Un referéndum para garantizar la renta mínima en Catalunya

A finales de año, un 70% de los catalanes que no tienen empleo ya habrán agotado el paro y habrán consumido las ayudas que da el Estado a los que se quedan sin ingresos. Serán personas completamente desprotegidas. Se trata de un escenario sin precedentes. Después de cinco años de recesión económica y de un drástico recorte de derechos sociales, ya da igual qué indicador se quiera esgrimir. Hay datos en todos los ámbitos que confirman el drama que sufren muchas familias: más de 900.000 catalanes en paro, 300.000 personas sin ningún ingreso -algunas de ellas con familiares a su cargo-, el 23% de los menores de edad bajo el umbral de la pobreza y un centenar de desahucios cada día.

Las fuentes de estas cifras son oficiales pero cada vez sorprenden menos. Para constatar la excepcionalidad de la situación actual basta con fijarse en las personas que cada día buscan entre los contenedores o entre las que hacen cola para recoger la comida que tiran los empleados de los supermercados cuando terminan la jornada.

Con el objetivo de evitar todos estos dramas, una asociación está recogiendo firmas para pedir al Parlament que apruebe una ley que garantice que no habrá ningún ciudadano sin ingresos. Esta ley está prevista por el artículo 24.3 del Estatut de Catalunya, que dice claramente que “las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”. Para incluir la propuesta de ley en el orden del día de una sesión parlamentaria se necesitan 50.000 firmas y las entidades implicadas ya tienen 90.000, pero de momento siguen recogiendo.

En un mes ya han visitado decenas de pueblos y ciudades porque saben que hay que sumar esfuerzos. Han presentado mociones en ayuntamientos como el de Barcelona, ​​que la ha aprobado, y tienen la agenda llena de actos. Han previsto organizar una huelga de hambre simbólica -en la que podrían implicarse personas conocidas durante un par de días-, una gran manifestación y también consultas populares, como las que se empezaron a hacer en la pequeña localidad de Arenys de Munt (Barcelona) sobre la independencia y que llegaron a más de 500 ayuntamientos, según explicó a catalunyaplural.cat Sergi Raventós, uno de los impulsores de esta iniciativa legislativa popular (ILP).

Para poder organizar consultas en todo el territorio hace falta un gran despliegue y una buena organización, según reconoce Raventós, pero por ahora todas las sensaciones que tienen los impulsores son muy buenas. “La propuesta se está extendiendo muy bien, la gente tiene ganas y está siendo un éxito”, valora Raventós, que destaca que todos los partidos de izquierdas y la inmensa mayoría de sindicatos ya han abrazado la causa. En caso de que finalmente se decida organizar las consultas en algunos municipios, los impulsores de esta ILP confían en que recibirán el apoyo de las organizaciones que hicieron posibles las consultas independentistas, como la CUP, la Asamblea Nacional Catalana o ERC. De hecho, tanto los partidos de izquierdas como sindicatos han implicado también en la recogida de firmas.

Todo ello debería servir para convencer a los partidos conservadores del Parlament, que tienen mayoría suficiente como para frenar esta ILP. Entre CiU y PP suman 69 diputados, mientras que ERC, PSC, ICV-EUiA y las CUP tienen 57. Ciudadanos cuenta con 9 diputados, pero su voto no cambiaría el resultado.

Una ayuda “mutilada”

La Renta Garantizada Ciudadana (RGC) debería sustituir la actual Renta Mínima de Inserción (RMI), que ha quedado “mutilada”, según Raventós, tras la reforma que hizo el Gobierno de Artur Mas en agosto del 2011: “El Gobierno restringió la RMI para frenar la avalancha de peticiones, ya que sabían que los ciudadanos sin trabajo irían terminando el paro”, recuerda Raventós. La forma en que el Gobierno de CiU empezó a aplicar las restricciones (suspendiendo el pago primero y estigmatizando a los beneficiarios después) provocó muchas críticas en el Parlament y también entre las entidades sociales. Además de endurecer los requisitos para tener derecho a este ingreso, algunas personas que sí los cumplían tuvieron que esperar más de diez meses para empezar a cobrar. Este retraso representa una enorme complicación si se tiene en cuenta que los que tienen derecho a la RMI a partir de la reforma son personas que sufren una gran precariedad.

La propuesta de ley de los impulsores, entre los que hay Arcadi Oliveres, ya ha fijado unos criterios de ingresos que debe recibir cada persona en función de su situación y de las personas que tenga a su cargo y que en ningún caso debe estar por debajo de los 664 euros al mes. Esta renta se cobrará mientras dure la situación de indefensión, según la propuesta. Según la legislación, en caso de aprobarse no se podría aplicar hasta el 2015, cuando las finanzas públicas podrían haber mejorado.