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Análisis

¿Quién le ha robado la cartera a quién en el pacto PNV-PSE?

Los peneuvistas han logrado manos libres para plantear el derecho a decidir o crear una "futura institución única" con Navarra, mientras que los socialistas han amarrado la legalidad de cualquier reforma del autogobierno vasco

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EFE

Todo acuerdo supone dejar pelos en la gatera. Aunque suelen decir que el Diablo se esconde en la letra pequeña de los acuerdos, en los detalles. Con el pacto, el PSE ha conseguido trufar de legalidad toda la parte ligada a la reforma del autogobierno y ahuyentar el fantasma del desafío soberanista a la catalana, pero el PNV tiene las manos libres para defender el "derecho a decidir y su ejercicio pactado", la relación bilateral política con el Estado, el reconocimiento de Euskadi como una nación o, incluso, la creación de una "futura institución única" con Navarra.

Ambos partidos han optado por defender una reforma de la Constitución y "blindar nuestro ámbito competencial", pero todavía hay incógnitas que no se han querido resolver en estos momentos sobre aspectos clave en los que, además, hay más partidos en liza, como la izquierda abertzale (EH Bildu), Elkarrekin Podemos y el PP de Alfonso Alonso.

De hecho, PNV y PSE-EE han preferido moverse en la ambigüedad y pactar un desacuerdo como en los viejos tiempos sobre algo básico: la formulación de qué va a ser el País Vasco en los próximos años y que relación política va a tener con el resto de España.

Derecho a decidir/bilateralidad/autogobierno. El PSE ha logrado dejar claro en el pacto que cualquier reforma que nos lleve a un "nuevo estatus" en Euskadi se tramitará "de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes" y con "métodos democráticos" (ambos conceptos se repiten al menos dos veces). Lo cual despeja cualquier ensayo de desafío a la legalidad similar a la vía catalana. PNV y PSE defienden el traspaso "sin más demora" de las competencias pendientes y colocan dos como prioritarias: prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 

El PNV, que puso a dormir la ponencia de autogobierno en la pasada legislatura, en esta ocasión ha logrado meter quinta en el pacto y un plazo muy concreto: ocho meses para redactar, "respetando el ordenamiento jurídico" y los "procedimientos jurídico-legales vigentes y los establecidos en el Reglamento de la Cámara", la reforma estatutaria.

La ambigüedad es clara en relación a la consulta(s) en el último punto el acuerdo: Finalizada la negociación, pacto y aprobación de la reforma de autogobierno "por parte de las instituciones competentes, los acuerdos que estas adopten serán sometidas a la decisión de la ciudadanía, para que las ratifique mediante referéndum". En esa redacción, al hablar de instituciones en plural, cabe la propuesta del PNV de una "consulta habilitante" antes de pasar por el Congreso de los Diputados -esto es, cuando la apruebe el Parlamento vasco por una mayoría absoluta necesaria que ambos partidos no suman (tienen 37 de 38), pero también que la reforma pase por el Congreso y después se ratifique en un referéndum, como establece el ordenamiento actual y defiende el PSE-EE.

Convivencia y Derechos Humanos. Ambos partidos han trabajado un corpus común sobre deslegitimación de la violencia para que no haya duda sobre el liston que fijan PNV y PSE-EE al trabajo que queda por hacer en la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA. "Ningún argumento -ni un contexto o teoria del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro- puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violacióin de los Derechos Humanos.

Sobre el final de ETA, hay acuerdo en su disolución y final ordenado, y también en el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas, como un elemento más de la flexibilización ("reorientación", se expresa en el documento) de la política penitenciaria que defienden peneuvistas y socialistas desde hace años para promover auténticas "políticas públicas de reinserción". Algo que ambos partidos llevarán al Parlamento vasco, pero también al Congreso de los Diputados.

El PSE ha sido muy crítico con la labor de Jonan Fernández al frente de la Secretaría de Paz y Convivencia -que depende directamente del lehendakari y de algunas medidas adoptadas en su Plan de Paz y Convivencia. El texto pasa por encima de esa realidad y se aprueba la redacción de un nuevo Plan Integral de Convivencia y Derechos Humanos para 2016-2020, se proponer definir un plan de trabajo sobre vulneraciones de derechos humanos entre 1960-2010 y pactar el trabajo futuro del Instituto de la Memoria (Gogora).

Ambos partidos han preferido moverse en la ambigüedad y pactar un desacuerdo como en los viejos tiempos sobre algo básico: la formulación de qué va a ser el País Vasco en los próximos años.

Euskera. Hay pruebas claras de apoyo a la diversidad de Euskadi. Incluso con temas que fueron polémicos en la pasada campaña electoral como el euskera de la mano del vídeo del PSE de Idoia Mendia sobre el euskera y el acceso a la Administración. "El euskera es la lengua propia de Euskadi, no es la única, pero solo nosotros la poseemos. El euskera convive con la otra lengua que también es de Euskadi: el castellano. Las lenguas no son excluyentes, sino prueba de la diversidad, pluralidad e integración". Parece de primero de pluralismo, pero los socialistas han considerado necesario pactar un miniepígrafe con el título Euskera y convivencia lingüística, con EITB como "herramienta para la normalización del euskera". Lo que no han bajado es a lo concreto. Y cuando en el texto se habla de sector público y de "impulsar la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas de la Administración pública" ante las próximas jubilaciones, no se menciona el item de la lengua. Salvo una genérica a continuar con el "proceso de adptación y actualización de los perfiles lingüísticos", algo que comenzó -sin culminar- en el Gobierno de Patxi López (2009-2012).

EITB. El ente de radiotelevisión pública vasca, una auténtica patata caliente para el próximo Ejecutivo vasco, apenas tiene cuatro párrafos de generalidades. Ambos partidos saben de las necesidades acuciantes de EITB, pero han pasado por encima del problema. El documento apela al contrato-programa (ya existe, de hecho, hay comprometidos 473 millones de euros hasta 2019 por el Ejecutivo saliente) y se habla de la necesidad de "abordar la reforma integral de EITB para conseguir una mayor eficiencia en la prestación del servicio". Y el apoyo a la industria audiovisual vasca. Pero de cómo se piensa conseguir esa transparencia en la "financiación sostenible y eficiente" o en sus órganos de dirección, nada de nada. No hay hoja de ruta para EITB en el pacto suscrito entre PNV y PSE-EE. 

Parece, pues, que en algunos temas algunos se empeñan en llamar amor a lo que es puro sexo sin tapujos. Y en otros, se ha optado por la ambigüedad calculada, algo de lo que los peneuvistas siempre han sacado partido en los diferentes pactos cerrados a lo largo de su historia.

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