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Los presupuestos sorprenden por su optimismo

  • El grueso de las medidas de ajuste recae sobre los ciudadanos
  • El Gobierno no desgranará los recortes hasta el sábado
  • Economía prepara 43 medidas liberalizadoras para cumplir con las recomendaciones de Bruselas y allana el camino al rescate

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¿Se mantendrán las prestaciones por desempleo? ¿Se compensará a los pensionistas por la desviación del coste de la vida? ¿Cumplirá el Estado con la ley de Dependencia? ¿Cuánto será el hachazo en infraestructuras? ¿Habrá nuevas medidas destinadas a cofinanciar la sanidad? ¿Quedará algo de Cooperación al Desarrollo? Tras seis horas de Consejo de Ministros extraordinario y casi dos horas de rueda de prensa la respuesta es: no se sabe. El Gobierno presentó ayer unos Presupuestos anunciados como los más austeros de la historia en cuya descripción realizó un meditado ejercicio de oscurantismo informativo.

Son unas cuentas diseñadas bajo el escenario de una evolución macroeconómica sorprendentemente positiva. Así, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis de Guindos, prevé que en 2013 la economía siga cayendo pero que lo haga en un moderadísimo 0,5%.

Esta previsión choca frontalmente con las estimaciones de los analistas internacionales o de organismos como el FMI que prevé que la economía se contraiga un 1,2% el próximo ejercicio.

Además, según los datos que maneja el Ejecutivo, aún se destruirían otros 200.000 puestos de trabajo en 2013. De Guindos defendió el optimismo de estas previsiones asegurando que con los datos disponibles del tercer trimestre de 2012 la economía no se “ha deteriorado” respecto al trimestre anterior.

Bajo la directriz de que este sábado se llevarán las cuentas públicas al Congreso y será entonces cuando se conocerán los recortes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apenas esbozó los recortes que el Ejecutivo llevará a cabo en 2013 para cumplir con el déficit impuesto por Bruselas (4,5% del PIB).

A preguntas directas de los periodistas, Montoro emplazó a los medios al sábado para conocer las cifras del ajuste presupuestario que, en algunos casos, aseguró no saber en detalle pese a ser el responsable de la dirección de los tijeretazos. En un claro guiño a los mercados, tanto el titular de Hacienda como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistieron en que el grueso del ajuste se cargará en el gasto y no en los ingresos.

Impuesto sobre Loterías

Pese a este desequilibrio en el diseño de las cuentas públicas, fueron precisamente las medidas destinadas a recaudar más ingresos las que se detallaron de forma explícita. El único conejo que el Gobierno sacó de la chistera fue el anuncio de un nuevo impuesto sobre los premios de Loterías, que se gravarán en un 20% sobre las ganancias superiores a 2.500 euros. Así, un premio tan afamado como el Gordo de la lotería de Navidad pasará a estar premiado con 320.000 euros por décimo, en lugar de con 400.000.

También afectará a los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE.

Con esta medida, el Gobierno pretende recaudar 824 millones de euros, más que lo que presupuestó obtener con la amnistía fiscal en este ejercicio.

El otro pilar para captar ingresos será el límite de amortización por deducción para las grandes empresas, que se fijará en el 70% y que tendrá un límite temporal hasta 2014. Además, se espera recaudar 300 millones de euros gracias a la actualización del balance de empresas.

El resto del nuevo paquete impositivo lo soportan los ciudadanos, con la prórroga del Impuesto de Patrimonio (700 millones de euros), el final de la compra por deducción de vivienda (90 millones de euros) y la vuelta del impuesto sobre las plusvalías a corto plazo que se descuenta del IRPF.

Según las previsiones de Hacienda, la partida de recaudación procedente de las empresas será la única que seguiría cayendo el próximo ejercicio, mientras que el IRPF o el IVA aumentarían sus ingresos y serían el auténtico soporte de las arcas del Estado.

Con una vela a Bruselas y otra a las elecciones autonómicas, la vicepresidenta defendió en todo momento que los presupuestos son eminentemente “sociales”, ya que el 63,6% del gasto se engloba bajo  este epígrafe. Sin embargo, un año más, será el gasto en pensiones y en prestación por desempleo los que devoren la partida, dejando el resto de las prestaciones sociales con una presencia raquítica en las cuentas.

Plan de reformas

De Guindos dibujó también los principales ejes del plan estructural de reformas que acometerá España el año que viene y que materializan las condiciones de Bruselas para que el país pueda solicitar el rescate total. De Guindos dijo que las 43 leyes que pondrá en marcha el Gobierno estarán encaminadas a liberalizar sectores claves como la energía o los servicios. Con todo, los detalles también fueron escasos a la espera de conocer los borradores de los proyectos de ley.

Lo que sí se sabe es que habrá una autoridad fiscal independiente cuya misión será vigilar las cuentas de todas las administraciones públicas.

De Guindos avanzó algunas de las eternas promesas del Partido Popular, como el final de la obligación de colegiarse para determinadas profesiones o la agilización para la creación de empresas. También anunció el aumento de medidas para la creación de pequeñas empresas y la instrumentación de vehículos que faciliten a las pymes saltar a cotizar en el mercado conocido como MAB. La enésima reforma del contrato de formación y empleo o la culminación de un mercado único completaron el elenco de reformas adelantadas.

Pese a la escasez de detalles, Bruselas se precipitó en felicitar al Gobierno español por las reformas, que van “más allá” de sus recomendaciones, según aseguró en un comunicado el departamento de Olli Rehn. Esta calurosa acogida de las medidas por la Comisión allana el camino a la petición del rescate durante el mes de octubre. El mercado descuenta que el presidente Mariano Rajoy está esperando a que pasen las elecciones autonómicas del 21 de octubre en Galicia y País Vasco para solicitar el rescate total.

La idea de Rajoy solo sería sostenible con una prima de riesgo en el entorno de 400 puntos, es decir, en los niveles de la semana pasada. El jueves ha cerrado en 449 puntos. La reciente subida de la percepción del riesgo sobre España ha disparado este diferencial y puede complicar los planes del presidente, ya que el Estado tiene que hacer frente en octubre a vencimientos de la deuda por valor de 29.000 millones de euros.

Precisamente, el pago de los intereses de la deuda es, según Montoro, la única partida, junto con las pensiones y las becas, que sube en las cuentas públicas. Este gasto sube en 9.742 millones de euros –para un total de 38.590 millones– y se lleva por delante cualquier ajuste presupuestario.

Los mercados abrirán el viernes poniendo a prueba estos opacos presupuestos y con la mirada puesta en los resultados de los nuevos test de estrés a la banca que la consultora Oliver Wyman dará a conocer.

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