El PDeCAT intenta resucitar de la irrelevancia poniendo en valor su papel en la convalidación de la reforma laboral

El PDeCAT, considerado como el sucesor de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), que hasta 2015 formó parte de la desaparecida CiU, es un partido residual en Catalunya. En las últimas elecciones autonómicas no logró representación en el Parlament tras desligarse de la coalición Junts per Catalunya que entre 2017 y 2020 integró a la derecha nacionalista catalana. Fuera también del Senado y el Parlamento Europeo, tan solo le quedan cuatro representantes en el Congreso de los Diputados. Están integrados en el Grupo Plural, desde donde trata de marcar perfil propio frente sus excompañeros de alianza, otros cuatro diputados de Junts, el partido del expresident Carles Puigdemont alineado con las tesis más rupturistas e independentistas.

En ese escenario, el PDeCAT, una formación estrechamente vinculada al empresariado y la burguesía catalana, intenta ahora resucitar de la irrelevancia política en Catalunya tratando de convertirse en un nuevo socio del Gobierno de coalición. El partido encabezado en el Congreso por Ferrán Bel busca proyección estatal aprovechando la estrategia de la “geometría variable” reivindicada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que consiste en buscar acuerdos con formaciones que no son sus aliados parlamentarios habituales –ERC, PNV, EH Bildu, Compromís o Más País, entre otros– en función de sus necesidades para sacar adelante iniciativas en la Cámara Baja.

El ejemplo más reciente de la utilización de esa “geometría variable”, muy cuestionada por parte de Unidas Podemos, el partido minoritario en el Gobierno, se dio en la aprobación de la reforma laboral, el pasado 3 de febrero. Ante el rechazo de los socios habituales a refrendar el texto pactado entre el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios, Moncloa logró el apoyo de otras formaciones como Ciudadanos, el PDeCAT o UPN, aunque finalmente los dos parlamentarios de este último partido navarro desoyeron las directrices de la dirección de su partido y votaron 'no'.

El nuevo marco laboral, el primero que recupera derechos de los trabajadores, salió finalmente adelante gracias a que un diputado del PP, Alberto Casero, se equivocó en el voto telemático y votó a favor, lo que ha generado un embrollo político sin precedentes, con la amenaza de PP y Vox de llevar el asunto ante los tribunales y con duras acusaciones de “pucherazo” contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no permitirle corregir ese error, tal y como marca el reglamento. Pero también fueron decisivos los votos del partido de Inés Arrimadas y los del PDeCAT, sin cuyos apoyos la norma no habría visto luz verde.

Contra la “irresponsabilidad” de ERC y PNV

La formación nacionalista catalana trata de poner en valor ese apoyo a una de las leyes más importantes de la legislatura para intentar recuperar la importancia perdida en el tablero político. En esa estrategia, el pasado martes Ferrán Bel fue uno de los dos únicos portavoces –el otro fue Jaume Asens, de Unidas Podemos– que convocó a la prensa en el Congreso, que esta semana redujo al mínimo su actividad ante las elecciones de Castilla y León del domingo.

En su comparecencia, el portavoz del PDeCAT criticó la “irresponsabilidad y tacticismo” de las formaciones políticas que, como ERC o el PNV aunque votaron en contra de la reforma laboral contactaron “con inquietud” con su partido para saber si sus cuatro diputados aprobarían la nueva norma. Bel recordó, así, que cuando el pasado día 3 la presidenta del Congreso anunció por error la derogación del Real Decreto-Ley, “excepto PP y Vox, el resto de las formaciones políticas que votaron que no estaban tan perplejas” como las que votaron que sí y lo atribuyó a que “todo el mundo era consciente de lo que suponía dejar caer la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos”.

En línea con el Gobierno, Bel calificó de “impropio de un partido que pretende gobernar” el comportamiento del PP con sus ataques a Batet a raíz del error de su diputado y señaló que lo único que busca la formación de Pablo Casado es “derrotar al Gobierno a cualquier precio, aunque éste sea hundir la reforma laboral o paralizar la llegada de fondos europeos”. “Cuando uno vota, no puede rectificar, sea telemática o presencialmente”, les dijo el portavoz del PDeCAT a los populares para dejar claro que ése es el criterio que con carácter general rige en el Congreso.

El principal mensaje que quiso trasladar Bel fue sin embargo al Gobierno, mostrando la disposición de su grupo a sostener a Sánchez para tratar de diferenciarse de otras formaciones nacionalistas catalanas. El portavoz del PDeCAT quiere que a partir de ahora el Ejecutivo sea “más receptivo” con las reflexiones que le planteen otros partidos diferentes a los que conforman el llamado bloque de la investidura. Y apuntó que seguramente “podría” repetirse ese bloque alternativo que se inauguró con la votación de la reforma laboral en futuras leyes. En el caso concreto de su partido, Bel quiso dejar claro que siempre actuará en función del contenido de cada iniciativa y no de con quién se aprueba.

Posible apoyo del Gobierno para la ley de memoria

El PDeCAT está dispuesto a “colaborar” en el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que está “un tanto encallado” por las discrepancias tanto en el seno del Gobierno como con partidos como ERC, y en la que Bel ve “más difícil” el entendimiento con otras formaciones que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. Bel, de hecho, reveló que está hablando con el Gobierno “desde hace meses” sobre esa nueva normativa, incluso desde antes de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de ley.

Esa proyección estatal contrasta con la situación que vive el partido en Catalunya. En las elecciones de hace justo un año, la candidatura del PDeCAT liderada por Àngels Chacón se quedó a menos de 10.000 votos de entrar al Parlament, pero el resultado fue un fracaso para una formación que necesitaba presencia parlamentaria para sobrevivir. Lo que mantuvo bajo su órbita fue, además de sus cuatro diputados en Madrid, varios alcaldes de ciudades medianas que mantenían fidelidad al proyecto, como el primer edil de Reus, Carles Pellicer, el de Igualada, Marc Castells, o el de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona. Otros alcaldes conservan la marca pero se han acercado a Junts en los últimos tiempos.

El momento de la verdad llega ahora, cuando Junts ha lanzado un reglamento de primarias que es una verdadera OPA a los alcaldes, concejales y grupos municipales del PDeCAT, pues les permite ser candidatos de la formación de Carles Puigdemont sin ni siquiera ser militantes del partido. De esta forma y con el paulatino giro hacia la derecha de los últimos meses, Junts espera asestar el golpe definitivo al partido que considera una escisión fracasada.

Mientras, en el PDeCAT se han lazando en los últimos meses a una aventura que trata de desfragmentar el espacio de la antigua Convergència, un catalanismo de centro derecha que podía aglutinar a independentistas y no independentistas. Con estas señas de identidad, Àngels Chacón presentó en enero la marca Centrem, donde se integrarán el propio PDeCAT y otros grupúsculos como Convergents, la Lliga o Lliures. La nueva formación, que se presenta a sí mismo como “el primer partido post-procés” está dirigido por la propia Chacón después de que abandonara, para ello, las riendas del PDeCAT, y tiene previsto presentarse a las próximas municipales en diversas ciudades, incluyendo Barcelona.