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España encadena tres años seguidos como el país con más infracciones ambientales de la Unión Europea

Cerró 2018 con 32 casos abiertos y una sentencia que obliga al pago de una multa semestral que se alargará hasta 2020

Abarca desde la contaminación del aire a la calidad de aguas, pasando por residuos mineros, caza o daños a los ecosistemas

La dilación de los casos prolonga daños como la explotación del acuíferos de Doñana o la acumulación de residuos mineros del Bages

La depuración de aguas en Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en un problema acuciante

Aguas residuales en Santa Cruz de Tenerife Fotos Aéreas de Canarias

Imbatible. España cerró 2018 como el país con más infracciones ambientales abiertas de la Unión Europea. Es el tercer año consecutivo que ocupa el primer puesto desde que se encaramó de nuevo a la cima en 2015.

Bruselas mantenía abiertos el pasado 31 de diciembre 32 expedientes en diferentes fases. Son dos más que 12 meses antes y el catálogo de infracciones muy variado. Abarca desde la contaminación del aire a la calidad de aguas, pasando por residuos mineros, caza o daños a los ecosistemas.

Bruselas inició cuatro expedientes nuevos a España y aceleró ocho a etapas más avanzadas. De los nuevos, uno se refiere a la contaminación del agua por nitratos provenientes, sobre todo, de las granjas intensivas de ganado porcino y otro a la gestión de los residuos que dejan los coches cuando llega el final de su vida.

EL procedimiento por la falta de planes de inundación en las Islas Canarias arrancó en 2018 y la Comisión Europea ya lo ha llevado a la segunda fase. El último, que hacía referencia a la incorrecta regulación sobre animales destinados a investigación, está abocado a cerrarse, ya que el Gobierno publicó un decreto específico en noviembre.

Tras un primer aviso y un plazo para que España contestase satisfactoriamente, Bruselas decidió continuar con los expedientes sancionadores por el control de la calidad de agua de consumo humano, la falta de evaluaciones de impacto ambiental de algunos proyectos, por no haber diseñado los mapas de ruido y los planes contra esta agresión ambiental, los puntos de acumulación de basura, la contaminación salina de explotaciones mineras de potasio o la caza de pájaros para dedicarlos al canto. También remitió al Tribunal de Justicia Europeo el retraso en algunos planes de cuenca hidrográfica.

También están todavía vivos los casos por exceso de contaminación en Madrid y Barcelona (a la espera de que los planes puestos en marcha como la zona de bajas emisiones Madrid Central revierta el proceso que, de momento, ha contenido). De igual manera, en esos expedientes aún se halla el del desarrollo turístico Origo Mare en Fuerteventura. El resort se saltó los informes ambientales y las obras se realizaron "a pesar de haber sido declarada nula por los tribunales españoles". Les bastó presentar un proyecto modificado. Otro ejemplo es la queja formal contra España por la gestión de la Cuenca del Alto Guadiana. 

"No se trata de algo coyuntural. Es estructural: el medio ambiente todavía no es una prioridad política", opina la presidenta de Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDIMA), Ana Barreira.

En su experiencia "es bastante común que se llegue tarde a la hora de adaptar la normativa europea a la española y eso provoca expedientes, pero también ocurre que se hace una mala transposición y otras veces no se aplica la ley". Esta lentitud, analiza, "es fruto, muchas veces, de la falta de recursos", lo que lleva a la jurista a repetir: "No es una prioridad". Y añade que en ocasiones "es la propia administración la que incumple la normativa otorgando permisos y autorizaciones contrarias a la ley", remata Barreira.

Todos estos casos se emprenden contra el Reino de España pero implican a las diferentes administraciones según cuál ostente las competencias. Las responsabilidades van desde el Gobierno central a las comunidades autónomas o los ayuntamientos (y mancomunidades).

Los expedientes se abren contra el Estado, pero si se confirma una sanción, el Gobierno puede iniciar un procedimiento para "determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea". Es lo que anunció el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al analizar que se estará abonando una multa por mala depuración de aguas hasta 2020: se exigen pagos a las administraciones involucradas.

Perjuicios prolongados

La maquinaria comunitaria es lenta. Y esta dilación alarga los daños por los que se inician los propios expedientes. Por ejemplo, el expediente por la sobrexplotación del acuífero del Parque Nacional de Doñana arrancó en 2014. El segundo paso se dio en 2016 y, aunque el plazo para arreglarlo era de dos meses, aún está pendiente de resolución. En septiembre del año pasado, una delegación del Parlamento Europeo visitó el parque para elaborar un dictamen sobre las riesgos sobre el entorno. Mientras, los informes del Ministerio de Transición Ecológica han determinado el mal estado del acuífero por el sobreuso de agua subterránea para el riego. Este mes el Gobierno ha revelado que la Guardia Civil detectó 562 pozos ilegales y 146 balsas sin licencia en Doñana.

De igual manera, a principios de 2018 la Comisión remitió un dictamen motivado sobre los "serios problemas ambientales" asociados a la extracción de potasio en el Bages catalán. El expediente llegaba cuatro años después de que los tribunales entendieran que la actividad minera de Iberpotash en esa zona era demasiado dañina para el medio ambiente, ya que sus residuos salinos se acumulan en lo que se ha transformado en una montaña.

La empresa seguía operando cuando Bruselas actuó porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le concedió una prórroga de un año. Con el expediente europeo encima de la mesa, la Generalitat amplió todavía más la moratoria otro año más en junio de 2018 por lo que Iberpotash continúa extrayendo hasta junio de 2019.

A pesar de todo y aunque los procedimientos comunitarios son muy lentos, en 2018 llegó una sentencia del Tribunal de Justicia contra España que obliga a abonar 11 millones de euros al semestre por incumplir la normativa de depuración de agua.

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