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Piden considerar accidente laboral el homicidio de un profesor por un alumno

Piden considerar accidente laboral el homicidio de un profesor por un alumno

EFE

Barcelona —

El Sindicato de Profesores de Secundaria (Aspepc-sps) está recogiendo firmas para pedir a la Generalitat que reconozca como accidente laboral la muerte del profesor Abel Martínez, en 2015 en el Instituto Joan Fuster de Barcelona a manos de un alumno, que le disparó con una ballesta.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril de ese año, cuando un alumno de segundo de ESO irrumpió en su instituto armado con un puñal y una ballesta, con la que disparó mortalmente a un profesor y provocó heridas a otras cuatro personas que estaban en el centro educativo Joan Fuster, situado en el barrio de La Sagrera.

El sindicato, que reclama este reconocimiento para que la familia del docente pueda cobrar una indemnización, ha decidido iniciar esta recogida de firmas ante las conclusiones de un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que no aprecia ninguna negligencia de la administración en el asesinato del profesor.

Los docentes de Secundaria, que ya han recogido casi un millar de firmas, consideran que la muerte del profesor debe ser considerada un accidente laboral porque el ataque se produjo en horario lectivo y en el ejercicio de su tarea laboral.

El sindicato de docentes pide "por justicia, honestidad, sentido común y sensibilidad hacia el sufrimiento de los familiares que su muerte sea reconocida como accidente laboral y la Generalitat de Cataluña, como responsable civil subsidiaria, acepte inmediatamente y sin procedimiento judicial la petición de indemnización de la familia en los términos que ésta ha establecido".

Las firmas, que se están recogiendo en la plataforma Change.org, serán entregadas a la consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz.

Los padres y el hermano del profesor Abel Martínez reclaman un millón de euros al Consorcio de Educación de Barcelona en concepto de indemnización porque, a su juicio, hubo errores de seguridad y consideran que las medidas de control fallaron el día de la muerte del docente.

Según ha informado a Efe el abogado de la familia, José Antonio Calles, esta misma semana han presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo, después de que el Consorcio, formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, no haya contestado a la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron vía administrativa.

"Ha habido silencio administrativo, es decir, no han contestado nada, ni que sí ni que no", ha explicado el letrado, que ha aconsejado a sus clientes acudir a la vía judicial para reclamar dicha cantidad, atendiendo a que "es un derecho que tienen".

Ya que el autor de la agresión mortal fue un menor de 14 años, fue considerado inimputable y no pudo ser declarado culpable, ni ser privado de libertad.

El juez derivó el caso a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) para que adoptase las medidas que considerase necesarias respecto al menor.

Tras el archivo de la causa penal, los padres de Abel Martínez iniciaron la reclamación administrativa de una indemnización al considerar que falló la seguridad del centro.

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Publicado el
28 de marzo de 2017 - 12:42 h

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