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Luz verde a la reforma de la LOUA que permitirá regularizar unas 25.000 viviendas en suelo no urbanizable

El PSOE-A, el PP-A y C's han votado a favor de una ley que se inició en 2014, mientras que Podemos se ha abstenido, igual que IU, pese a que la negoció con los socialistas la pasada legislatura

Los populares creen que "se queda corta" porque se calcula que hay 300.000 construcciones en esta situación, y por eso pedirán un grupo de trabajo que aborde todas las casuísticas

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Representantes de afectados han seguido el debate desde la tribuna de invitados.

Representantes de afectados han seguido el debate desde la tribuna de invitados.

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, casi dos años después de que el Consejo de Gobierno diera el primer paso, la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá regularizar unas 25.000 viviendas que están construidas en suelo no urbanizable pero que no forman parte de urbanizaciones ilegales, un compromiso que se trae desde la pasada legislatura y que ha contado con los votos a favor del PSOE-A, el PP-A y C's, mientras que se han abstenido Podemos e IU. 

El Gobierno de Andalucía ha defendido que se va a dar solución a un buen número de construcciones con estos problemas en la comunidad autónoma, dado que "sólo quedan fuera las que estén en suelo de especial protección, inundable o con riesgo de erosión". En esta línea, se ha centrado en mostrar la complicidad del texto con unos ciudadanos que se encuentran en esta situación como "víctimas", y también con las administraciones locales que han peleado para que se les permita esto, y diferenciarla de cualquier sospecha de que se trate de una amnistía para los que construyen fuera de la ley.

Básicamente, persigue que las residencias aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística "podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad", si bien tampoco podrán tener expedientes de sanción en marcha. Los propietarios podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad; tendrán derecho a  acceder a los servicios de luz y agua; y deberán  corregir los impactos paisajísticos o medioambientales que pudieran existir. 

Su entrada en vigor supondrá la regulación de menos del 10% de las 300.000 viviendas irregulares que se calcula que hay en Andalucía, gran parte de ellas en Almería y Málaga, y en muchas ocasiones habitadas por extranjeros -sobre todo británicos y alemanes- que han sido "engañados" cuando han comprado su propiedad. De hecho, una parte de los colectivos que representan a estos ciudadanos han estado en el hemiciclo para seguir el debate. 

IU no ha votado a favor pese a que cuando gobernaba con el PSOE-A pactaron, no sin dificultades, la revisión de la LOUA en esta materia. Su diputado Antonio Maíllo ha mostrado su satisfacción porque por primera vez se ha incorporado, parcialmente, una propuesta de su formación por la que la Junta de Andalucía asumirá las competencias de manera "automática" si las administraciones locales incumplen determinados puntos de la norma transcurridos dos años. Pero cree que se ha introducido "el truco administrativo" de darle a los consistorios la posibilidad de que sean cuatro años, lo que le parece "excesivo".

Por su parte, el PP-A, pese a que la ha respaldado, la ha calificado de "chapuza" y ha apuntado, por ejemplo, que  "hasta hace un momento estaban los servicios jurídicos metiéndole el lápiz a la exposición de motivos". Para los populares, la ley "se queda corta" y ha mostrado su pesar por todas las construcciones que no entran. Es más, el PP-A ha anunciado que pedirá en el Parlamento de Andalucía la creación de un grupo de trabajo "que aborde las diferentes situaciones de las urbanizaciones en Andalucía" y espera que "cuente con el respaldo de todos los grupos".

Mientras, las críticas desde Podemos se han centrado en subrayar que la necesidad de esta reforma "es una demostración de que no hay un modelo de desarrollo sostenible en Andalucía". Es más, entiende que en lugar de eso, "impide a los jueces luchar contra los delitos de ordenación del territorio", en palabras de Carmen Lizárraga. Pero tampoco han votado en contra, sino que han abstenido porque les ha llamado el interés por esa "gente que han sido víctima de operaciones financieras, otra que tiene necesidades de vivienda o las que se han visto afectadas por crisis sobrevenidas". 

Finalmente, el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, cree que "da respuesta "a una gran parte de todas las personas que en su día construyeron su vivienda con licencia y luego se encontraron con la sorpresa de que estaba fuera de ordenamiento". Por ello, ha apostado por el voto a favor de su formación, convencido de que las aportaciones hechas durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas "han mejorado" el proyecto de ley que elevó el Consejo de Gobierno.

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