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“Autoinculpaciones” y miles de firmas contra el desalojo de la Acampada Dignidad

Miembros de colectivos sociales, profesores, abogados, parados o jubilados como Julio Anguita se "autoinculpan" de la ocupación del colegio reabierto por la Acampada Dignidad.

Protagonizan una serie de fotografías similares a las de una ficha policial mientras sujetan un cartel: 'Yo también ocupo el Rey Heredia'.

La Acampada Dignidad lleva recogidas ya varios miles de firmas contra el desalojo del colegio que ocupan desde hace tres meses, contra los que el Ayuntamiento interpuso una denuncia por usurpación del edificio y pidió al juez el desalojo inmediato.

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Profesores, abogados, desempleados o jubilados se "autoinculpan" de la ocupar el colegio Rey Heredia de la Acampada Dignidad.

Profesores, abogados, desempleados o jubilados se "autoinculpan" de la ocupar el colegio Rey Heredia de la Acampada Dignidad.

Yo también ocupo el Rey Heredia. Con esa sencilla frase en un folio se vienen fotografiando en los últimos días decenas de personas en unas imágenes que se asemejan a las fichas policiales y que forman parte de una campaña de "autoinculpaciones" solidarias con quienes desde hace ya tres meses ocupan el colegio cerrado Rey Heredia en Córdoba y desarrollan allí las diversas acciones de la Acampada Dignidad.

Miembros de los colectivos sociales que llevan a cabo sus actividades en el colegio, abogados, profesores, otros profesionales, personas sin empleo y jubilados han querido mostrar su adhesión a la labor de la Acampada Dignidad con esta suerte de "autoinculpaciones" dando la cara. Entre ellos, el excoordinador general de IU y promotor de Frente Cívico, Julio Anguita, que desde el inicio de la ocupación del colegio ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la iniciativa.

Junto a ello, ya son varios los miles de firmas que llevan recogidos los activistas de la Acampada en una campaña para expresar el apoyo de los ciudadanos a su acción, contra la que el Ayuntamiento de Córdoba mantiene interpuesta una denuncia por usurpación del colegio contra ocho activistas, a la vez que pidió el desalojo inmediato del centro como medida cautelar.

Tanto las fotografías de "autoinculpación" como la recogida de firmas forman parte de las movilizaciones y acciones que los miembros de la Acampada anunciaron al conocer la denuncia municipal "para evidenciar el apoyo popular a la liberación del Rey Heredia y a las iniciativas puestas en marcha" en el colegio cerrado.

Julio Anguita, en la fotografía de "autoinculpación" por ocupar el colegio Rey Heredia de la Acampada Dignidad.

La denuncia municipal por un presunto delito de usurpación en relación al uso que la Acampada Dignidad está haciendo del colegio Rey Heredia fue presentada en diciembre pasado y ante ella ya presentaron sus alegaciones los ocho activistas imputados, que el próximo 16 de enero tienen cita para declarar ante el juez.

De momento, el juez no se ha pronunciado sobre la petición de "desalojo inmediato" solicitado por el Ayuntamiento, tiempo éste en el que la Acampada Dignidad ha seguido desarrollando sus acciones entre las que destaca la cocina abierta y el comedor social, además de ser sede de las actividades demás de sesenta colectivos sociales y asociaciones de la ciudad.

Desde la Acampada Dignidad mantienen que, en este tiempo de ocupación, "es evidente que el inmueble no solo no ha sufrido daño alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado del estado de abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento", argumentan quienes ocuparon el colegio que llevaba cerrado dos años y lo han llenado de contenido y actividades.

"El desalojo solo conduciría al abandono del colegio"

Es más, los activistas señalan que, según la documentación municipal adjuntada a la denuncia a la que han podido tener acceso, se deduce que "el Ayuntamiento carece de proyecto concreto de uso para el edificio, a corto o medio plazo, por lo que el desalojo sólo conduciría a devolver el inmueble a su estado previo de abandono y desuso".

Los integrantes del reconvertido Centro Social Rey Heredia creen que la denuncia presentada por el Ayuntamiento "solo puede entenderse desde la voluntad del alcalde de acabar con una iniciativa que se ha consolidado poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de los bienes públicos".

En ese sentido, alertan de que la decisión de desalojar el colegio supondría la interrupción de las distintas actividades que en estos tres meses de vida del centro reabierto se llevan a cabo. Así, por su cocina abierta pasan al día unas cien personas que se alimentan gracias a la comida del centro e igualmente se imposibilitaría el desarrollo de las clases de apoyo para niños y adultos sin recursos, además de otras acciones puestas en marcha, como el punto de información y asesoramiento socio-laboral, Radio Dignidad y un huerto comunitario.

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