Madrid Network: el bloqueo parlamentario como síntoma de una deriva institucional

La negativa de la Mesa a permitir la investigación sobre Madrid Network es el último episodio de una dinámica que limita de forma sistemática la labor de la oposición. Convertir un órgano administrativo en un muro político empobrece el debate público y debilita la transparencia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

En un parlamento democrático, la función de la oposición no es accesoria. Es un elemento esencial del equilibrio institucional: vigila, cuestiona y exige rendición de cuentas. Esa función se sostiene en reglas claras. Cuando esas reglas se alteran y los mecanismos de control se bloquean desde dentro, el deterioro no es solo político: es democrático. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid.

La decisión de la Mesa —con mayoría elegida a propuesta del Grupo Popular— de impedir la tramitación de la Comisión de Investigación sobre Madrid Network, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, representa mucho más que un desacuerdo procedimental. Refleja una tendencia preocupante: la utilización de la Mesa como instrumento para limitar el ejercicio legítimo de la oposición.

Cabe recordar que Madrid Network es una asociación público-privada creada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que, bajo el paraguas de la innovación, ha operado durante años como una estructura opaca vinculada al poder político madrileño. Gestionó en 2010 un préstamo estatal de 80 millones de euros para I+D+i, transferido desde la Comunidad de Madrid, destinando, siendo Antonio Beteta exconsejero de la Comunidad su presidente, 1,8 millones a Equipo Económico, la empresa vinculada al exministro Cristóbal Montoro y señalada en un escándalo judicial por contratos y pagos de dudosa justificación. Según la Cámara de Cuentas, desde 2018 no paga sus cuotas de devolución; mientras tanto ha recibido nuevas subvenciones del Gobierno de Ayuso, en tiempos también empleada de Madrid Network, por más de 300.000 euros. Todo esto ha obligado a la Comunidad a cubrir con dinero público, o sea, con dinero de todos los madrileños, lo que debía afrontar esa asociación. El resultado es que ya se han desembolsado más de 51,8 millones hasta 2023, y si sumamos 2024 y 2025 la cifra se acerca a 70 millones.

El recurso de amparo que hemos presentado se apoya en un principio básico recogido en el artículo 23 de la Constitución: los diputados tienen derecho a ejercer su labor en condiciones de igualdad. Ese derecho incluye promover iniciativas de control como las comisiones de investigación, una herramienta común en cualquier parlamento europeo. Es un derecho constitucional, no una concesión.

La solicitud presentada cumplía todos los requisitos formales exigidos por el Reglamento: apoyo suficiente, objeto definido, alcance delimitado y reglas de funcionamiento. La Mesa solo debía verificar esos elementos y permitir su tramitación. No lo hizo. Optó por asumir un juicio político que no le corresponde.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es inequívoca. Desde la sentencia 88/2012 —dictada, además, en un caso prácticamente idéntico en esta Cámara— el alto tribunal sostiene que las Mesas parlamentarias no pueden vetar debates por razones de oportunidad política. Su función es administrativa, no decisoria. La valoración política pertenece al Pleno.

Que la Mesa haya reincidido en esta práctica obliga a reaccionar. Las reglas están para cumplirse, no para reinterpretarse según conveniencia.

El caso de Madrid Network no es una excepción. Durante esta legislatura, la Mesa ha impedido o retrasado diversas iniciativas de control presentadas por los grupos de la oposición. A modo indicativo: preguntas rechazadas por supuestos defectos inexistentes; comparecencias sobre gestión sanitaria, residencias o ejecución presupuestaria bloqueadas durante meses; peticiones de documentación sometidas a dilaciones incompatibles con la función de control; o debates de impulso inadmitidos con argumentos que exceden el marco estrictamente formal.

La suma de estos episodios no responde a un problema técnico, sino a una determinada concepción del poder parlamentario: un espacio donde la mayoría controla no solo lo que se decide, sino también lo que puede discutirse. Ese enfoque reduce el papel de la oposición, empobrece el debate público y debilita la institución.

El Parlamento es, ante todo, un espacio de deliberación. Cuando un órgano interno decide qué asuntos pueden llegar al Pleno y cuáles no, se produce una inversión inquietante del orden democrático: la Mesa sustituye al debate y la mayoría parlamentaria sustituye a las reglas.

Ese desplazamiento no afecta solo al Grupo Socialista. Afecta al conjunto de la ciudadanía, que tiene derecho a que temas de relevancia pública —como la relación del Gobierno regional con una entidad como Madrid Network— puedan discutirse, explicarse y, si es necesario, investigarse.

Un Parlamento no puede permitirse convertir la excepción en norma.

El recurso que presentamos ante el Tribunal Constitucional no busca abrir una batalla institucional, sino restablecer un funcionamiento que nunca debería haberse alterado. Defiende no un trámite, sino un principio: que el control parlamentario corresponde al Pleno y a los grupos, no a la discrecionalidad de un órgano administrativo.

Se trata, en última instancia, de garantizar que el Parlamento madrileño conserve su papel como espacio de transparencia y rendición de cuentas. Porque una Asamblea que limita el control se limita a sí misma. Y una democracia que normaliza los vetos corre el riesgo de habituarse a la opacidad.