Rajoy se expone a una campaña entre juicios de Gürtel y tarjetas 'black' si hay terceras elecciones

El pacto de investidura que el Partido Popular y su presidente y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, selló con Ciudadanos partió de la idea –asumida por la mayoría de la opinión publicada y que se adereza periódicamente con encuestas– de que son el resto de partidos y no el PP quienes más tienen que perder en unas hipotéticas terceras elecciones.

La amenaza la ha esgrimido en las últimas semanas toda la plana mayor del partido en su afán por presionar al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Sirve para advertir a los socialistas de que los harán responsables si finalmente se celebra una tercera cita con las urnas en 12 meses, hecho inédito en la política española y europea. 

Los altavoces del PP han alimentado todas estas semanas la idea de que otros comicios en diciembre harían crecer la abstención en la izquierda, mientras los conservadores seguirían comiendo terreno al partido de su actual socio Albert Rivera, acrecentando la tendencia iniciada el 26 de junio.

La estrategia popular abona la tesis de que todo es culpa del PSOE por no abstenerse y facilitar la investidura de Rajoy. Lo expresó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, en su discurso final de la investidura fallida: “Quien ha fracasado ha sido Sánchez”. Hernando anticipó además que tanto el líder socialista como el portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, deberían irse. 

Ese era también el contexto cuando el presidente en funciones decidió hace un par de semanas jugar con las fechas para que los eventuales comicios cayesen justamente el 25 de diciembre, día de Navidad. Para que todo cuadrase, Rajoy se tomó siete días (viaje de fin de semana a Sanxenxo, incluido) para recibir el permiso de su partido y que se le dejase emprender la negociación con Ciudadanos. 

Que el calendario no es casual se demostró horas después de que la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, comunicase (como una idea suya) la fecha del debate de investidura que determina todo el proceso electoral. El líder del PP catalán, Xavier García-Albiol escribió un tuit en el que retaba a Sánchez: “A ver si tiene narices de enviar a 36 millones de españoles a repetir elecciones el día de Navidad”. Se ponía así al descubierto la estratagema del partido. 

Esa misma mañana del viernes 19 de agosto, tras reunirse con Rajoy, el propio Rivera deslizó que el día de la investidura lo había propuesto el presidente del Gobierno a Ana Pastor.

Los socialistas han respondido al órdago manteniendo su 'no' rotundo a Rajoy en el Congreso hasta el final y de paso han trazado un plan para tratar de acortar la campaña electoral y evitar que el país tenga que votar en Navidad a través de cambios legales que en principio cuentan con la simpatía de Podemos, Ciudadanos y sorprendentemente también, del Partido Popular.

Dos meses y una semana después de los comicios del 26 de junio, el PP ha fracasado en el intento de mantener en La Moncloa a Rajoy, que se ha convertido en el primer presidente de la historia en perder la votación de una investidura.

Ciudadanos evidenció el pasado miércoles que ni el presidente ni el PP le parecen de fíar. Lo repitió Rivera cuatro veces. El viernes llegó a aventurar que debía presentar otro candidato, después de prestar sus 32 votos a Rajoy. Su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, anticipó el miedo a otros comicios con una elocuente frase dirigida a los conservadores cuando pretendía lanzar un ultimátum a los populares en medio de las conversaciones hace semanas: “Queremos votar sí a Rajoy, dennos los motivos”.

Coalición Canaria, con un único escaño, es el otro socio que ha logrado el PP. Pero la suma se quedó en 170 diputados, frente a los 180 noes. Si de aquí a finales de octubre, ninguna otra formación cambia de planes, la tercera cita electoral está cantada: el rey disolverá las Cortes el 31 de octubre y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocará elecciones al día siguiente. Ahí daría comienzo otra precampaña que, lejos de ser el camino de rosas que pintan sectores afines al PP, coincidiría con un calendario judicial endemoniado para el partido.

En septiembre, las 'black'

El próximo 23 de septiembre, día en que se cierra la campaña de las vascas y gallegas, arranca en la Audiencia Nacional el  proceso por las tarjetas black, que sentará en el banquillo no solo al elegido del PP para Caja Madrid, Miguel Blesa, sino también a Rodrigo Rato. El eterno exponente del “milagro económico” del PP y compañero de gabinete de Rajoy en el Gobierno de Aznar está acusado de administración desleal y apropiación indebida. El fiscal pide para él cuatro años y medio de cárcel.

A partir del 30 de septiembre, Rato, Blesa y otros 64 representantes de Bankia y Caja Madrid, tendrán que explicar en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional todos esos gastos ocultos al fisco que cargaron a una entidad pública por un importe de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Los interrogatorios está previsto que se alarguen hasta el 7 de octubre en plena precampaña de unas hipotéticas generales. 

Para entonces ya habrá empezado en una sala especial habilitada en San Fernando de Henares (Madrid) el primero de los macroprocesos por Gürtel. La fecha de arranque del juicio está señalada para el 4 de octubre y el extesorero del PP Luis Bárcenas, ya ha empezado a enseñar los dientes. Su última maniobra fue conseguir que pase por la sala toda la cúpula del Partido Popular desde hace 20 años para explicar al juez, al fiscal (y a los medios de comunicación presentes) las cuentas y los tratos con la red corrupta que lideraban Francisco Correa y Pablo Crespo.

Los testimonios de los cerebros de la trama pueden dejar todavía más resquebrajada la imagen del PP. Correa ya explicó en una confesión, adelantada por eldiario.es, que intentó negociar con la Fiscalía Anticorrupción el reconocimiento de que cobraba el 3% de comisiones ilegales a adjudicatarios de obras en nombre de Bárcenas y del partido.

Salvo Rajoy y María Dolores de Cospedal, todos los secretarios generales desde los años 90 tienen cita como testigos. El propio PP está señalado como beneficiario de la trama a título lucrativo: el juez José De la Mata da por hecho que el partido obtuvo 204.198 euros de la trama de Correa en esta primera pieza separada de Gürtel. 

Las imágenes de Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, explicando en el juzgado las cuentas de dos décadas de historia del PP en el juzgado, junto a otros históricos del partido como el propio Rato o el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, coincidirían en los medios de comunicación con la campaña electoral, dado que el juicio Gürtel I está previsto que dure unos tres meses.

Junto al paseíllo de viejas glorias del PP desfilando ante el juez, otro inconveniente para sus intereses electorales es la amenaza de Bárcenas, quien ha amagado con tirar de la manta varias veces, si bien en este primer juicio comparece como un personaje secundario.

Los sumarios Taula y Púnica

Pero los problemas judiciales que deberá afrontar el partido de Rajoy en otoño no acaban ahí: el juez Eloy Velasco tiene sobre su mesa un informe de la Guardia Civil que solicita la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, teórico representante de una nueva hornada de dirigentes del PP.

La UCO lo acusa de contratar con empresas de la trama corrupta trabajos para mejorar su reputación –cuando aspiraba a convertirse en candidato del PP– y de cargar los gastos al erario público desde la Consejería de Educación.

Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es aseguran que la imputación del presidente autonómico está al caer. Sería para los populares el penúltimo disgusto en los tribunales que también deben pronunciarse sobre Valencia, donde un juez ya ha mandado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a la senadora y exalcaldesa, Rita Barberá, por blanqueo en el sumario Taula, que hizo caer a varios de sus concejales. El candidato Rajoy, como hizo con tantos otros compañeros, también puso la mano por ella.