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Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu

Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy durante sus declaraciones ante el Tribunal Supremo.

Javier Pérez Royo

Los testimonios de Mariano Rajoy y de Iñigo Urkullu eran, sin duda, los más esperados, una vez que se puso fin al interrogatorio de los procesados por sus defensas y por las acusaciones. A fin de determinar si las conductas de las personas que diseñaron y dirigieron la operación que culminó en el referéndum del 1-O podían ser consideradas como constitutivas del delito de rebelión, no había nadie que pudiera proporcionar información más relevante que la que ellos podían transmitir.

Cada uno de ellos ha prestado testimonio de una manera completamente distinta. El expresidente de Gobierno no ha cumplido con la obligación que la Ley impone a los testigos en el proceso penal. Se dedicó a justificar políticamente su conducta, como si fuera él quien estaba siendo investigado, en lugar de responder a las preguntas que se le hacían, transmitiendo al Tribunal “todo” el conocimiento que tenía sobre los interrogantes que se le formulaban.

Su falta de colaboración en la investigación obligó en un momento a intervenir al Presidente del Tribunal para forzarle a reconocer que se había entrevistado personalmente con el lehendakari Iñigo Urkullu, sin decir expresamente por qué y para qué se había entrevistado. El incumplimiento de su obligación como testigo exigió, como digo, la intervención del Presidente del Tribunal, que, en mi opinión, se quedó corta, ya que debía de haber informado al expresidente del Gobierno de cuál era su obligación y no debió darse por satisfecho con la simple admisión de que se había visto una vez personalmente con el lehendakari. Mariano Rajoy tenía obligación de informar de “la relación” que mantuvo a lo largo de varios meses con Iñigo Urkullu y del papel que el lehendakari había jugado como “intercesor” entre el Presidente del Gobierno de España y el President de la Generalitat. No se debía haber permitido que redujera su “relación” con el lehendakari y, a través de él, con Carles Puigdemont, a una entrevista más de las muchas que había tenido con mucha gente. Eso es faltar a la verdad.

El testimonio de Iñigo Urkullu este jueves por la mañana dejaría en evidencia a Mariano Rajoy. A diferencia del ex-presidente, el lehendakari no se ha guardado nada y ha respondido con todo lujo de detalles a todas las preguntas que se le han formulado, informando al Tribunal y a las defensas de los acusados no solo  de todas las veces que se entrevistó personalmente tanto con Carles Puigdemont como con Mariano Rajoy, sino también de cómo, tras cada reunión con uno de ellos, informaba al otro de lo que habían hablado y transmitía el mensaje que cada uno quería hacer llegar al otro. Ha informado de las propuestas que él mismo hizo a ambos, a fin de explorar la posibilidad de encontrar un suelo común que permitiera salir del callejón sin salida en que nos encontrábamos. Y que nunca aceptó ni la unilateralidad, ni el derecho a la autodeterminación, ni cualquier propuesta que no tuviera cabida en la Constitución. Desempeñó su trabajo de “intercesión”, evitando el término “mediación” por la carga que ha adquirido, con plena “lealtad constitucional”.

Esto tenía que haberlo sabido el Tribunal y las defensas de los acusados por boca de Mariano Rajoy en el día de ayer y no por boca de Iñigo Urkullu en el día de hoy. Es toda la verdad lo que se exige de los testigos y no una verdad mutilada. Especialmente, cuando lo que está en juego son condenas que puede llegar hasta los veinticinco años de privación de libertad.

Del testimonio del lehendakari se extraen dos consecuencias de una importancia capital:

  1.  La necesidad del testimonio de Carles Puigdemont para la defensa de los procesados. Desde el 19 de junio de 2017, en que Iñigo Urkullu tiene la primera entrevista con Carles Puigdemont, se inicia una relación continuada entre los entonces presidentes del Gobierno y de la Generalitat con el lehendakari como “intercesor”, sin el conocimiento de la cuál no se puede entender por qué pasó lo que pasó.
  2. Que un delito de rebelión no se prepara a través de un proceso de negociación, que se prolongó hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, semanas después de la celebración del referéndum. Negociación, aunque sea por persona interpuesta, y rebelión son términos incompatibles.

Me imagino que esta no es la última sorpresa que nos vamos a llevar.

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