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El riesgo de defender

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Máxima Acuña, defensora ambiental peruana. Imagen de lamula.pe cedida para el informe El riesgo de Defender.

Máxima Acuña, defensora ambiental peruana. Imagen de lamula.pe cedida para el informe El riesgo de Defender.

Tomas Gómez es quien coordina desde hace algunos meses el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH. Tomás sustituyó a la lideresa Berta Cáceres después de su trágico asesinato el 3 de marzo de este año. Cuando lo visitamos hace unos meses en La Esperanza, al oeste de Honduras, nos dijo que ya había asimilado que a él también lo podían matar.

Yo no le creí en ese momento, parecía imposible. La reacción internacional por la muerte de Berta Cáceres había tenido tal repercusión que a nadie se le ocurría.

Hace 15 días intentaron matar a Tomás. Dispararon a su auto varias veces, pero no lo alcanzaron. Es el segundo intento de asesinato desde que lo visitamos. Esa misma noche balearon también la puerta de la casa de su compañero de COPINH Alexander García, mientras dormía con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Tristemente, los casos de Tomás y Alexander no son excepcionales. La media cada semana en América Latina es dos activistas de derechos humanos asesinados. El reporte de Oxfam “ El riesgo de defender” revela que esta cifra es un record desde que se tienen registros y las matanzas y los ataques en contra de defensoras y defensores están fuera de control. La de América Latina y el Caribe es la región –sin conflicto- más violenta del mundo, y también es la más peligrosa para los activistas: aquí se mata al 65% de los defensores de derechos humanos que son asesinados cada año en el mundo. Ahora hay una nueva característica: la violencia es cada vez más irracional y ya ni la notoriedad más alta protege a los defensores.  

Varios factores han llevado a esta situación dramática, y alimentan una espiral de violencia cada vez peor que termina justificando cualquier muerte. Ya nada sorprende y los ataques han tomado una apariencia de normalidad.

Existe una tendencia hacia la criminalización de los activistas que defienden los derechos humanos y que está acompañada de un fenómeno todavía más preocupante, la complicidad y participación directa de actores y entidades de los gobiernos en la violencia contra defensoras y defensores. Varios hechos, como la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, México, muestran el vínculo entre funcionarios, cuerpos de seguridad, autoridades y organizaciones delictivas para actuar de forma violenta contra quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación.

Los medios de comunicación nacionales lo alimentan y permiten. Son recurrentes las declaraciones en Guatemala, Paraguay o Perú donde tachan a activistas de   terroristas antimineros, antisistema o antiinversión, etiquetas que van sembrando el terreno y ponen las narrativas para que algunos entornos te vean como enemigo a combatir. Van deshumanizando. Este fue el caso de Berta Cáceres, Daniel Pascual o Máxima Acuña.

La justicia que no investiga agrava la situación. En Colombia, de los 219 casos de asesinato de defensoras y defensores ocurridos entre 2009 y 2013, en sólo seis se han generado sentencias. En ese país, sólo 12 casos han pasado a etapa de investigación, proceso o sentencia, lo que significa que el 95% de los crímenes se mantienen en la impunidad. En 2014, la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos de México -RNDDHM- informó que el 98.5% de ataques en contra de las personas que defienden los derechos humanos quedan impunes en este país.

¿Qué relación existe entre estos tres factores? Los gobiernos de la región han optado -casi por inercia y sin mucho debate- por salir de la desaceleración económica a través de mayores incentivos para la extracción de recursos naturales. A pesar de la insistencia de la Comisión Económica para América Latina - CEPAL, ni la década dorada de América Latina, ni la crisis que algunos países sufren en la actualidad, ha servido para que se replantee la necesidad de un mayor impulso a la diversificación económica. Más bien ha sucedido lo contrario. La región ha decidido que la salida a la crisis económica es a través de la expansión de la agroindustria, más minería y más megaproyectos energéticos. Defender esta estrategia económica es ahora más que nunca un tema de alta prioridad para los Estados, pero es también el caballo de batalla principal para los activistas adversarios.

A su vez la prevalencia de la cultura machista en Latinoamérica hace que las mujeres defensoras enfrenten riesgos y agresiones específicas, ya que en su acción desafían normas culturales, religiosas y sociales. Esto hace que sean víctimas con mayor frecuencia e intensidad de la estigmatización, la hostilidad, represión y violencia.

La región necesita repensarse en este aspecto, pensar con perspectiva, y salir de la espiral de violencia. Se deben priorizar los pactos sociales y políticos que defiendan la vida antes que todo, incluyendo los intereses económicos. Los gobiernos tienen que cumplir con los diferentes protocolos orientados a prevenir cualquier tipo de agresión hacia activistas de derechos humanos. Eliminar cualquier forma de represión, hostigamiento y criminalización que pueda ejercerse desde las instituciones públicas a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

La Esperanza es el nombre del pueblo de Berta y Tomas, y Utopía su lugar de trabajo. Buena metáfora para los tiempos que corren, ahora más necesaria que nunca.

Oxfam publica el informe El Riesgo de Defender  donde analiza el repunte de la violencia hacia activistas en América Latina, sus causas y las medidas que gobiernos, sector privado y sociedad civil deben tomar.

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