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Argel, Zeralda y Tamanrasset la ruta del oprobio

Las expulsiones se enmarcaron en una campaña oficial contra los inmigrantes subsaharianos acusándoles de los males que sufre Argelia y declarando que olían mal

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Cuerpos de Seguridad del Estado de Argelia. EFE

El maltrato a los migrantes no es patrimonio exclusivo de la rica Europa sino que se practica, igualmente, en países con los que mantenemos estrechas relaciones diplomáticas como es el caso de Argelia. Sin embargo, sobre hechos como los ocurridos el pasado uno de diciembre en Argelia, poco o nada se ha contado porque es un problema que no alcanzó a llegar a nuestras fronteras.

Han pasado casi ocho meses desde que más de 1.400 seres humanos –todos ellos negros– fueron detenidos en Argelia y expulsados a través de una macabra ruta de regreso a sus países de origen. Hasta ahora, tanto la comunidad internacional como los medios de comunicación guardan silencio. Seguramente la razón de ello ha de buscarse en que solo era un grupo de negros que han sido devueltos a países de negros como son Guinea–Conakry, Burkina Faso o Senegal.

Esta expulsión masiva de seres humanos, con la consiguiente apropiación o expropiación de sus bienes, el maltrato sufrido durante las expulsiones y la privación del derecho a cualquier recurso es una clara violación de una serie de convenios internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

El derecho a tener derechos ha de ser defendido allí donde se pueda y en un escenario complejo, del cual Argelia se ha aprovechado, siempre hay margen para reclamar e intentar buscar justicia para quienes no tienen más que la esperanza.

Desde esa perspectiva, y con el deseo de no privar de esperanzas a los que parecen no tener derechos, nos planteamos hace ya varios meses el desafío de encontrar una respuesta jurídica que satisficiera las legítimas expectativas de quienes fueron víctimas de tan brutales hechos.

Partiendo de ese punto, y teniendo presente que existen tres grandes sistemas de protección de los derechos humanos: el europeo –ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, el americano –a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y, finalmente pero no menos relevante, la Corte Africana de Derechos de los Hombres y de los Pueblos, entendimos que debíamos acudir al sistema africano de protección en función del lugar donde sucedieron estas violaciones de derechos fundamentales.   

Obviamente, cada uno de estos sistemas tiene sus particularidades, pero todos tienen algo en común: la defensa de los derechos humanos, unos criterios similares en materias procesales y criterios de admisibilidad de las demandas. En el caso de la Corte Africana de Derechos de los Hombres y de los Pueblos, tal cual sucede con la Corte Interamericana, existe una suerte de instancia previa que establece qué casos son dignos de ser llevados ante la Corte y cuáles no.

Como Argelia no ha ratificado todos los convenios y protocolos atinentes a la Corte, la única vía de exigirles responsabilidad por lo sucedido en diciembre pasado es a través de la Comisión Africana de Derechos Humanos con sede en Banjul (Gambia). Será la Comisión la que determine si las expulsiones masivas, las torturas, los tratos inhumanos y degradantes, las expropiaciones de bienes y las expulsiones masivas sin posibilidad de recurso vulneran o no la Carta Africana de Derechos Humanos y, en ese caso, llevar el asunto ante la Corte sin que Argelia pueda oponerse a su jurisdicción.

Finalmente, lo que hemos hecho, en función del encargo profesional de algunas de esas víctimas, es presentar una "comunicación" –denuncia– a la Comisión en la que se exponen detalladamente los hechos, las privaciones y los derechos que se entienden violados. Esta "comunicación" ha sido registrada por la Comisión y abrirá un procedimiento para establecer si estos hechos tienen o no la relevancia e intensidad suficiente como para presentar, ya por parte de la Comisión, el caso ante la Corte Africana. Estamos convencidos de que así será.

¿En qué se sustenta dicha comunicación?

Básicamente en algo fundamental, como lo que ya ocurrió en España con las "devoluciones en caliente" en Melilla y que en su momento llevamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la denegación del derecho a un recurso efectivo ante una autoridad judicial. Toda persona que va a ser expulsada de un país tiene derecho a que su caso sea oído por un Tribunal, pero cuando se producen "devoluciones en caliente" o expulsiones masivas como las cometidas por Argelia, el primer derecho que se vulnera es, justamente, el mencionado: el derecho a recurrir.

Obviamente, nuestra denuncia no se limita a esa vulneración de la Carta Africana, sino que también se centra en otras violaciones de derechos fundamentales cometidas durante las detenciones y en los días en que se materializaron las expulsiones. Ahora, sin duda, la pelota está en el terreno de la Comisión y estamos seguros de que ellos, perfectos conocedores de los principios que están en juego, nos ayudarán a defender los derechos de quienes parecen no tener derechos como son los inmigrantes.

¿Cuál fue el auténtico motivo para esas expulsiones?

Después de escuchar los testimonios de varias víctimas y leer las manifestaciones de algunas autoridades argelinas, no me cabe duda de que fue un acto de racismo y que, en absoluto, responde a razones de política migratoria. Todos los expulsados eran negros, todos residían y trabajaban en Argelia desde hacía tiempo, ninguno tenía problemas legales ni antecedentes policiales y todos fueron tratados como animales, encerrados en contenedores y trasladados forzadamente a través de miles de kilómetros a sus países de origen. Las expulsiones se enmarcaron en una campaña oficial contra los inmigrantes subsaharianos acusándoles de todos los males que sufre Argelia y declarando, incluso, que olían mal. Si esto no es racismo, entonces no sabemos qué lo será.

Estamos seguros de que este tipo de iniciativas jurídicas –a pesar del manto de silencio con el que se cubren- no solo son útiles sino, también, absolutamente necesarias para que todos, con independencia del color de su piel, tengan derecho a tener derechos porque los Derechos Humanos han de ser defendidos allí donde se pueda y con los instrumentos y recursos con los que se cuente.

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