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El PNV se agarra a las propuestas del PSE para que la ley de Abusos Policiales tenga "seguridad jurídica"

Acepta los cambios planteados por los socialistas tras la advertencia de la Abogacía del Estado de posible inconstitucionalidad del texto: no citar la “represión ilícita” o evitar la “teoría del conflicto”

El Gobierno de Urkullu no ha mantenido conversaciones discretas con el PP, que rechaza la norma, a diferencia de lo ocurrido con el decreto anterior

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El PNV ha cerrado con el PSE-EE la redacción final de la ley para el reconocimiento de las víctimas de violencia policiales desde la Transición hasta 1999, unas 400 en total. El nuevo texto dota de “mayor seguridad jurídica” a la propuesta inicial del Gobierno de Iñigo Urkullu, amenazada de recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado al entender que podría abrir la puerta a una justicia paralela y a la aparición (y resarcimiento) de casos poco claros.

El Ejecutivo nacionalista fía a estos cambios que no llegue la impugnación anunciada por parte del Gobierno del PP, partido que votará ‘no’ en Euskadi, ya que a diferencia de lo ocurrido en la pasada legislatura, cuando con Patxi López se abordaron los casos hasta 1978, no se está produciendo ninguna conversación discreta para llevar a buen puerto una materia extremadamente sensible. Los socialistas, cuando gobernaron en Euskadi, negociaron el primer decreto de reconocimiento de las víctimas policiales, evitando así cualquier recurso ante los tribunales. Algo que los peneuvistas no han hecho.

El PNV se había fijado la aprobación de esta norma como una prioridad de legislatura. Lo hizo primero vía decreto, pero la Justicia admitió los recursos del Estado al entender que era endeble la armazón jurídica para el reconocimiento de estas víctimas, sobre todo porque no se exigía una resolución judicial. A contrarreloj, el Gobierno presentó en abril su propuesta por segunda vez, ahora como ley, y durante la tramitación no ha tenido con la oposición la flexibilidad habitual en los trámites parlamentarios precisamente para que no decayera con la convocatoria de elecciones. El resultado, con el final de la legislatura en ciernes, es que el texto está listo para ser aprobado en un pleno extraordinario previsto para el 28 de julio tras pasar por ponencia (mañana) y por comisión (el día 20).

Los nacionalistas y EH Bildu habían configurado un nuevo eje de entendimiento en este tramo final de la legislatura, sacando juntos leyes como la municipal, la de muerte digna o la de turismo. Pero en esta ocasión, y a última hora, el PNV ha recurrido al PSE-EE. Los socialistas han informado hoy de que el grupo nacionalista ha aceptado el grueso de sus 31 enmiendas, lo que incluye matizaciones para evitar la “teoría del conflicto” (que el reconocimiento de estas víctimas legitime el terrorismo de ETA), el cambio de expresiones como “represión ilícita” o todas las cautelas para evitar que el Estado interprete que se crea una “justicia paralela”. Las víctimas, explican fuentes socialistas, tendrán derecho a la verdad, no derecho a la justicia, que no es una competencia autonómica.

Otro de los principios que se introducen ahora en la ley será el de colaboración entre la comisión vasca de valoración de víctimas y los tribunales ordinarios. Los casos, asimismo, se limitan a 1999, es decir, no se abordan situaciones que aún no han prescrito según el Código Penal. El socialista Patxi Elola, encargado de las complejas negociaciones con Iñigo Iturrate (PNV), incluso de madrugada, explica que se ha buscado una salida que atienda a los damnificados y que, a la vez, no les genere falsas expectativas.

Los ‘populares’, muy críticos

El PSE-EE, asimismo, busca blindar la ley de un recurso de inconstitucionalidad al derivar a un decreto posterior el protocolo concreto de valoración de las víctimas. El precedente del decreto que reconoció a casi 200 víctimas hasta 1978 llegó fruto de conversaciones discretas con el Estado, negociación que ahora no se está produciendo. “Lo que había que cambiar ya lo hemos cambiado. Entendemos que viene a dar mayor seguridad jurídica. Por lo demás, con Madrid no hay relación”, confirman desde el Gobierno del PNV.

Fuentes del PNV en el Parlamento sostienen que el texto original ya tenía “buenas bases” aunque explican que la nueva redacción la deja “bien engrasada”. No aprecian ninguna “invasión de competencias”.  Insisten también en que el acuerdo con el PSE-EE no es excluyente y aspiran a ampliarlo con EH Bildu y PP.

La coalición de la izquierda abertzale no ha puesto trabas a la tramitación parlamentaria de la ley y no se espera un ‘no’ el próximo 28 de julio. Incluso ha apoyado en las últimas semanas al PNV para evitar que PP y UPyD tuvieran más tiempo para presentar enmiendas, lo que en la práctica hubiese impedido tener la norma esta legislatura. Pero EH Bildu ve muy corto el planteamiento que se hace. Reclama ampliar más allá de 1999 el reconocimiento de las víctimas y ser más contundente contra las torturas, por ejemplo.

En cuanto al PP, PNV y PSE-EE han incorporado a su texto alguna modificación técnica planteada por Carmelo Barrio, su portavoz. Pero éste sigue sin compartir el fondo de un texto que, a su juicio, constituye un “reconocimiento paralelo a la Justicia”. Los ‘populares’ no comparten que se hable de víctimas de “motivación política”, una redacción aceptada por el PSE-EE, y ven improbable que el Gobierno central pase por alto la norma una vez aprobada.

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