Rajoy mantiene la sombra de la corrupción en el PP valenciano
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha escrito un nuevo capítulo de su lucha contra la corrupción esta semana con la caída inmediata de su secretaria de Comunicación, Lola Johnson, horas después de concerse que era imputada por su gestión en el saqueo de Canal 9. Pero esta novela negra sobre el interior del PP valenciano no tiene un único autor, y a veces al propio Fabra también le tiembla el pulso cuando la escribe de su puño y letra.
Este mismo viernes fue el propio vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Císcar, quien recordo que las “líneas rojas” contra la corrupción que aplica Fabra se aplicarán en la confección de las listas electorales de 2015, pero sólo en aquellas candidaturas “que dependen de él”. De este modo recordaba que las candidaturas municipales de todas las capitales de provincia son propuestas por las direcciones provinciales y la competencia final la tiene el comité electoral nacional.
Y es que los imputados en los tres principales ayuntamientos de la Comunitat Valenciana son de peso. Están imputados la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (caso Brugal), el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller (caso Gürtel), y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (caso Nóos). En este apartado Fabra se ha mostrado titubeante e inseguro, cuando no resignado a permitir la continuidad de los imputados en sus cargos, consciente de su falta de autoridad dentro del PP valenciano, una falta de liderazgo que no le permite dar un golpe sobre la mesa y que tiemble todo el partido.
Los desafíos a Fabra de los barones valencianos han sido continuos, los principales los de Alfonso Rus, quien más allá de mantener la pugna personal también es uno de los principales defensores de la 'contradoctrina' de que un imputado no es un condenado. Pero Rus no está sólo en esta postura, sino que lo acompañan otros insignes 'populares' como el presidente de las Corts, Juan Cotino, (con la espada de Damocles de la justicia pendiente sobre su cabeza continuamente), o el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner.
Ante esta situación el cortijo de actuación de Fabra se circunscribe principalmente a su gobierno, donde ha destituído a 20 cargos por sus imputaciones (fácilmente prescindibles dado que són de libre designación y no electos), y a las Corts, donde algunos diputados han ido cayendo a medida que eran imputados. En total han sido 6 renuncias de diputados del PP en la cámara autonómica por verse envueltos en las causas judiciales (con una condena por medio, la del exalcalde de Torrevieja), y ha habido un expulsado, Rafael Blasco (que mantiene su acta de parlamentario). Pero no se han ido todos, todavía quedan cuatro diputados imputados que gozan de un escaño en las Corts: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.
Esto sucede porque Fabra habla de ser ejemplarizante, pero también da muestras de una contradictoria flexibilidad, y el punto límite para sentarse en un escaño como diputado del PP es que no se siente a la vez en el banquillo de los acusados; mientrastanto ahí estan. Todo ello demuestra que los estatutos del PP permiten ofrecer esta imagen de convivencia con los sospechosos de corrupción y Génova también permite ofrecer una tan débil imagen de lucha contra esta lacra.
