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Puigdemont, Comín y Ponsatí defienden su inmunidad ante la Eurocámara y rechazan el suplicatorio pedido por el Supremo

El abogado Gonzalo Boye y el eurodiputado Carles Puigdemont, este 14 de enero, antes de entrar en la comisión de Asuntos Jurídicos que trata su suplicatorio.

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han defendido este jueves su inmunidad ante la Eurocámara y han rechazado el suplicatorio pedido por el Supremo, entre otros argumentos porque la justicia belga consideró que no era el tribunal competente en su rechazo a la euroorden del ex conseller Lluís Puig. Los tres han entrado juntos para comparecer este jueves por la tarde ante la comisión de Asuntos Jurídicos, que ha entrado de lleno en el caso catalán: primero Puigdemont y luego Comín, los dos en francés, y Ponsatí, quien ha intervenido en inglés. Después de cada intervención, ha habido un intercambio de preguntas y respuestas con los miembros de la comisión. Todo esto ha sido in camera, como se dice en el Parlamento Europeo. Es decir, a puerta cerrada. A partir de ahora, el futuro del suplicatorio para levantar la inmunidad queda en manos de la Eurocámara.

Las comparecencias se han alargado por las numerosas preguntas de los eurodiputados y las respuestas sin límite de tiempo, y han concluido este jueves cerca de las 20.00. Así, ha quedado pendiente para este viernes por la mañana un debate posterior entre los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos sin los tres eurodiputados, informan fuentes parlamentarias. Y el vicepresidente de los populares en la Eurocámara, Esteban González Pons, quien ha pronosticado un respaldo mayoritario al levantamiento de la inmunidad, ha reconocido que se ha tratado en la sala el rechazo de la justicia belga a la extradición del ex conseller Lluís Puig por considerar que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlo. Unas declaraciones respondidas por Puigdemont: "¿Algún comentario sobre esta quiebra de las normas de confidencialidad, presidente Adrián Vázquez?"

Los tres diputados eurodiputados han expresado una queja formal contra González Pons por "violar la confidencialidad del procedimiento" del suplicatorio ante el secretariado de la Comisión de Asuntos Jurídicos por sus declaraciones públicas. Dentro de su estrategia, puede ser munición para un hipotético recurso ulterior ante el TJUE. En días previos, los líderes independentistas también expresado al secretariado de la comisión JURI una queja por "imparcialidad" del presidente, Adrián Vázquez.

Una queja que también ha expresado la copresidenta de La Izquierda (GUE/NGL) en la Eurocámara, Manon Aubry, "la violación de las normas de confidencialidad por parte de un miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos". Y ha añadido: "Se deben respetar los derechos de los eurodiputados catalanes".

La declaración de los tres eurodiputados, que han argumentado ser víctimas de una persecución política, se ha producido justo siete días después de que la Sala de Apelaciones belga rechazara la euroorden de Puig. "La sentencia es una sentencia del Poder Judicial de un Estado miembro, de Bélgica, y ahora mismo estamos hablando de un proceso legislativo del Parlamento Europeo", ha dicho el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew Europe) este jueves por la mañana: "Son dos cosas absolutamente diferenciadas que nada tienen que ver la una con la otra. El Comité de Asuntos Jurídicos no es un tribunal. Yo no soy un juez. Los miembros del Comité no son ni abogados, defensores ni fiscales en el procedimiento. No nos metemos en el fondo del asunto. No valoramos si son culpables o si son inocentes. Lo único que nosotros hacemos es valorar si esta petición a cargo de un Estado miembro se basa en un voto o una opinión emitida por los eurodiputados en sede parlamentaria, o si hay un interés de persecución política debido a su labor como europarlamentarios. Ni más ni menos. No es nuestra labor ni es mi labor juzgar ni emitir opiniones sobre sentencias judiciales. No nos basamos en sentencias judiciales de Estados miembros porque no es nuestro papel y al igual que nosotros no afectamos en lo que ellos dicen, lo que ello dicen no afecta al proceso parlamentario que está ahora desarrollándose. Son cosas absolutamente distintas".

"Yo sí que respeto la norma de confidencialidad de una comisión que preside una persona que no se si las respeta exactamente igual", ha dicho Puigdemont al llegar, en alusión a Vázquez: "Es una sesión a puerta cerrada y mi deber es guardar silencio. Estoy tranquilo. Vamos a luchar, igual que cuando dijeron que no íbamos a ser eurodiputados y se equivocaron".

Uno de los elementos de la defensa es, precisamente, el rechazo belga a la extradición de Puig por el Supremo por considerar que no es el tribunal competente, el mismo tribunal que ha pedido el suplicatorio al Parlamento Europeo para juzgar a los líderes independentistas.

En este sentido, Vázquez ha reconocido que la Comisión de Asuntos Jurídicos pidió "a la presidencia de este Parlamento la confirmación de cuál era el órgano competente para pedir el suplicatorio, no para juzgarles, que es lo que está alegando de la sentencia belga. Eso se hizo en diciembre, y el presidente Sassoli me respondió el 21 de diciembre confirmando, con el apoyo de los servicios legales de esta cámara, que estaba todo en regla".

Fuentes próximas a los eurodiputados tercian: "Una cosa es la autoridad competente para transmitir el suplicatorio, que es lo que consultaron con el presidente Sassoli, y otra es la autoridad competente para solicitar el levantamiento de la inmunidad. Quien solicita el levantamiento de la inmunidad es el Tribunal Supremo, concretamente el juez Llarena. Quien transmite la solicitud, hasta ahora, había sido el Ministerio de Justicia, y esta vez lo ha hecho el presidente del Tribunal Supremo".

Y la sentencia de la Sala de Apelaciones belga concluye: "Dado que, por un lado, se establece que Lluis Puig i Gordi no era diputado de ningún parlamento (estatal) por lo que, en principio, debería ser juzgado por un tribunal catalán y, por otro lado, sobre la base de la información obtenida por el Ministerio Público, se establece que el Tribunal Supremo español (nacional) se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados a cada uno de ellos sin que exista una base legal explícita para ampliar esta competencia, se constata que en este sentido hay motivos fundados para creer que la ejecución de la orden de detención europea perjudicaría los derechos fundamentales del implicado".

"Respecto a los tiempos", ha dicho el presidente de la comisión "hoy en día es complicadísimo fijarlos por la tercera ola del coronavirus. Todavía queda bastante proceso y ahora falta que, tras la audiencia de hoy, venga ese informe que también tendrá que ser traducido a las lenguas oficiales de la Unión y luego se tendrá que volver a debatir en el Comité. Siendo muy prudente y sin que sea algo definitivo, creo que para primavera el proceso debería estar finalizado".

Otro asunto que los abogados de Puigdemont, Comín y Ponsatí alegan es que en los tres expedientes el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el ultraconservador búlgaro Angel Djambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, el grupo de Vox). "Es un sistema rotatorio y me tengo que ajustar a las normas", ha dicho Vázquez. Djambazki ha llegado tan tarde este jueves a la sesión, que ha entrado en la sala cuando Puigdemont ya llevaba consumida la mitad de su exposición inicial.

Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber uno "para cada expediente de inmunidad", así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox –pero también con los flamencos nacionalistas de la N-VA, aliados políticos de los independentistas en Bélgica–.

"La decisión del ponente se tomó en febrero y, básicamente, al ser los tres informes sobre prácticamente la misma situación, se decidió concentrarlos en el mismo para no generar un agravio comparativo entre diputados. Es una cosa que nosotros vemos natural y que en su día ningún grupo se opuso. Eso es algo que le compete a la comisión y al ponente decidir", afirma Vázquez, quien añade: "Entiendo que los tres diputados querrán influir en el resultado de las deliberaciones. Así lo están haciendo a través de su abogado, enviando correos que yo no sé exactamente qué finalidad tienen, porque son cosas que nosotros no podemos analizar, ni debatir, ni explicar. Nosotros realmente no podemos entrar en eso. No podemos entrar en el fondo ni en la forma del asunto. Soy una persona que siempre ha respetado la ley y creo que la ley es fundamental y que la norma se tiene que respetar. Punto por punto. Y ese es mi único cometido aquí. E intentaré, por supuesto, que dentro del comité, que es donde yo tengo cierta autoridad, pues aquello no se convierta en un circo. Nada más".

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de fumus persecutionis, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".

Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí será argumentar que hay "persecución política" y que, como consecuencia, se quieren impedir que ejerzan de eurodiputados. También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo "no es un órgano competente" en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto. "Hay tribunales europeos que ya han dicho que la sedición no existe, que los hechos no son constitutivos de delito, como Alemania", apuntan desde el equipo jurídico, que avisa de que, en función de cómo se desarrolle todo el procedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Publicado el
14 de enero de 2021 - 20:02 h

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