Seis oficinas castellano-manchegas darán apoyo a familias desahuciadas
Hasta 800 familias castellano-manchegas se encuentran actualmente con procedimientos ejecutorios ya iniciados. Es la cifra con la que trabaja la Consejería de Fomento y con la que ha elaborado un borrador para la creación de oficinas antidesahucios. Es una promesa electoral del presidente regional, Emiliano García-Page, cuyo primer esbozo ya ha sido enviado a los ayuntamientos, al colectivo de trabajadores sociales y a la Plataforma regional de Afectados por la Hipoteca (PAH). En la misma, el Gobierno regional propone la creación de seis sedes: una por cada capital de provincia (la de Toledo con carácter regional) y otra más en Talavera de la Reina.
En el documento, la Junta comienza reconociendo el derecho constitucional a la vivienda como de obligado cumplimiento y como una “necesidad básica, imprescindible para vivir con dignidad y seguridad”. Desgrana asimismo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ejecuciones hipotecarias y asegura que su propuesta busca hacer frente a esta “lacra social” y evitar que aumente el número de afectados.
Según detalla, las Oficinas Regionales de Intermediación Antidesahucios tendrán como primera función el seguimiento y análisis de situaciones de emergencia habitacional, labor constante con la que obtener una “radiografía clara y continuada” de la situación actual. Hecho esto, se mantendrá una “estrecha línea de diálogo y colaboración” con las entidades financieras, acreedores de aquella parte de la población objeto del observatorio. Después se procederá al asesoramiento e intermediación jurídica; y finalmente a la asistencia social con el fin de ofrecer soluciones de alternativa habitacional y/o apoyo social para cada situación concreta.
El objetivo de Fomento es sacar adelante estas oficinas con el consenso de colectivos de profesionales implicados en la cuestión, como abogados y trabajadores sociales, “buscando siempre la más fructífera colaboración con las entidades bancarias, conocedoras, de facto, de esta problemática social pero también económica”. Ante situaciones de desahucio, será cada una de las sedes el instrumento canalizador de información y del seguimiento de las mismas.
Abiertas a la colaboración
Las oficinas estarán abiertas a la colaboración de cuantas instituciones y colectivos quieran participar, como ayuntamientos, diputaciones, sedes judiciales, colegios profesionales, ONG y sindicatos. La Junta quiere que, junto al grupo de empleados públicos que integre cada oficina, se cuente con un equipo multidisciplinar conformado por abogados y trabajadores sociales.
En el primer caso, se firmará un convenio con el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha o con cada uno de los Colegios de Abogados de la región, con el objetivo de contar con un cuerpo específico en esta materia. En principio, se contaría con los abogados del turno de oficio (asistencia jurídica gratuita) y a través de la Universidad de Castilla-La Mancha o de los propios Colegios de Abogados recibirán formación específica en la materia. Se trata de convertir de que estas oficinas sean lo más integrales posibles para que ninguna familia quede desatendida.
