los líderes independentistas encausados se enfrentan a decenas de años de prisión. La Fiscalía  pide 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers; mientras que la Abogacía del Estado,  e l órgano que defiende los intereses de la Administración en el proceso, las rebaja a 12 años de cárcel para Junqueras, once y medio para los cinco exconsellers que siguen en prisión, diez para Forcadell y ocho para el expresidentes de la ANC y el líder de Òmnium Cultural. 

Aunque los hechos son los mismos –un proceso unilateral hacia la independencia iniciado en 2012 y que se aceleró con la convocatoria del 1-O–, según la Fiscalía estuvo marcado por una violencia clara a través de un "levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" que justifica la acusación por rebelión. Para la Abogacía del Estado, que rebaja la calificación a sedición, el plan consistía en un "enfrentamiento" desde el Govern y el Parlament "contra la legalidad constitucional y estatutaria" que contó con el respaldo de organizaciones sociales con el objetivo de "presionar al Estado". 

El inicio del juicio, cuyas sesiones ordinarias comenzarán en enero, coincide con un momento de cierta tensión en Catalunya por los  últimos vaivenes del president de la Generalitat, Quim Torra , incluida la invocación de la vía eslovena o la desautorización a los Mossos; su posible reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la actuación de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), que han llamado a dar la "batalla" ante la celebración este viernes del Consejo de Ministras en la capital catalana. Hasta 9.000 efectivos policiales se movilizarán ese día para evitar que se produzcan incidentes.

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