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La COVID-19 pone a prueba la gestión de los residuos sanitarios, que aumentan un 300% en varias comunidades

La necesidad de materiales de protección contra el virus provoca un aumento exponencial de desechos sanitarios en Madrid, Catalunya, Asturias y Castilla y León

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La lucha contra la COVID-19 y la necesidad de materiales de protección para combatir el virus en entornos sanitarios, sociales y domésticos ha desbordado la gestión posterior de estos residuos infecciosos. Comunidades como Madrid, Catalunya, Asturias o Castilla y León calculan que en su territorio los desechos sanitarios se han disparado, llegando a incrementar alrededor del 300% su volumen desde el inicio de la pandemia. En Valencia estiman el crecimiento entre el 100% y el 20%, dependiendo de la zona.

En Catalunya habitualmente se generaban cerca de 3.300 toneladas al año (unas 275 toneladas mensuales), pero desde el inicio del confinamiento la acumulación de estos desechos "se ha disparado hasta las 1.200 toneladas, 925 toneladas más que en un periodo habitual", informan desde la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC). Teniendo en cuenta estos datos, en este territorio han detectado un incremento del 350%. Asturias, otra de las comunidades que aporta cifras concretas, prevé gestionar 135.483 kilos de residuos hospitalarios en abril, mientras la media mensual en 2019 fue de 33.310. 

"Sabemos que todas las instalaciones están al límite de su capacidad, han aumentado los turnos y están trabajando fines de semana. En algunas comunidades autónomas se han establecido almacenamientos temporales para tratar los residuos más tarde", explica Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción. El partido Más País-Equo llevó este asunto a la última Comisión de Sanidad del Congreso. La diputada Inés Sababés preguntó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la gestión de los residuos sanitarios, asegurando que su crecimiento está siendo "exponencial". Ante este incremento, requería al Gobierno que controle su tratamiento y desplazamiento "se esté haciendo en las óptimas condiciones y con las máximas garantías", a pesar de que la competencia dependa de los gobiernos autonómicos.

Consultados por esa función de vigilancia que demanda Sabanés, coportavoz de la formación ecologista Equo, desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que cuando termine la crisis sanitaria se encargarán de "recabar información sobre la aplicación de la orden" que regula la gestión de residuos durante la pandemia y realizarán un balance. Por su parte, el ministro de Sanidad reconoció en su comparencia que "ha habido un crecimiento de residuos sanitarios", aunque no ha tenido constancia de grandes problemas de gestión. "Tuve hace dos semanas conocimiento de un hecho puntual en una comunidad autónoma que se solucionó el mismo día y que requirió de la intervención del Ministerio", reconoció Illa.

Castilla-La Mancha no tiene datos todavía

Las comunidades consultadas por esta redacción reconocen que la gestión de estos residuos ha aumentado. Fuentes de la Comunidad de Madrid estiman que ese incremento oscila alrededor del 300%, Castilla y León lo sitúa en 270% y Asturias en 307%. En la Generalitat Valenciana reseñan que más allá del "pico máximo" alcanzado la primera semana de abril "con un 70% de incremento", la media actual constata un repunte del 50%, en comparación con la tendencia histórica. Otras autonomías como Andalucía, Galicia o Euskadi no han facilitado el dato a eldiario.es, a pesar de reiteradas peticiones de información. Por su parte, un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que en su comunidad no tendrán esa cifra hasta dentro de dos semanas.

A pesar de que la gestión es autonómica, Sanidad determinó en una orden publicada al comienzo del estado de alarma cómo manejar los residuos que han estado en contacto con el virus y que se generan tanto en hogares como en centros sanitarios. En hospitales y ambulatorios los guantes, mascarillas, batas y equipos de protección utilizados con pacientes de COVID-19 "se considerarán como residuos infecciosos" –establece la normativa publicada por el Gobierno– y se gestionarán como tales. La recogida de estos desechos requiere "requisitos especiales para prevenir infecciones", según explica Francisco Peula, especialista en tratamiento de residuos y presidente de la asociación Rethinking. El tratamiento consiste en introducirlo en un sistema denominado "autoclave", que funciona como una "olla a presión" que desinfecta el material a altas temperaturas, apunta Peula.

Las autoridades sanitarias también abrieron la puerta a que las comunidades dispongan de "naves o terrenos" para almacenar contenedores si los vertederos o incineradoras no tienen capacidad de asumir el incremento de material propiciado por la lucha contra el coronavirus. Asimismo, dispusieron que si era necesario se autorizase a fábricas de cemento a quemar estos materiales.

Almacenamientos temporales

Fuentes oficiales de la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid confirman que han tenido que autorizar cinco almacenes temporales para apilar los residuos antes de quemarlos. En esta región, una de las más afectadas por la pandemia, también se ha tenido que habilitar la incineradora de Valdemingómez para "eliminar" los desechos de COVID-19, de esta forma complementa y descongestiona la actividad que ya se realizaba en otras dos plantas centradas en residuos sanitarios. Estas mismas fuentes reconocen "a finales de marzo y principios de abril" se produjo el pico de mayor gestión de estos materiales. Además, aseguran que gracias a la habilitación de Valdemingómez no han tenido "picos de saturación".

Esta decisión no ha sido bien acogida por las asociaciones de vecinos, que cuestionan que este recurso tenga capacidad para "absorber tantos residuos sin poner en peligro la salud de su plantilla y de los vecindarios del entorno", criticaba Quique Villalobos, el presidente de la Federación que agrupa a estos colectivos en Madrid. En Catalunya, la agencia autonómica de residuos aseguraba en una nota de prensa publicada el 15 de abril que las tres plantas autorizadas para tratar estos residuos estaban "operando al 100% de su capacidad". El Gobierno de Quim Torra también tomaba la decisión de autorizar la incineración de residuos sanitarios de bajo riesgo en tres nuevos recursos.

Castilla y León, otra de las comunidades que ha constatado un incremento exponencial de desechos sanitarios, también registraba una elevada carga de trabajo en las dos instalaciones que tienen para esterilizar este material. Además, esta autonomía ha optado por enviar "el 10% de los residuos sanitarios COVID-19" que generan a otra autonomía, a una incineradora ubicada en El Meruelo (Cantabria), según apuntan fuentes oficiales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En Asturias el crecimiento de estos residuos también ha alterado el trabajo diario en la planta en la que queman los desechos infecciosos, el horno funciona 64 horas semanales más durante el estado de alarma que en los días previos.

Críticas de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción pide a la administraciones que la lucha contra el virus no sea "un impedimento para dejar de perseguir los objetivos de economía circular". "Consideramos que la orden del Ministerio plantea unos peligros que terminarán afectando al tratamiento de los residuos domésticos normales, ya que algunas comunidades llevarán al vertedero lo que antes enviaban a las plantas de tratamiento [donde se puede reciclar]", incide Arribas, portavoz de este colectivo.

En relación a los residuos generados por pacientes que pasan en casa la cuarentena por coronavirus, la normativa de Sanidad obliga a introducir el material sanitario en el cubo de basura general, el Ministerio prohíbe expresamente que se deposite en contenedores de reciclaje. Esta decisión provoca que plantas en las que la selección de residuos se realiza manualmente, con personal que tiene esa labor, los desechos se envíen directamente a –así figura en la orden– "incineración, preferiblemente, o a vertedero", para evitar el contagio entre los trabajadores. 

La organización ecologista reivindica también que hay alternativas a la eliminación directa de este material, por eso abogan por "el almacenamiento" de estos desechos "durante 72 horas [tiempo estimado que el virus permanece en el plástico] para tratarlo como un residuo que deja de ser infeccioso". Además, Arribas recuerda que ya hay proyectos experimentales en marcha que están trabajando para desinfectar mascarillas con radiación infrarroja y luz ultravioleta, una actuación que según reseña permitiría reutilizarlas. Más allá de estas propuestas, insiste en que durante esta pandemia "por delante de cualquier medida está la seguridad de los trabajadores".

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