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El Gobierno prevé que 2.500 hogares tengan reconocido el derecho a vivienda en 2018

En 2018 se adjudicarán viviendas en alquiler mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV)

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Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

2.500. Ese es el número de familias que tendrán reconocido el derecho subjetivo a la vivienda (DSV) recogido en la Ley de Vivienda al cierre de 2018. Es lo que ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno, Iñaki Arriola, durante la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento. E l área de vivienda cuenta con 126,9 millones de euros, pero se gestionarán 325,5 millones, ya que hay que sumar las partidas de las que disponen las sociedades públicas Alokabide (77,8 millones) y Visesa (122,7 millones). El 62 % del gasto está dirigido a políticas de alquiler y el 26 % de rehabilitación urbana.

El programa de vivienda se centra en tres objetivos. El primero, desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda.  Para satisfacer este derecho, en 2018 se adjudicarán viviendas en alquiler mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales, y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV). Se estima en 2.500 el número de hogares que tendrán reconocido el DSV al cierre del ejercicio. La partida destinada a cubrir esas prestaciones económicas se ha dotado con una partida ampliable de 2 millones de euros.

Viviendas deshabitadas

El segundo objetivo del Departamento es el impulso del alquiler, a través de la nueva edificación, la captación de viviendas deshabitadas y las ayudas directas al pago del alquiler. El objetivo para 2018 es alcanzar las 5.400 viviendas captadas por el programa Bizigune (la partida sube un 8%, hasta los 26 millones, y la renta máxima a abonar a los propietarios sube a 600 euros desde los 525 actuales) y otras 400 viviendas a través del programa ASAP.

Y, además, el departamento pretende impulsar la rehabilitación del parque residencial para favorecer "la integración social de las personas que viven en los barrios más degradados".

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