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Las sospechas siguen abiertas sobre los préstamos de Caja España a su expresidente

La acusación particular (IU y Ecologistas en Acción) reclama que se impute a los 17 miembros del consejo de administración de la antigua entidad crediticia por un delito de administración desleal.

Un informe del Banco de España desvela que el 80% de las operaciones que Caja España hizo con Santos Llamas eran de riesgo y no estaban computadas como tales por la caja, por lo que “no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”.

IU exige agilizar el proceso judicial que se inició en 2011 para demostrar “que al menos funciona una pata del Estado en defensa de la legalidad”.

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Santos Llamas dimite "de manera irrevocable" como consejero de Caja España-Duero

El empresario leonés Santos Llamas, que fue presidente de Caja España.

Es una de las guerras judiciales abiertas en Castilla y León. Otra más sobre la gestión de las antiguas cajas de ahorro. Una más sobre los pasos previos a aquel ‘músculo financiero’ que se quiso implantar desde la Junta de Castilla y León.

Desde que en 2011, IU y Ecologistas en Acción dieron el paso de denunciar la gestión de la antigua Caja España, antes de fusionarse con Caja Duero, que hoy es Unicaja, se tomaron decisiones judiciales. Pero todavía, cuatro años después, nadie aclara los motivos por los que se concedieron préstamos millonarios, y se renegociaron, con el que fuera presidente de la entidad leonesa, el empresario Santos Llamas. Casi nadie lo trata de esclarecer. Salvo los peritos del Banco de España, quienes reconocen ante el Juzgado de Instrucción número 5 de León que la refinanciación de estos créticos responde a “razones inexplicables, ya que ni siquiera superaban el informe de riesgos elaborado” por la propia Caja España.

El abogado de IU y de Ecologistas en Acción, Gorka Esparza, reconoció esta semana, en rueda de prensa, que todo ello puede ser constitutivo de un delito de administración desleal pero que no solo cometió Santos Llamas, sino “todo el Consejo de Administración” de la entidad. En opinión del letrado, “en lugar de salvaguardar los intereses de la entidad, trabajaron en beneficio personal y de las empresas” del empresario leonés.

Por ello, reclamaron que se “imputara” al Consejo de Administración, a sus 17 miembros, y creen que también “algún responsable de la Consejería de Economía y Empleo” de la Junta de Castilla y León “debería explicar ante el juez, “también como imputado”, las razones por las que se “autorizó, como exige la Ley de Cajas de Castilla y León, la refinanciación de las deudas de Santos Llamas”, según explicó el todavía coordinador regional de IU, José María González.

Las sospechas se centran en 29 operaciones de Caja España con cuatro sociedades del empresario leonés y 17 de Caja Duero con tres de sus sociedades. En total, se negociaron 76,7 millones de euros en unas operaciones que fueron autorizadas, en su mayor parte, por la Consejería de Economía. Sin embargo, advertían de que esas aprobaciones no significaban “pronunciamiento alguno sobre la oportunidad de su concesión”.

Según este informe, el 80 por ciento de las operaciones firmadas con Caja España eran de riesgo y no estaban computadas como tales por la entidad. La acusación particular calcula que el quebranto para la entidad financiera ascendió a cerca de 47 millones de euros.

Pero también, este informe del Banco de España, ratificado el pasado mes de enero por peritos del organismo supervisor, desvela que Santos Llamas pudo haber presidido Caja España de forma ilegal durante casi dos años y otros dos como consejero, también de forma irregular por las deudas que tenía con la entidad. El informe decía que “Santos Llamas no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”.

Es decir, que las sospechas siguen abiertas cuatro años después de que IU y Ecologistas en Acción lo llevaran al Fiscal Jefe de Castilla y León y este lo trasladara a los juzgados de León.  Cerca de cuatro años sin un pronunciamiento claro. Solo declaraciones de imputados. Y poco más.

El procurador regional por IU, José María González, reclamó al Juzgado de Instrucción número 5 de León que agilice la instrucción para demostrar que “al menos funciona una pata del Estado en defensa de la legalidad”. Y añadió que si no ocurre así llegaría a la conclusión de que “se dilata de propio intento”. Entre junio de 2013 y enero de 2014 no ha habido nuevas actuaciones.  

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