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El PP se compromete a reducir el impuesto a las eléctricas que Endesa pide bajar

El Gobierno lo puso en marcha en 2013 y aseguró que no se repercutiría al consumidor, pero ahora los conservadores creen que permitirá un "abaratamiento de la factura"

La eléctrica propuso hace una semana una "reducción o eliminación del impuesto del 7% sobre la generación" eléctrica para lograr "una reducción en la factura eléctrica"

"Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado", dicen los populares

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El ministro de Industria saluda al presidente de Endesa, Borja Prado, en un encuentro en IESE en febrero de 2013. EFE

El ministro de Industria saluda al presidente de Endesa, Borja Prado, en un encuentro en IESE en febrero de 2013. EFE

Una semana después de que Endesa propusiera una "reducción o eliminación del impuesto del 7% sobre la generación" de electricidad para lograr "una reducción en la factura eléctrica" y "mejorar la competitividad de la economía", el PP ha recogido el guante.

"Reduciremos los impuestos sobre la generación eléctrica, garantizando en todo caso la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, lo que redundará en un abaratamiento de la factura", dice el documento de medidas económicas de este partido para las próximas elecciones generales, presentado este miércoles.

Los argumentos recuerdan a los que expuso Endesa el 23 de noviembre, cuando remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la última actualización de su plan estratégico. Endesa dijo en esa presentación que la "reducción o eliminación" del citado impuesto implicaría "una reducción en la factura eléctrica" y supondría "mejorar la competitividad de la economía".

Los impuestos que el PP ahora promete rebajar entraron en vigor en enero de 2013, tras la aprobación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la denominada reforma energética impulsada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, para embridar el multimillonario déficit de tarifa. El año pasado, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica (que recauda Hacienda y que luego ingresa el Tesoro al sistema eléctrico) aportó a las arcas públicas 1.459 millones de euros, según el último informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria. Su puesta en marcha, que aplica a todas las tecnologías (tradicionales y renovables) suscitó el rechazo de todo el sector. Un recorte del gravamen beneficiaría a todos los productores, incluyendo a Abengoa, líder en energía termosolar y en preconcurso de acreedores desde la semana pasada.

El PP parece asumir en su programa que la puesta en marcha del conocido como 'impuestazo' eléctrico ha tenido efectos en los precios de la luz, pese a que Soria lo negara en el momento en que se anunció (septiembre de 2012), tras no pocos forcejeos con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "No está en la previsión del Gobierno que haya esa repercusión porque, insisto, ya en el propio planteamiento de estas medidas hay una distribución bastante equitativa sobre la distribución del precio del ajuste", dijo el titular de Industria en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se anunció la medida. 

Terminar el ATC

Entre las medidas relacionadas con la energía que recoge el documento 'Consolidar la Economía para crear Empleo y Bienestar' también está la de mantener la energía nuclear "como parte integrante del mix energético" y terminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, cuya puesta en marcha en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) se ha atragantado al Gobierno en esta legislatura. El PP, que en los últimos años se ha mostrado a favor de prorrogar la vida útil de las centrales atómicas hasta los 60 años, también promete "congelar la parte de la factura" eléctrica "que depende del Gobierno", como viene haciendo hasta ahora, y "aprovechar los superávits del sistema que puedan surgir para rebajarla".

Sin aportar ninguna cifra y sin referirse a la pobreza energética, el documento también apuesta por reforzar la protección del bono social para "los consumidores en situación de vulnerabilidad": "En concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, impulsaremos la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión".

Los conservadores consideran "corregidos los desequilibrios estructurales del sistema energético" y se precian de haber "seguido apostando por las energías renovables", cuya retribución se ha recortado drásticamente en esta legislatura. Apuestan por introducir "progresivamente nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas, especialmente en aquellas tecnologías con mayor incidencia en la creación de empleo y desarrollo industrial". Aunque, sobre el autoconsumo, ni una palabra.

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