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La jueza anula el cambio de nombre de las calles franquistas en Alicante

El fallo considera que las competencias en la materia corresponden al pleno y no a la junta de gobierno local

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Un operario coloca de nuevo la placa de la 'Plaza División Azul' de Alicante

Un operario coloca de nuevo la placa de la 'Plaza División Azul' de Alicante @josempenalva

Una jueza ha anulado el acuerdo de la junta local de gobierno de Alicante que estableció el cambio de medio centenar de calles con nombres y reminiscencias franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, al considerar que esa decisión era competencia del pleno municipal.

Así se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Efe y que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

"No nos encontramos ante la necesidad de asignar un nombre a un vial o rotonda de nueva creación, ni de un cambio ordinario del nombre de una calle, sino ante el cambio de nombre de un número importante de vías del callejero del municipio, a consecuencia de la aplicación de una norma estatal, de especial calado y trascendencia política", señala la juez.

El fallo no entra en el fondo del asunto, al dar la razón a los demandantes, el grupo municipal del PP, en su tesis de que la decisión había de ser adoptada por el pleno de la corporación.

La jueza ya  paralizó cautelarmente en enero pasado la modificación del callejero acometida por las concejalías de Cultura y Memoria Histórica y ordenó al consistorio reponer las antiguas denominaciones de los viales, antes de la celebración del juicio, el 12 de septiembre.

La magistrada ha anulado ahora el acuerdo del 15 de noviembre de 2016 adoptado por la junta local de gobierno, integrada por el tripartito de izquierdas formado por PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís.

Descarta la aplicación de la ordenanza de 2009

La sentencia descarta que pueda aplicarse a este caso la ordenanza municipal de 2009 que atribuye la competencia para el cambio de nombres de calles a la junta de gobierno, como sostenían los servicios jurídicos municipales.

"Tratándose del desarrollo y cumplimiento de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica), debe atender a los principios y finalidad de la misma, siendo el pleno de la Corporación, en cuanto a órgano de máxima representación política de los ciudadanos, y en el que están representadas todas las fuerzas políticas, el competente para la adopción del acuerdo", reitera el juez.

En este sentido, recuerda, "así se entendió en un primer momento tanto por el pleno como por la comisión constituida" por éste para elevar una propuesta, y "fue la Concejalía de Memoria Histórica la que, en fecha 28 de octubre de 2016, acordó alterar tal criterio competencial".

La competencia del pleno en el cambio de calles es consecuente con los principios inspiradores de la propia ley estatal, cuya finalidad primordial es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura", añade.

A su juicio, resulta claro que el legislador empleó conceptos en la norma como "reconciliación, concordia, reencuentro de los españoles o vocación integradora propias del espíritu de la Transición" para que éstos inspiraran "todo el proceso de cambio de nombres del callejero municipal, buscando la unanimidad y el consenso entre todas las fuerzas políticas y cerrar heridas todavía abiertas en los españoles".

El tripartito "incumplió" el acuerdo del pleno

En un comunicado, el portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, ha afirmado que, con esta sentencia, "se demuestra que el tripartito incumplió el acuerdo del pleno y el texto y el espíritu de la Ley de Memoria Histórica".

Barcala ha acusado al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de "no asumir su responsabilidad al frente del gobierno municipal" y de "consentir que las cosas se hicieran de esta manera".

"Nos han estado acusando y acosando permanentemente, pero, al final, la juez ha dicho que habían infringido la ley", ha expuesto el portavoz del grupo popular, quien ha señalado: "Afortunadamente, los tribunales han puesto a cada uno en su sitio".

"Lo menos que podemos pedir es una disculpa pública de los grupos políticos del tripartito que durante todo este tiempo nos han difamado, pero sabemos que no lo van a hacer a pesar de la resolución judicial", ha manifestado Barcala.

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