El control de la pandemia, la movilidad y la economía marcarán el pase a la siguiente fase de la desescalada con unos umbrales aún por definir

El Gobierno ha establecido los criterios, que ahora analizan las comunidades autónomas, para ir avanzando en las fases de desescalada durante la pandemia de COVID-19. A partir de ahora deben precisarse y publicarse los umbrales de cada etapa, según cuentan fuentes del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que el proceso de desescalada será “asimétrico, pero con las mismas reglas para todos”. Las reglas son los indicadores que marcarán la posibilidad para que cada provincia avance. “No todos a la misma velocidad”, ha vaticinado Sánchez.

Los indicadores son epidemiológicos, de la capacidad del sistema sanitario, de movilidad y económico-sociales. Los valores que tendrán que ir cumpliéndose “se harán públicos” al cerrarse, aseguran desde Moncloa. Los Gobiernos autonómicos están a la espera ya que todavía no conocen los requisitos concretos que deberán cumplir más allá de las reglas comunes , según han contado a eldiario.es.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidencia de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvieron una reunión con los consejeros de Sanidad de las comunidades antes de que Sánchez expusiera públicamente el plan aprobado en el Consejo de Ministros este martes. Sin embargo, desde las comunidades insisten en que no conocen los parámetros concretos. “Los darán estos días”, expresa un presidente autonómico.

Los indicadores más prolijos, según los documentos del Ejecutivo, son los sanitarios. Aunque se indica que “la interpretación de estos indicadores no estará sujeta a umbrales sino que se hará un análisis conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia”, el Gobierno sí espera tener unos umbrales concretos.

Así, de momento, se conoce qué categorías van a monitorizarse para concluir si una provincia está en disposición de pasar de fase, pero todavía no el nivel preciso en cada categoría.

Vigilancia de la enfermedad

Las comunidades autónomas tendrán que recopilar de manera diaria el número de casos con síntomas compatibles con la COVID-19. Además, tendrán que controlar cada día el número de positivos confirmados en pruebas de laboratorio entre los que tienen que especificarse los pacientes hospitalizados, los no hospitalizados, los ingresados en UCI y los fallecidos. También se requiere que cada día se conozca el número de pruebas PCR realizadas y sus resultados.

Además, los responsables sanitarios tendrán que contar cuántos profesionales de vigilancia epidemiológica están dedicados a la respuesta ante la COVID-19 en relación con el número de casos diarios detectados. Esto da cuenta de cuál es la fuerza de los servicios de salud pública para controlar la evolución de la enfermedad en sus territorios.

En el ámbito sanitario, el plan de desescalada comprobará la evaluación temprana de posibles nuevos contagios en cada fase con la idea de impedir que se disemine la enfermedad. Para ello se pide pormenorizar el porcentaje de casos con síntomas compatibles a los que se le ha realizado una prueba diagnóstica, el tiempo que ha pasado entre la fecha del inicio de los síntomas y la consulta médica en los casos confirmados, el tiempo entre el inicio de los síntomas y la confirmación del diagnóstico y el porcentaje de casos nuevos que no son contacto de casos confirmados conocidos, es decir, un caso primario sin origen conocido.

Por otro lado, se necesitará conocer el tiempo entre la fecha de los síntomas y la de aislamiento y el transcurrido entre que se hace la primera consulta con el paciente y ese aislamiento. Esto permitirá, dice el Gobierno, evaluar el aislamiento precoz de nuevos casos, lo que indica la rapidez en cortar una posible nueva cadena de contagios y la expansión del virus.

Por último, el control de la pandemia exige que se pueda controlar los contactos de nuevos casos confirmados. Se debe indicar el número de contactos estrechos identificados por caso y el porcentaje de contactos estrechos que desarrollan síntomas durante el control y si son confirmados. La idea global es que, admitiendo que pueden surgir casos, el sistema de vigilancia los detecte y aísle con rapidez para contenerlos e impedir nuevos picos de transmisión comunitaria.

Capacidad de respuesta médica

Para evaluar si un sistema sanitario concreto en Málaga, Cuenca, Pontevedra, Girona o Murcia, podría responder ante un rebrote, el plan señala el nivel de ocupación de las UCI tanto de pacientes de COVID-19 como de otras patologías, por separado. Igualmente las camas de hospital ocupadas por estos dos grupos de pacientes. También se ha de hacer un inventario del material en almacen (EPI, hisopos, PCR, medicación...). Remata con un informe sobre la capacidad diagnóstica de los laboratorios y las instalaciones no sanitarias susceptibles de medicalizarse. Estas infraestructuras sirven para ingresar enfermos no graves y evitar contagios.

La movilidad

Respecto a la movilidad, el Gobierno admite que estos indicadores “son centrales como punto de conexión entre la evolución de la epidemia y la actividad económica”. En este campo se medirá el índice de movilidad en el interior de las provincias respecto a la semana de referencia de febrero de 2020. Igualmente el índice de movilidad exterior de la provincia.

Además, se medirán los movimientos de largo recorrido con vehículos ligeros (el transporte de mercancía ha seguido activo durante todas las fases del estado de alarma) para lo que se dividirá la península en nueve zonas. También se comprobará cuál es el índice de movilidad global en los municipios más poblados, la utilización del transporte público de las mayores áreas periurbanas de España, la movilidad en áreas residenciales y el transporte de pasajeros y mercancías. Con esos indicadores se pretender controlar cómo avanza la movilidad general durante las fases y se pondrá en relación con la evolución de la epidemia.

Aspectos socio-económicos

Este panorama se medirá comprobando la afiliación a la Seguridad Social y el número de autónomos, los expedientes de regulación de empleo y el consumo de energía. también se incluyen indicadores de impacto de género“ aunque no se especifican.