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Sumar registra una ley para frenar las actividades de las empresas españolas en territorios palestinos ocupados

La diputada de Sumar y Más Madrid, Tesh Sidi, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

Alberto Ortiz

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Sumar quiere restringir las actividades de empresas españolas en las zonas palestinas ocupadas por Israel. Y para eso ha registrado este miércoles una ley en el Congreso de los Diputados que tipifica como delito de contrabando cualquier relación comercial en asentamientos ilegales en territorios ocupados, según el texto al que ha tenido acceso elDiario.es. La iniciativa ha sido impulsada por Más Madrid a través de su diputada Tesh Sidi.

El texto se refiere en general a todas las actividades de cualquier empresas española en territorios ocupados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero busca que su contenido tenga efecto en concreto en Palestina y en el Sáhara Occidental, debido, según fuentes de la formación madrileña, “a que estas actividades perpetúan la ocupación y el genocidio, beneficiando a Israel y Marruecos”. 

“Presentamos como Más Madrid y Sumar este proyecto de ley que llena de contenido el reconocimiento del Estado de Palestina. Las resoluciones de la ONU y el derecho internacional dicen que los territorios militarmente ocupados no se deben reconocer como tal y que cualquier inversión en estos territorios es ilegal”, ha afirmado Sidi en declaraciones a los medios al presentar la iniciativa. 

En concreto, el texto que han registrado modifica la ley de represión del contrabando para incluir ahí todas aquellas actividades relacionadas con la inversión, la exportación, la introducción o la expedición o cualquier otra operación comercial “de productos elaborados y recursos obtenidos de asentamientos ilegales en territorios ocupados”.

Además, incluyen una pena de prisión de cinco a diez años “y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos” bajo esa nueva tipificación del delito de contrabando.

“Esta propuesta busca frenar las relaciones comerciales en territorios reconocidos por la ONU como ocupados, incluyendo Palestina y el Sahara Occidental, debido a que estas actividades perpetúan la ocupación y el genocidio, beneficiando a Israel y Marruecos”, sostienen fuentes de Más Madrid, que nombran en concreto a la empresa vasca de ferrocarriles CAF, que opera en Palestina, o Siemens Gamesa, que lo hace en el Sáhara Occidental.

La ley también introduce una modificación en la ley de contratos públicos para impedir que se otorguen licencias a empresas incluidas “en alguna de las resoluciones o listas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas de empresas involucradas, directa o indirectamente, en actividades comerciales, económicas o financieras en asentamientos ilegales en territorios ocupados”. Todas estas sociedades tampoco podrán recibir subvenciones públicas. 

“No queremos que las empresas que participen de las vulneraciones del derecho internacional, sean del país que sean, se lucren con nuestro dinero público. Y esta ley establece restricciones para que estas empresas no puedan participar en concursos públicos, recibir subvenciones o suscribir acuerdos de colaboración o convenios con nuestras administraciones públicas”, sostienen las mismas fuentes.

La iniciativa va en línea con la carta que envió hace un mes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas en Israel para advertirles sobre el riesgo de estar contribuyendo al genocidio en Palestina. El objetivo de aquella iniciativa partía de la necesidad, explicaban en el departamento, de evitar el riesgo de que las actividades económicas de las empresas españolas en la zona puedan contribuir a las vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.

Podemos quiere que las decisiones sobre gasto militar pasen por el Congreso

Podemos también ha registrado esta semana una ley para que el Congreso tenga voz y voto sobre dos aspectos relacionados con la política exterior y de defensa. Por un lado, la compraventa y las decisiones sobre el tránsito de armas que pasen por España y por otro cualquier aumento del gasto militar que afecte a los presupuestos. 

La ley que registró el partido este martes plantea que todas las autorizaciones de compra, venta y tránsito de armamento tengan que pasar por el Congreso de los Diputados y no solo por el Consejo de Ministros como ocurre hasta ahora. La ley que ha redactado el partido plantea varias modificaciones del articulado sobre la ley presupuestaria para limitar el gasto en armamento y que cualquier incremento del presupuesto militar tenga también que pasar por el Congreso.

 “La ley incluye también la limitación del gasto en armamento, que en este momento no para de subir y es un problema democrático muy serio: cada vez que gastamos un euro en tanques, en armas, significa un euro menos para la sanidad o educación”, afirmó Belarra en unas declaraciones a la prensa tras un acto de campaña en Bilbao. “Estoy convencida de que los y las españolas no quieren que se puedan mandar armas a Israel para que se siga cometiendo un genocidio. Esto es algo insoportable, lo mínimo es asegurar la legitimidad democrática de estas decisiones”, defendió la secretaria general del partido.

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