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Protesta de policías en Vitoria: el éxito llega al tocar el bolsillo ciudadano

Aunque las movilizaciones ya estaban en marcha, las reivindicaciones de los agentes de la Policía Local sólo han tenido eco cuando han venido acompañadas de una oleada de multas calificada ya de "abusiva" por el alcalde, Gorka Urtaran

Este lunes se celebra una nueva reunión para intentar desatascar el conflicto

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Un policía de Vitoria, de servicio este fin de semana

Un policía de Vitoria, de servicio este fin de semana

Miércoles. Tarde lluviosa y plúmbea en Vitoria. Una patrulla de la Policía Local se detiene en el medio del insuficiente aparcamiento junto al centro de mayores de Lakua-Arriaga. En la puerta, los trabajadores observan con temor los movimientos de los agentes: en los últimos días han multado a muchos usuarios del centro, incluidas algunas mujeres con problemas de movilidad. Lo mismo ha ocurrido en otros barrios de la capital vasca. La 'huelga de celo' que han emprendido algunos funcionarios y que consiste en aplicar hasta la última disposición del reglamento municipal de tráfico está en boca de todos, conductores, ciclistas y hasta peatones. El alcalde, Gorka Urtaran (PNV), que habla de prácticas "abusivas" de algunos uniformados, se ha visto obligado a reconocer que las sanciones, algunas de hasta 500 euros, se han disparado de 200 a 1.200 en los diez días de movilización. Hay algún caso de agentes que han pasado de una multa semanal a 80.  Este lunes se celebra una nueva reunión para intentar desatascar el conflicto.

Se da la circunstancia de que no es la primera movilización encubierta en la Policía de Vitoria, que como todos los cuerpos policiales de España carece del derecho de huelga. Desde hace tiempo se estimó que había que intensificar las protestas internas para forzar al Ayuntamiento a negociar determinadas mejoras, como este mismo año han hecho los socorristas de las piscinas - que cerraron las instalaciones deportivas en pleno verano- o los operarios de la contrata de limpieza. Y un sector de la plantilla entendió que era momento de no acudir ante las solicitudes de refuerzos.

Como contó eldiarionorte.es, una treintena de agentes se negaron a reforzar el operativo diseñado para la tarde del 4 de agosto, la del inicio de las fiestas de La Blanca. Por vez primera, para la bajada de Celedón, que suele congregar a unas 50.000 personas en la Virgen Blanca y alrededores, Ertzaintza y Policía Local habían diseñado un operativo especial de control con motivo de la alerta antiterrorista 4. Pocos días después, de hecho, se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils.

Pero en aquel momento nada se habló de la movilización policial. Eran días de vino y risas. La opinión pública no estaba para reclamaciones laborales. Ahora, cuando las protestas están afectando al bolsillo del ciudadano, el golpe de efecto ha sido mucho mayor, aunque además del celo en sancionar las infracciones -pedalear por la acera, cruzar la carretera en rojo, circular demasiado despacio, estacionar mal, aparcar al revés- se mantiene el 'no' a realizar refuerzos, entre otras medidas. Oficialmente, eso sí, no hay nada en marcha ni sindicatos detrás. "Me gustaría matizar que no hay ningún tipo de huelga ni nada", despeja un delegado sindical.

Registros en uno de los controles de acceso a Celedón

Registros en uno de los controles de acceso a Celedón I.R.

¿Qué piden estos funcionarios? La plataforma no es nueva. Cobertura de las bajas ocasionadas en la plantilla en los últimos años, cambios en el calendario para reducir las movilizaciones extraordinarias y los refuerzos y exigencias salariales para recuperar poder adquisitivo. Tras el intento fallido de finales de la pasada semana, se espera para este mismo lunes una reunión negociadora con los responsables de Seguridad, un área dirigida por el socialista Carlos Zapatero dentro del gabinete de Urtaran (PNV).

El debate, en todo caso, continúa en la calle. ¿Se están excediendo? ¿Es culpa de los agentes o de un reglamento que, efectivamente, recoge todas esas sanciones y esas cuantías tan elevadas? ¿Se había hecho dejación de funciones hasta ahora al permitir por sistema, por ejemplo, que en colegios muy conocidos de la ciudad las dobles filas sean una constante mañana sí tarde también?

El alcalde Urtaran realiza la siguiente reflexión: " Creo sinceramente que nuestra actuación no es merecedora de una presunta 'huelga de celo' por parte de algunos policías locales que, además, paga injustamente la ciudadania gasteiztarra. La ley no permite una huelga de este tipo, la considera ilícita y abusiva. Si se demuestra que alguno de los agentes comete un acto ilícito y abusivo, tendrá consecuencias. No caben actos ilícitos o abusivos como medio de presión, menos por parte de un servidor público; menos cuando el pagano es la ciudadanía gasteiztarra".

La edil de Hacienda, por su parte, ha reconocido que el Ayuntamiento no puede dejar de tramitar esas multas... y cobrarlas. “En esta cuestión es imposible actuar de forma arbitraria. Tenemos una Ley de Tráfico y Seguridad Vial que establece claramente la obligación que la Administración tiene de incoar procedimiento sancionador al tener noticia de una infracción denunciada por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. Invitar al Ayuntamiento a guardar en un cajón las denuncias es invitarlo a vulnerar la ley, algo que no podemos plantearnos”, valora Itziar Gonzalo.

Entretanto, el Síndico (Defensor del Vecino), Martín Gartziandia, planteó en 'El Correo' que el Ayuntamiento no dé curso a las multas abusivas. Y recomendó a los ciudadanos ejercer el pronto pago y recurrir los expedientes. 

El conflicto también ha tenido derivadas políticas. Urtaran ha acusado abiertamente a su predecesor en el cargo, Javier Maroto (PP), de haber abandonado la Policía y de haberle legado una serie de problemas enquistados. La actual portavoz del PP y jefa de la oposición, Leticia Comerón, consideró el viernes intolerable que el regidor "eche más gasolina al fuego" con semejantes afirmaciones.

Urtaran se defiende asegurando que el Gobierno local "está de acuerdo" en incrementar la plantilla, como solicitan los sindicatos, y subraya que ya está en marcha una OPE de 32 plazas -"lo máximo que permitía la ley"-, a la que seguirá otra más "a finales de este año o principios de 2018", también "con el máximo número de plazas   permitidas legalmente". "En la anterior legislatura, por comparar, no se convocó ninguna OPE, y la plantilla se redujo en 28 agentes", ataca el alcalde al PP.

En cuanto a las retribuciones, el alcalde no se moverá del régimen general para el conjunto de los funcionarios. "Se ha incrementado la masa salarial un 1% en 2016, otro 1% en 2017 y está previsto un incremento del 1,5% en 2018. En los tres casos, son las subidas máximas permitidas por ley", explica el regidor del PNV -e l Gobierno vasco, sin embargo, ha encontrado otra fórmula para mejorar las condiciones de los mandos de la Ertzaintza-. Finalmente, asegura que su equipo "está dispuesto a negociar y alcanzar un acuerdo" en materia de calendarios y refuerzos.

Hasta entonces, los talonarios de multas seguirán echando humo.

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