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“Somos ocho imputados pero podíamos ser más de trescientos”

Los ocho imputados de la Acampada Dignidad por la ocupación del colegio Rey Heredia declaran ante el juez con la esperanza de que no se ordene el desalojo del centro.

Ante una concentración solidaria en los juzgados, los responsables de la Acampada Dignidad recuerdan que la ocupación del colegio cerrado no se hizo a título personal sino para el uso del centro por parte de la ciudadanía.

"No le hemos quitado a la ciudadanía nada sino todo lo contrario, se lo hemos devuelto. No hemos estropeado el edificio, sino todo lo contrario, lo hemos arreglado. Y estamos haciendo allí una labor que la propia institución que nos denuncia no la hace", explican.

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Concentración en los juzgados de Córdoba en apoyo a los imputados de la Acampada Dignidad.

Concentración en los juzgados de Córdoba en apoyo a los imputados de la Acampada Dignidad.

Las ocho personas imputadas por la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba por parte de la Acampada Dignidad han prestado declaración ante el juez este jueves con la esperanza de que el juez no ordene el desalojo del colegio. Tras la denuncia del Ayuntamiento por usurpación del edificio, los imputados han estado acompañados de unas doscientas personas que se han concentrado, pese a la lluvia, a las puertas de los juzgados para mostrar su solidaridad con ellos ante la citación del juez.

“Somos ocho imputados pero podíamos ser más de trescientos”. Son las palabras de uno de las personas que han declarado este jueves, Rafael Sánchez, para explicar que la acción sobre el colegio Rey Heredia, que llevaba cerrado dos años, se hizo el pasado 4 de octubre por parte de varios centenares de vecinos y miembros de colectivos sociales. “Debe ser que la policía no tenía libretas para apuntar a tantas personas y por eso se cortó en ocho” el número de identificados y, posteriormente, imputados.

Sánchez explica que la ocupación del colegio se hizo, no a título personal, sino para recuperarlo socialmente. “No queremos titularidad ninguna (del inmueble), no somos personas desahuciadas que queramos el colegio para vivir. Nuestra función no es ocupar sino que se le dé un uso ciudadano al centro para los colectivos del barrio”, señala. Y concluye: “Yo no he ocupado nada. Eso lo está ocupando la ciudadanía”.

Junto a los ocho imputados, las personas concentradas ante los juzgados en solidaridad con ellos muestran pancartas con las fotografías de las “autoinculpaciones” que decenas de ciudadanos se han hecho bajo el lema “Yo también ocupo el Rey Heredia” para mostrar el apoyo a la actividad quese lleva a cabo en el colegio desde hace tres meses.

Solidaridad y argumentos contra la acción judicial

Fotografías y firmas recogidas en solidaridad a la Acampada Dignidad cuyo portavoz, Rafael Juan, manifestaba a las puertas de los juzgados la esperanza del colectivo ante la vista judicial de este jueves. “Esperamos que el juez diga que no hay ningún motivo para que salgamos del colegio ReyHeredia, que no hemos usurpado nada”. Y abundaba en los argumentos que esgrimen quienes en estos meses ocupan el colegio: “No le hemos quitado a la ciudadanía nada sino todo lo contrario, se lo hemos devuelto. No hemos estropeado el edificio, sino todo lo contrario, lo hemos arreglado. Y estamos haciendo allí una labor que las propias instituciones que nos denuncia no la hace”.

Una labor que se distribuye a lo largo de todos los días de la semana en la cocina abierta y el comedor social que diariamente atiende a cien personas, clases de apoyo e idiomas a menores y adultos sin recursos, puntos de información sociolaboral, huerto urbano, Radio Dignidad y asambleas de más de sesenta colectivos.

“Entendemos que no hay ningún motivo para que se tomen las medidas cautelares” que el Ayuntamiento pidió en su denuncia para que se desalojara inmediatamente el colegio ocupado. “En cuatro semanas no las ha tomado su señoría”, destaca el portavoz de la Acampada Dignidad. Y añade que, además, no creen que haya “ningún motivo para abrir una causa contra las personas imputadas ni contra el colectivo de personas que estamos allí habitualmente”.

En ese mismo sentido, entre las personas que este jueves se han concentrado para mostrar su solidaridad con los imputados a las puertas de los juzgados se manifestaba el ex coordinador de IU y promotor de Frente Cívico, Julio Anguita. Sobre lo que el juez pueda dictar en este caso, Anguita ha afirmado que “creo que su señoría tendrá en cuenta lo que ha ocurrido, que ha sido ocupado un edificio para mejorarlo, para sanearlo y para dar un servicio que no había” antes para los vecinos y colectivos sociales. Y en ese mismo sentido, ha expresado su confianza sobre la decisión del juez: “Supongo que el juez aplicará la ley pero a la hora de aplicar la ley hay muchos criterios restrictivos y otros más laxos”.

Voluntad de acuerdo con el Ayuntamiento

Sobre la relación del Ayuntamiento con la Acampada Dignidad, ninguna novedad. “Está totalmente cerrado y sus formas son emplear actuaciones a las bravas”, señala Rafael Juan en referencia al corte de la tubería de suministro de agua que el Consistorio ordenó hace unas semanas. “Nos hubiera gustado que se hubiera presentado cualquier persona del equipo de gobierno, que hubiéramos expuesto cada uno nuestras intenciones y haber intentado llegar a un acuerdo”.

Concentración en los juzgados de Córdoba en apoyo a los imputados de la Acampada Dignidad.

Concentración en los juzgados de Córdoba en apoyo a los imputados de la Acampada Dignidad.

Desde la Acampada Dignidad tiene clara su postura y su objetivo “Si dice (el alcalde) que está dispuesto a darle el centro a los colectivos que lo han solicitado, pues lo tiene muy fácil: están todos allí y es cosa de regular aquello de una vez por todas y ver cómo los colectivos se quedan en el colegio. Es fácil, pero si no hay voluntad…”.

Ahora, antes de la decisión del juez, los responsables de la Acampada Dignidad esperan que la policía verifique in situ la declaración de los imputados sobre la acción que se lleva a cabo en el colegio Rey Heredia y el estado del inmueble, así como que la parte denunciante también ofrezca los datos que el juez les pide sobre la titularidad del centro.

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