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España pide anular el laudo que le obliga a pagar 128 millones por los recortes a las renovables

La solicitud ante la Corte de Arbitraje del Banco Mundial se presentó el pasado viernes y supone suspender por ahora la ejecución del laudo

En mayo, esa instancia dictaminó por unanimidad que España debía compensar al fondo Eiser y abrió un peligroso precedente para el resto de denuncias

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El ministro Álvaro Nadal, en una imagen de archivo.

El Gobierno se revuelve ante su primera derrota en el Ciadi, el organismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial que concentra buena parte de las decenas de denuncias de inversores extranjeros contra los recortes a la retribución a las energías renovables.

El Gobierno español registró el pasado viernes, 28 de julio, una "solicitud de anulación" del laudo que el pasado 4 de mayo estimó parcialmente una demanda presentada por las firmas Eiser y Energía Solar Luxembourg, según consta en la web del Ciadi. Ese laudo obligó a España a abonar 128 millones de euros, más intereses, por los recortes sufridos por tres plantas de energía termosolar en Ciudad Real.

La petición de España supone "la suspensión provisional de la ejecución del laudo", por lo que España, al menos, gana tiempo para no tener que abonar ya esa indemnización.

Previsiblemente esta se cargará al recibo de la luz, aunque el Gobierno ha modificado recientemente la Ley de Presupuestos para utilizar el superávit del sistema eléctrico para costear las posibles indemnizaciones y evitar un impacto directo en la factura. eldiario.es ha preguntado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por los fundamentos en los que ampara su petición, sin obtener respuesta.

El laudo sobre Eiser fue dictado por unanimidad de los tres árbitros encargados de dirimir este litigio y ha abierto un peligroso precedente para España en el resto de procedimientos que tiene abiertos y los que todavía pueden venir. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, llegó a advertir poco después de llegar al cargo de que, en caso de derrota, "el resultado de esos arbitrajes será que tenemos que subir la electricidad a todos los españoles en beneficio de aquellos que han recurrido".

"Injusto e inequitativo"

El laudo que el Gobierno pide anular consideró que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura, cuando el responsable de la Secretaría de Estado de Energía era Alberto Nadal (hermano del actual ministro), "fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión".

El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes de una hipotética planta eficiente. Un testigo del IDAE que aportó España "admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso", dio alguna respuesta ambigua y mostró "una evidente falta de conocimiento" sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.

El laudo reveló que Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación para "una solución amistosa" antes de presentar su demanda de arbitraje. Durante el procedimiento, los peritos propuestos por España no resultaron convincentes frente a los informes "completos y profesionales" de la otra parte; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa, sin éxito.

Uno de los últimos nombres conocidos en la larga lista de más treinta demandantes es, como adelantó eldiario.es, el del gigante francés Electricité de France, que se ha sumado a, entre otros, fondos soberanos como el de Abu Dabi, empresas municipales de Alemania, el fondo de pensiones de los funcionarios de Canadá, fondos ligados a Deutsche Bank y BNP, una filial de la japonesa Toyota y algunas compañías eléctricas como el gigante alemán RWE y la estadounidense NextEra.

Algunas estimaciones cifran la suma que España se juega en indemnizaciones por estos litigios supera los 5.000 millones, aunque, según El Confidencial, el Gobierno rebaja la factura a un máximo de 3.000 millones. De momento, el gasto en asesorías para defender a España en estos litigios supera ya los 20 millones de euros. Sólo en junio, la minuta fue de 3 millones.

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