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El Gobierno defiende que un colegio lleve el nombre de un militar golpista: “Es un recuerdo de su persona”

Salvador Moreno Fernández, ministro de Marina durante la dictadura franquista

Daniel Sánchez Caballero

Llamar a un colegio con el nombre de un exministro franquista y militar que participó en el golpe de Estado de 1936 no supone “ninguna forma de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil ni de la represión de la dictadura” sino “un recuerdo de su persona”, según el Gobierno.

En una respuesta por escrito en el Congreso, el Ejecutivo ha esgrimido este argumento ante la diputada de En Marea Yolanda Díaz para defender que el colegio público Salvador Moreno, en Pontevedra, mantenga el nombre de este almirante de la Armada que estuvo al mando de buques que bombardearon puertos y población civil durante la guerra, según adelantó El Diario de Pontevedra.

El colegio tiene ese nombre por “la contribución que esa persona realizó a la Armada, en general, y a la enseñanza, en particular”, arguye el Gobierno, que niega en la misma respuesta que se esté vulnerando con esta actuación la Ley de Memoria Histórica.

Expone el Gobierno en su respuesta que “el establecimiento de la Escuela Naval Militar en (...) Marín (Pontevedra) fue una decisión que contó con la implicación directa y personal del almirante (...). Su construcción supuso un gran impulso social y económico para la localidad (...) y, parcialmente, para Pontevedra, ya que conllevó la construcción de barriadas para el personal civil y militar de la Escuela en ambas localidades, un hospital para la atención de las familias y el propio centro de educación objeto de la pregunta [el colegio]”.

¿Amparado por la Ley de Memoria Histórica?

El Gobierno no solo niega estar saltándose la Ley de Memoria Histórica con este hecho, sino que dice estar amparado por ella. “Se trata de un recuerdo a su persona, sin exaltación de los enfrentados, amparado en el artículo 15.1 y 2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, añade el Ejecutivo. No está muy claro qué violencia o persecución sufrió el Salvador Moreno durante la guerra, de la que formó parte activamente como sublevado, o la Dictadura, en la que fue ministro.

El artículo 15.1 de la citada ley no parece amparar lo que defiende el Gobierno: “Las administraciones públicas (...) tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Es en realidad en el 15.2 donde se ampara el Ejecutivo: “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados (...)”.

Se da la circunstancia de que Salvador Moreno es el mismo militar al que defendió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una reciente visita a militares en Costa de Marfil, cuando se enteró de que la calle que llevaba el nombre de este excapitán de fragata había sido renombrada a Rosalía de Castro.

“Ahora [fue hace 15 años, en realidad, por iniciativa del Ayuntamiento], no sé por qué, le han quitado al calle al Almirante Salvador Moreno. Pero, en fin, yo le sigo llamando así”, afirmó el presidente.

El Almirante Moreno fue capitán de fragata durante el golpe de Estado y posteriormente ministro de la Marina con Franco en dos etapas diferentes (1939-45 y 1951-57). El 18 de julio de 1936 dirigió la rebelión en Ferrol apoderándose del crucero Almirante Cervera. Participó ese mismo año en el bombardeo de Gijón y uno después en la conocida como desbandá de Málaga, provocando entre 3.000 y 5.000 muertes. Murió en 1966, con 80 años. En 2008, fue uno de los 35 altos cargos del franquismo a los que imputó la Audiencia Nacional en un sumario instruido por el juez Baltasar Garzón por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil.

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