Coca-Cola suspende una inversión millonaria en Portugal en respuesta a un impuesto a los refrescos
La división ibérica de Coca-Cola European Partners (que abarca los mercados de España, Portugal y Andorra) ha suspendido un proyecto en Setúbal (Portugal) en el que tenía previsto invertir 40 millones de euros, según avanzó el pasado sábado el semanario Expresso. La decisión llega en respuesta a los planes del Gobierno portugués (una alianza entre socialistas, comunistas y el Bloco de Esquerda) de implantar un impuesto a las bebidas azucaradas.
“Todavía nos falta mucha información, a pesar de que confiamos en que la propuesta de ley sea modificada para minimizar el impacto social y económico de este escenario”, señaló el director para Portugal de la compañía, Andrés Curbelo.
La conocida como “fat tax” es un impuesto sobre las bebidas azucaradas incluido en los Presupuestos de Portugal para 2017 con el objetivo de penalizar productos considerados perjudiciales para la salud. El anterior gobierno del conservador Pedro Passos Coelho ya amagó en 2014 con implantarlo, pero finalmente lo desechó.
La tasa, que varía entre los 8 y 16 céntimos por litro, ha llevado a la empresa a suspender sus planes para ampliar la fábrica Refrige, situada en Azeitão, perteneciente al municipio de Setúbal, al sur de Lisboa. Esta planta cuenta en la actualidad con 265.000 metros cuadrados de superficie y estaba previsto ampliar las instalaciones en otros 28.000 metros cuadrados, con una inversión de 40 millones de euros durante en cuatro años.
Esta unidad de producción, propiedad 100% de Coca-Cola European Partners, genera 450 puestos de trabajo directos y 4.500 indirectos. El directivo de Coca-Cola Portugal indicó que, de los 192 millones de litros que produce anualmente la planta de Azeitão, el 72% es para consumo interno. Con un 30% de cuota en el mercado de refrescos luso, Coca-Cola sería la más afectada por este impuesto, que, reconoció, acabaría repercutido en el precio final, por lo que correría a cargo del consumidor. La recaudación esperada para el Estado, según Curbelo, sería de unos 80 millones de euros anuales.
El directivo señaló que “es prematuro” evaluar qué impacto tendría en las ventas de Coca-Cola la puesta en marcha de este impuesto, pero destacó que los precios de los refrescos en Portugal son muy elevados si se comparan con el poder de compra medio. “El consumidor portugués es muy sensible al precio y la fidelidad a la marca está condicionada por el esfuerzo”, subrayó.
Coca-Cola European Partners, la embotelladora europea de la multinacional que preside la multimillonaria española Sol Daurella, es la mayor embotelladora mundial de la marca de refrescos, fruto de la integración de tres embotelladoras europeas: Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischungsgetränke.
