Catalunya Sí que es Pot centra el programa en el eje social y propone un referéndum pactado

La candidatura de Catalunya Sí que es Pot, que agrupa ICV, Podem, EUiA y Equo, ha presentado este viernes su programa electoral, centrado en propuestas sociales y de mejora democrática. “El programa ha sido confeccionado a través de luchas sociales, a través de huelgas generales, a través de mareas, de luchas vecinales, de la movilización de la juventud”, aseguró el candidato Luis Rabell. Los candidatos de CSQEP han insistido en que se trata de un programa que ha buscado recoger demandas sociales.

Joan Coscubiela, candidato de ICV, ha presentado las propuestas económicas. Algunas de ellas dependen de instancias estatales, como derogar la ley de estabilidad presupuestaria, “que aprobaron CiU y PP y que es lo que mantiene Catalunya atada”, por lo que cuentan con el apoyo de otras comunidades autónomas y de municipios donde ha habido un cambio político en las últimas elecciones. También hablan del modelo de financiación que desean para Catalunya, que incluye la hacienda propia, una mejor relación entre lo que aporta y lo que recibe Catalunya, pero también un principio de reparto solidario según las necesidades sociales de cada territorio del Estado.

Coscubiela también ha defendido una banca pública comercial y de inversión “para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y hacer que los autónomos dejen de ser explotadores de si mismos”, y también una reforma fiscal para gravar las rentas más altas. “Sea en una Catalunya independiente o en una España federal o confederal, para tener recursos hace falta una ruptura con el modelo fiscal de PP y de CiU”, aseguró.

Consulta pactada

En el ámbito nacional, donde la candidatura se encuentra más incómoda entre las formaciones que hacen una defensa clara de la independencia y las que lo hacen de la unidad de España, su propuesta pasa por un pacto con el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado. CSQEP confía en un cambio de mayorías en las próximas generales, pero si no pueden llegar a un acuerdo, Rabell asegura que “la alternativa siempre es seguir luchando por aquello que persigues, y la celebración de una consulta sobre la voluntad de la población catalana es un objetivo insoslayable”, añade.

El candidato de CSQEP planteó su programa “de cambio social” como una alternativa a “reeditar una vez más y en peores condiciones un programa neoliberal liderado por CDC”, y ha querido romper con el discurso que sitúa su candidatura en el bloque defensor de la unidad de España. “Fue el movimiento vecinal el que sacó la ciudadanía en la calle en 1976 diciendo 'libertad, amnisitia y estatuto de autonomía”, recordó. Y ha añadido que “las libertades de este país han sido conquistadas por gente que no sabía ni siquiera hablar el catalán o dudaban de cuántas barras había en la senyera, mientras muchas familias acomodadas catalanas que ahora aleccionan hablaban en castellano porque quedaba mejor”.

Plan de rescate ciudadano

Albano Dante se encargó de desarrollar el programa social de CSQEP y aseguró que “los derechos sociales son la materialización de la democracia, y no puede haber democracia si no hay mecanismos para hacer efectivos estos derechos sociales”. Dante ha hecho especial hincapié en la cuestión que más domina y ha reivindicado como capital “revertir la privatización y la mercantilización que está sufriendo la sanidad pública catalana”. Del mismo modo también ha reclamado una ley de educación “que garantice la titularidad y la gestión pública y un modelo de inmersión lingüística que se ha mostrado exitoso”.

El candidato de Podem defendió una nueva ley de ordenación del sistema sanitario catalán y insistió en todo lo que se podría hacer de inmediato: “No hay que pedir permiso ni esperar a nadie para detener el Consorcio de Lleida y la consiguiente destrucción del Instituto Catalán de la Salud, para detener el programa Visc+ de venta de datos sanitarios a empresas privadas, para detener todas las externalizaciones, revisar todos los convenios del CatSalut con proveedores, echar atrás el cierre de CAPs, o para aplicar una sanidad universal y no aplicar el real decreto 16/2012 de apartheid sanitario”.

Medidas contra la corrupción

La candidata de EUiA Nuria Lozano explicó que plantean “una acción integral contra la corrupción porque sí se puede evitar”. Pretenden actuar no sólo contra los corruptos sino también contra los corruptores, “de los que a menudo nos olvidamos”. Su propuesta estrella en la materia es prohibir el acceso a la contratación pública a las empresas participadas por personas que hayan sido condenadas por su participación en casos de corrupción. Aunque la legislación que afecta a la contratación pública es estatal, Lozano explica que esta medida se puede llevar a cabo añadiéndola a las cláusulas sociales en los concursos públicos.