Si no puede pagarse un abogado…

Lo hemos escuchado decenas de veces en más de una ‘americanada’ pero, desde hace casi un año, la frase completa es inviable en las cárceles de Andalucía a menos que la “autoridad” mienta. Tristemente, no es ninguna película sino una realidad para unas 16.300 personas privadas de libertad en nuestra comunidad autónoma, presas e indefensas sin atención jurídica especializada en materia penitenciaria. Este Estado de Derecho no le asigna un abogado de oficio, como debería terminar la frase el policía de turno, al interno de una cárcel andaluza, por un convenio que no se ha terminado de renovarse.

¿Quién tiene la culpa? Estando dos administraciones de por medio, y de distinto signo político, es evidente que la patata caliente se la pasan de la una a la otra mientras pasan los meses. Un acuerdo bipartito entre 2001 y 2008, que se hizo tripartito entre 2008 y 2011 y que, desde el año pasado, está en el limbo burocrático para desgracia de un colectivo especialmente vulnerable y cuyo derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario está muy en entredicho.

Resulta que, hace unos años, el convenio se había prorrogado indefinidamente, para suerte de los beneficiados, si bien necesitaba de una adenda anual que, casualmente, de alguna manera se ha extraviado justo en el momento en que los colores gobernantes de la administración central y autonómica han dejado de coincidir. Un “accidente”, para desgracia de los afectados. La una dice que lo está esperando firmado de vuelta y el uno que no se le envió a tiempo. En medio, los otros afectados, los abogados que, lógicamente, ya no cobran por un servicio que no ejecutan, que aluden a la insensibilidad administrativa y que creen que ya podría la Junta sacar una “partidita” económica para restablecer el servicio. Pero la hucha de los gobernantes anda más bien escasa. Y si normas antidéficit se cuelan en medio, pues eso, que el que hace la ley...

Al problema de no tener garantizado el derecho fundamental a una defensa completa en el ámbito penitenciario a personas que no pueden costearse un abogado, se le une la realidad de la población reclusa (bajo nivel cultural, dificultad para contactar con profesionales del Derecho, etc.), la perentoriedad de los plazos procesales (en materia penitenciaria, la mayoría entre tres y cinco días) y el desconocimiento del recluso acerca de sus derechos y del modo de hacerlos efectivos. Como tanto hijo de vecino, pero entre rejas. Indefensión en prisión. Cinco o seis juristas por centros de hasta 2.000 presos se antoja insuficiente para los entresijos procesales.

Las personas que componen la población reclusa en las prisiones proviene en su mayor parte de las barriadas más excluidas de las ciudades, un amplio número carece de recurso económico alguno, el 80% es drogodependiente, el 8% padece enfermedades mentales graves y el 40% trastornos mentales y de personalidad, el 1% es analfabeta y el 10% analfabeta funcional, según datos de APDHA. Ya me dirán si se les niega un abogado de oficio especializado para cuestiones técnicas de índole penitenciaria. Privados de libertad y privados del derecho de defensa en el sentido más amplio.

Hasta la suspensión del convenio, como contenido más específico, la asistencia penitenciaria que se prestaba en Andalucía contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida… Lo dicho: ahora, encerrados y sin posibilidad de chistar convenientemente con cierta independencia. Los problemas de todo tipo que puedan surgir en prisión, que a buen seguro son muchos, se ahogan en la celda del interno sin que la sociedad sepa de ellos. Y, para mayor injusticia, el juez que pudiera llevar su caso, tampoco.

Mal vamos cuando va pasando el tiempo y va caducando, aparentemente, la preocupación de las administraciones, ocupadas principalmente en que el desliz no les salpique demasiado más que en solventar el problema de miles de personas a las que, simplemente, no se les está garantizando la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre. No siempre la norma y la justicia van de la mano. Quizás por eso existan jueces y fiscales.