259 personas denunciaron tortura o malos tratos policiales en 2016, según un informe
La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, integrada por decenas de colectivos en defensa de los derechos humanos, registró en 2016 259 denuncias de tortura, malos tratos o tratos inhumanos o degradantes en 117 situaciones perpetrados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La cifra, recogida en el informe anual presentado este viernes, es similar a la de 2015 y está muy alejada del número de casos de años precedentes.
En 2015 se registraron 232, en 2014 961, 527 en 2013 y 851 en 2012. El colectivo relaciona la caída con algunos factores como el descenso en el número de movilizaciones sociales o la regulación de las devoluciones en la frontera de Ceuta y Melilla. Se refiere a la reforma de la ley de marzo de 2015 que reguló las devoluciones en frontera de los migrantes que alcanzan territorio español y que, en la práctica, amparó las devoluciones en caliente.
Por otro lado, la Coordinadora, que recoge denuncias de personas que no siempre han denunciado ante la justicia, asegura que el problema de la tortura está “invisibilizado” en España, rodeado de “impunidad y opacidad”.
Los malos tratos o degradantes de los que ha tenido conocimiento la coordinadora se han producido sobre personas que se encontraban en ese momento bajo custodia de los funcionarios en comisarías, cuarteles, cárceles u otros centros de privación de libertad como los CIE y durante el transcurso de movilizaciones sociales. En esta ocasión y por segundo año consecutivo no hay ninguna persona que haya denunciado maltrato mientras ha estado recluida en régimen de incomunicación –ya en 2014 solo se registró una–.
Sin embargo, sigue vigente la legislación que permite este tipo de detención, por lo que la Coordinadora solicita de nuevo su abolición, tal y como ha pedido al Gobierno español en múltiples ocasiones el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. “Pervive la legislación que permite la detención incomunicada y, por tanto, la posibilidad de que se produzcan en un futuro más o menos próximo casos de torturas y malos tratos en estas circunstancias sigue vigente”, afirma el informe.
La Coordinadora hace hincapié en que las cifras de su informe no coinciden con las causas penales abiertas ni recoge la totalidad de las situaciones de tortura o malos tratos ocurridos en 2016 en España, sino que “suponen solo una parte del total”.
Por otro lado, el informe incide en otros factores que influyen en “la invisibilización del problema de la tortura”, entre ellos, “el miedo a ser objeto de contradenuncias o sanciones administrativas a través de la Ley Mordaza”, “desconfianza en los tribunales de justicia e inseguridad jurídica”, “criminalización de quienes denuncian violencia policial” o “impunidad” de quienes practican la tortura.
En este sentido, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha avisado al Gobierno de que el indulto de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en casos de tortura o malos tratos entra “en plena contradicción” con la Convención contra la Tortura ratificada por España en 1987. Se refería en concreto a los cuatro mossos d'Esquadra que fueron doblemente indultados por el Ejecutivo en 2012 tras haber sido condenados por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones contra Lucian Paduraru, un hombre inocente detenido por error.
