Emergencia

La huelga de 24 horas del Samur Social en Madrid, que pese a su nombre tiene un 90% de sus trabajadores en una empresa privada, ha revelado unas zonas de sombra intolerables en una capital de un país desarrollado y con servicios sociales. Esos trabajadores -que han denunciado que están cada vez peor pagados y más presionados, desde que un fondo compró su empresa- se enfrentan todos los días a tener que elegir entre dejar en la calle a una pareja de 18 años siria, a una familia desahuciada con una niña o a una señora de 64 años víctima de la violencia de género. Difícil dilema para un salario tan bajo y para un corazón empático. Estas cosas desde los despachos duelen menos.

Hace meses que faltan plazas y que se avisa del colapso de un sistema de protección que jamás se debió privatizar. Son esos trabajadores los que gobiernan el material más vulnerable y sensible de un país: aquellos que no tienen ningún salvavidas al que agarrarse. ¿No deberían ser funcionarios, amparados por el Estado, sin intermediarios privados? ¿No son las personas que no tienen nada las merecedoras de la mejor atención posible ya que nadie más les puede ayudar? ¿Hay derecho a pasar frío y miedo en la calle durante una o más noches cuando tenemos supermercados llenos, casas vacías y decimos que somos un Estado de Derecho? ¿Tiene que venir un cura a salvar la papeleta poniendo a disposición la parroquia San Carlos Borromeo?

Escuchar al alcalde de Madrid y al Ministerio de Trabajo lanzarse la pelota es un espectáculo estéril, porque es responsabilidad de los dos. El caso de los solicitantes de asilo es el que ha desbordado las precarias instalaciones, además de los cientos de personas en situaciones de vulnerabilidad, sin casa, desahuciados o víctimas de violencia que necesitan una cama de urgencia. En España hay 93.399 personas que han pedido asilo en 2019 y hay 9.097 plazas para acogerles, más 4.500 alojamientos provisionales. A simple vista, y sin ser médico, tiene pinta de que va a haber problemas crónicos.

Aunque el seguimiento de los asilados y refugiados es competencia del Ministerio de Trabajo, hasta que sean reconocidos y entran en la red nacional de acogida están esperando en las ciudades, en este caso Madrid, y es el Samur Social el que tiene que hacerse cargo. Si se suma a las llegadas de refugiados (muchos de Venezuela o Colombia) el frío, las pocas plazas y unos trabajadores desbordados física y psicológicamente, rápidamente se alcanza la situación en la que está la capital. Con la misma facilidad (inversión) se le podría dar la vuelta.

Estamos con las urgencias políticas y se nos olvidan las verdaderas emergencias: dice poco de un país que se trate mal a quienes cuidan del sistema público y vigilan la justicia social y la humanidad en sus estadios más básicos (un vaso de leche, un cuarto, una estufa). Dice mucho que pasen los días y siga habiendo personas esperando a ser atendidas, haciendo cola, de noche, tras una verja cerrada.