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El PP se estrella otra vez al insistir en endurecer la RGI

Protesta por el recorte en los derechos sociales junto a una sede de Lanbide.

Eduardo Azumendi

Una vez más, el intento del PP de modificar la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)  para endurecer sus requisitos se ha estrellado contra el resto de los partidos de la Cámara. En la pasada legislatura, todos los grupos del Parlamento vasco ya rechazaron otra propuesta del PP que exigiendo cinco años de empadronamiento y no tres para acceder a la RGI. La pasada legislatura el PP impulsó  la plataforma ‘Ayudas más Justas’, que llevó al Parlamento más de 40.000 firmas  para restringir el acceso a ese subsidio.

Ahora, el PP ha presentado una proposición no de ley para modificar la normativa que regula las ayudas sociales con el fin de que “lleguen a las personas que realmente lo necesiten” y se eviten situaciones “irregulares, abusivas y de fraude”. Todos los grupos enmendaron a la totalidad esta iniciativa y al final la propuesta que ha salido adelante insta al Gobierno vasco  a promover un pacto social para “consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad” del sistema vasco de protección social. También debe presentar en un plazo de cinco meses un diagnóstico sobre la situación de la Renta de Garantía de Ingresos. El PP se ha abstenido porque  “no es momento de pactos” ni de “parches”, según su parlamentaria Laura Garrido.

El pacto deberá incorporar algunas modificaciones del sistema “que permitan optimizar todos los aspectos inherentes a la RGI”, con el fin de consolidarla “como instrumento de conexión social para responder a las nuevas situaciones de pobreza generadas por la crisis”.

En estos momentos, una comisión adscrita al Departamento de Empleo y Políticas Sociales está elaborando un informe de diagnóstico de la RGI. El estudio debe servir  como “punto de partida” para iniciar la revisión de la normativa reguladora de los servicios de protección social.

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha recordado que la RGI ayuda a compensar la pobreza de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y que -además- ayuda a “salir adelante” a más de 12.000 trabajadores con empleos precarios. Por ese motivo, ha reprochado al PP que pretenda “estigmatizar” y poner “bajo sospecha” a los perceptores de estas prestaciones.

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