Los exjugadores de la Arandina llegan a un acuerdo y no demandarán a la consejera de Familia tras reconocer esta su respeto a la presunción de inocencia
Los futbolistas Víctor R.R y Raúl C.H, dos de los tres jugadores despedidos de la Arandina tras ser denunciados por agredir sexualmente a una menor, no se querellarán contra la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, tras matizar esta unas declaraciones que hizo sobre el caso.
García se pronunció el pasado mes de julio sobre el fichaje de V.R.R y del tercer procesado, Carlos C., por el equipo soriano Almazán, después de que la Arandina rescindiese sus contratos tras conocerse la denuncia y pasar unos meses en prisión provisional. En concreto, la consejera dijo que resultaba “bastante provocador e inadmisible” que se fichase a dos personas “procesadas por delito de abuso o agresión sexual”. Los contratos finalmente no llegaron a firmarse, por lo que los jugadores consideraban que las palabras de García habían perjudicado su situación laboral.
Tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno regional, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Valladolid acogió esta mañana la celebración del acto de conciliación instado por dos exjugadores. La defensa de la consejera presentó un escrito que convenció al abogado de los jugadores de fútbol y se firmó una “avenencia”, que cierra la posibilidad de seguir adelante con la querella por presuntas injurias y calumnias.
El documento firmado por García indica que “en ningún momento”, ni a título personal, ni en función de su cargo, estuvo en su ánimo “imputar de forma directa ningún delito” a los futbolistas que entendieron que se faltaba a su honor, dignidad e imagen. García manifiesta además que no contactó “en ningún momento” con ninguna empresa, entidad o institución con el objetivo de favorecer o perjudicar su contratación.
La consejera dice que es “perfectamente consciente” de que los hechos que subyacen en este asunto, la investigación sobre los futbolistas como supuestos autores de abuso sexual cometidos contra una menor, están sometidos a un proceso judicial y corresponde en todo caso a los tribunales de justicia “pronunciarse al respecto” porque son los “únicos que tienen competencia para ello”.
Así, precisa que el mensaje que quiso trasladar a la sociedad y a los medios de comunicación en aquel momento “de agitación” y que sostiene “en su integridad”, es de “un firme rechazo frente a todas las manifestaciones de acoso sexual y abusos sexuales en nuestra sociedad, un mensaje de tolerancia cero” en el que está comprometida la Junta de Castilla y León. En ese compromiso, dice, está “enfatizar en que toda denuncia por estos motivos sea tratada de manera rápida, adecuada y eficaz, con el máximo respeto a la presunción de inocencia, y al tiempo con la aplicación de la ley con el mayor rigor para todos aquellos que sean declarados culpables por los tribunales”
En el decreto dictado por la letrada de la Administración de Justicia se indica que, “por la parte conciliante (exjugadores) se manifiesta que se afirma y ratifica en el contenido de la papeleta de conciliación presentada”. “Por la parte conciliada (consejera) -continúa el decreto- se presenta escrito de manifestaciones en relación al contenido de la declaración objeto del presente acto de conciliación, mostrando la parte conciliante su conformidad con el mismo”.
Ambas partes solicitaron así que “se dé por terminado el acto de conciliación con avenencia, facultándose mutuamente para poner el contenido del acuerdo en conocimiento de los medios de comunicación”.
Los tres futbolistas están procesados, desde el pasado mes de septiembre, por un delito continuado de agresión sexual a una menor. Los tres presuntamente agredieron a la niña en su vivienda de Aranda de Duero, un delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión. Ninguno de ellos quiso responder a la jueza en la declaración indagatoria del 16 de octubre y se declararon insolventes para hacer frente a la indemnización solidaria de 52.000 euros ante una posible responsabilidad civil. Si se les absolviese, no se descarta que respondan de un delito de acoso a través de las redes sociales para que la menor tuviese el encuentro sexual con ellos. En este caso se expondrían a penas de 12 a 24 meses de multa y 1 a 3 años de prisión.
