Uno de los argumentos que durante todo el ‘procès’ se ha venido utilizando de forma reiterada por sus partidarios era que en el referéndum del 1-O no se dilucidaba una cuestión relativa a la independencia nacional-estatal de Cataluña sino que se trataba del reconocimiento de un derecho democrático: el derecho a decidir del pueblo catalán sobre su futuro y, en particular, sobre sus relaciones con el Estado español del que hasta ahora ha venido formando parte. Por tanto, no se trataba de optar por la independencia (de Cataluña) vs. Estado (español) sino de ejercer el derecho a decidir de la ciudadanía catalana, lo que constituye, de acuerdo con esta argumentación, no una reivindicación nacionalista sino un derecho y una libertad democrática irrenunciables que ningún Estado puede negar, so pena de deslegitimarse como Estado democrático.
Y nada mejor para ejercer este irrenunciable derecho a decidir que hacerlo a través de la democracia directa, mediante un referéndum convocado al efecto, lo que daría a la decisión así adoptada una legitimación popular directa, sin mediadores ni pactos que puedan desvirtuar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. El referéndum del 1-O no sería otra cosa que la plasmación en la práctica de ese derecho a decidir del pueblo catalán; y la tentativa de impedir el referéndum por parte del Estado, desde el ejecutivo a los órganos judiciales, no haría sino revelar su carácter antidemocrático. Se trataría, por tanto, de un proceso (y de un acto, el 1-O) de afirmación democrática que reclama la adhesión de todos los demócratas, más allá de la adscripción a las posiciones independentistas.
El desarrollo de los acontecimientos ha mostrado, sin embargo, que las reivindicaciones nacionalistas, además en su expresión netamente independentista, son las que han constituido el eje del ‘procès’, tanto antes como durante y después del 1-O. La reclamación insistente de las urnas -‘votarem’ era el grito que ha aglutinado a los partidarios del referéndum- cumplía, ante todo, la función de proporcionar la cobertura apropiada para revestir de legitimidad democrática a un proceso concebido desde el primer momento y a lo largo de todo su desarrollo, en clave inequivocamente independentista. En este sentido, hay que reconocer que el 1-O ha servido para incorporar al nacional-independentismo a sectores, especialmente de la izquierda, que hasta ahora no integraban ese espacio político.
No puede extrañar, teniendo en cuenta la referida naturaleza del ‘procès’, que la primera decisión adoptada tras el 1-O, antes incluso de ofrecer los resultados de las urnas (nada verificables por otra parte), haya sido la de anunciar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Lo que, como es obvio, se trata de un acto de carácter única y exclusivamente nacionalista; más concretamente, dirigido a satisfacer las aspiraciones máximas de quienes tienen como principal objetivo y razón de ser la consecución de un Estado nacional catalán propio y soberano, separado del español. Y una decisión que resulta más que dudosa desde el punto de vista democrático, tanto por el procedimiento seguido como por los resultados anunciados en las urnas como, incluso, atendiendo a los criterios democráticos utilizados por los propios impulsores del ‘procès’.
Un aspecto sobre el que es preciso llamar la atención ya que, entre otras cosas, aporta elementos significativos para poder explicar la situación de ‘impasse’ en que nos encontramos en el momento presente, es la contraposición entre urnas y leyes que se ha hecho por parte de las formaciones políticas que mayor protagonismo político han tenido en el ‘procès’. Contraponer las urnas a las leyes, o viceversa, como se ha venido haciendo insistentemente, bien esgrimiendo la ley para impedir que las urnas reflejen la voluntad política de la ciudadanía, o bien invocando las urnas para actuar completamente al margen de la ley, haciendo incluso ostentación pública de ello, solo puede conducir, como así ha ocurrido, a un bloqueo político como el que estamos teniendo actualmente.
Más llamativo aún resulta, en relación con el comportamiento seguido por las distintas formaciones políticas, el papel jugado por aquellas que sin ser nacionalistas ni independentistas, según sus propias declaraciones, han contribuido, sin embargo, de forma decisiva al éxito de las posiciones nacional-independentistas. Tal ha sido señaladamente el caso de Podemos/comuns, cuyo papel auxiliar en el ‘procès’ ha estado centrado en ejercer de fiel acompañante de las formaciones independentistas, que en ningún momento han dejado de protagonizar el desarrollo del proceso; pero a las que ha proporcionado una valiosa cobertura pluralista, de la que adolecían y que ha resultado muy útil para poder ampliar su legitimación democrática y reforzar así su posición hegemónica en el ‘procès’.
Es preciso constatar, por último, los efectos de los hechos que han tenido lugar con motivo del 1-O y en días posteriores, que no puede decirse que hayan contribuido a facilitar las cosas. En los días anteriores a esta fecha estaba bastante extendida la creencia de que a partir del 2 de octubre se abría un nuevo escenario político, más despejado que el que se había venido dando hasta ese momento como consecuencia inevitable de la confrontación producida en torno a la celebración del referéndum. Los hechos han mostrado que efectivamente, tras el 1-O se ha configurado un nuevo escenario político; pero que lejos de ser más despejado que el anterior resulta, por el contrario, bastante más complicado y más difícil de gestionar. El anuncio, por parte de quienes han venido liderando el ‘procès’,de una DeclaraciónUnilateral deIndependencia (DUI) en los próximos días, es la muestra más clara y contundente de ello.
Aunque el ‘procès’ aún no ha concluido y, por tanto, es prematuro sacar conclusiones definitivas, puede afirmarse que, por el momento, nadie ha ganado y todos hemos perdido. Y nada augura que la situación vaya a mejorar a partir de ahora por el simple paso del tiempo; más bien podría aventurarse que no faltan indicios para temer que las cosas puedan complicarse más aún en los próximos días. No vendría nada mal que seamos conscientes de ello porque así, al menos, podríamos empezar a replantearnos la situación a la que hemos llegado y, a continuación, tratar de acordar unas bases para emprender un nuevo rumbo que reoriente la deriva seguida hasta ahora; lo que, a la vista de como están las cosas y, sobre todo, de como pueden evolucionar de seguir así, no es poco.
No es fácil saber en el momento actual lo que nos puede deparar la evolución del ‘procès’ al que asistimos ni, menos aun, cuál será su desenlace final. Pero, a falta de certezas sobre un futuro que no deja de ser incierto, no estaría de más ser plenamente conscientes de los riesgos que comporta la situación en que nos encontramos; aunque solo sea para evitar un deterioro de las relaciones, que ya se está produciendo y que habría que impedir que siga avanzando hasta que lleguen a producirse situaciones irreversibles. Lo que no son ficciones imaginativas sino más bien riesgos muy reales.
Andoni Pérez Ayala es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco
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