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Nueva batalla contra la tecnología de espionaje

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Banner de la campaña por la liberación del activista bahreiní Ali Abdulemam

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Gobiernos como el de Mubarak en Egipto, el de Siria o el Bahréin, conocidos por la represión contra cualquier forma de oposición, han utilizado durante años tecnología occidental para espiar y censurar a sus ciudadanos. Activistas y organizaciones de derechos humanos tratan de alertar desde hace tiempo sobre la relación entre la exportación de ese tipo de tecnología a gobiernos autoritarios y la detención, tortura y asesinato de opositores. La batalla ha alcanzado un nuevo hito con la denuncia ante la OCDE de seis organizaciones contra dos empresas europeas de espionaje: Gamma Internacional y Trevicor.

La denuncia la firman Reporteros sin Fronteras Alemania, Reporteros sin Fronteras Internacional, Privacy International, Bahrain Watch, el Centro de Bahrain para los Derechos Humanos y el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales. Ahora la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) deberá decidir si investigar la complicidad de Gamma International y Trevicor en la persecución de activistas en Bahréin, uno de los países con los índices más alarmantes de represión y censura, según Amnistía International.

Las organizaciones de derechos humanos llevan años tras el Grupo Gamma Internacional, empresa europea con base en el Reino Unido que mantuvo desde 2009 relaciones con el Gobierno de Mubarak. En 2011, cuando miles de ciudadanos egipcios irrumpieron en la sede del Servicio de Investigación para la Seguridad del Estado para evitar la destrucción de pruebas que implicaban al gobierno en violaciones sistemáticas de derechos humanos, se encontraron, entre otros documentos, la propuesta comercial de Gamma Internacional al gobierno egipcio: 287,000 euros por un software llamado Finfisher, que se describía como de alta seguridad y que permitiría el seguimiento de los movimientos sobre un teclado, cuentas de correo, chat y páginas visitadas, así como herramientas de infección remota. La versión de prueba del software permitía hackear cuentas de Hotmail, Gmail, Yahoo y Skype, una de las herramientas más utilizadas por los activistas.

La relación entre el Grupo Gamma y el gobierno de Mubarak recibió un gran eco mediático y se ha convertido en un caballo de batalla para quienes quieren sentar un precedente a través de la exposición y denuncia de estas prácticas. No es, ni mucho menos, un caso aislado.

En una investigación realizada por Privacy International en 2012, se identificaron al menos 30 empresas del Reino Unido implicadas en la exportación de tecnología de espionaje a una lista de países que incluye Siria, Irán, Yemen y Bahréin. Se identificaron también más de 50 empresas estadounidenses que exportaban este tipo de tecnología, seguidas por Alemania e Israel como dos de los principales exportadores de esta industria que mueve billones de euros al año.

En noviembre de 2012 la Unión Europea anunció nuevas restricciones a la exportación de armamento digital, una iniciativa que pone sobre los gobiernos la responsabilidad de controlar las exportaciones a un listado de países actualizado regularmente. La alternativa al control gubernamental es apelar a la propia responsabilidad de cada empresa en la venta de sus productos mediante códigos de buenas prácticas, como el publicado por la Fundación Frontera Electrónica (EFF).

Por el momento ni las leyes gubernamentales ni la apelación a responsabilidad corporativa ha logrado evitar estas exportaciones, que son, según Christian Mihr, Director Ejecutivo de Reporteros sin Fronteras Alemania, equiparables a la venta de armas a países en conflicto:

"La falta de regulación en el comercio de tecnología de espionaje con gobiernos autoritarios es una de las principales amenazas a la libertad de expresión y el trabajo de derechos humanos a través de Internet. Estas exportaciones deben estar sujetas a las mismas restricciones que las de armas tradicionales"

Si se admite la denuncia, es más que probable que se concluya que ambas empresas violan las directrices de la propia OCDE para las empresas multinacionales, una lista de estándares y principios de conducta empresarial responsable que marcan los gobiernos. Supondría, como pretenden los activistas, un precedente importante en cuanto a la relación entre la tecnología de espionaje y las violaciones de derechos humanos fundamentales.

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