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Los terrenos de Gürtel en Boadilla acaban en manos de un exasesor de UPyD en el Congreso

Lucas María Calvo Pérez se convirtió en administrador de una sociedad que su padre utilizaba como testaferro de la trama al tiempo que era asesor económico del grupo parlamentario de UPyD

El joven empresario también fue candidato del partido de Rosa Díez en las europeas de 2014

La parcela es el supuesto pago de una mordida por las gestiones que Correa hizo ante el Gobierno de Aguirre para desbloquear el urbanismo del Ayuntamiento madrileño, según un informe policial

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La secretaria de Correa declara por la grabación en la que implica a García Escudero

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. EFE

La última finca que la red Gürtel obtuvo en pago a sus gestiones para desbloquear el urbanismo de Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid, una parcela valorada en más de 700.000 euros, ha acabado en poder de Lucas María Calvo Pérez, quien fue asesor económico del grupo parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados desde 2009 y hasta junio de 2014. También fue candidato de UPyD en las elecciones europeas de 2014 en el puesto 48º. 

Durante el tiempo en que asesoraba al partido de Rosa Díez en la Cámara Baja y este partido ejercía en el hemiciclo como látigo de la corrupción, Lucas María Calvo Pérez era administrador de una sociedad pantalla de Gürtel, Pelendones SL, para ocultar sus sociedades y que ostentó también entonces la propiedad del terreno.

Calvo Pérez es hijo de Jesús Calvo Soria, procesado por blanqueo de capitales en la primera fase del caso Gürtel lista para juicio en la Audiencia Nacional y al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional señaló en un informe de 2008 como testaferro en distintas firmas nacionales y extranjeras de Francisco Correa, el cabecilla de la red. Y también es, desde marzo de este año, el administrador de la sociedad Matutes 11 SL. Sucedió a su padre al frente de esta empresa que tiene registrada a su nombre el 94% de una parcela de 2.476 metros cuadrados, con un valor catastral de 714.246 euros, en la zona de El Encinar en Boadilla del Monte y que según el informe policial tiene su origen en el pago de mordidas a la trama Gürtel a cambio de las gestiones que su cabecilla, Francisco Correa, realizó ante la Comunidad de Madrid para desbloquear el urbanismo en este municipio madrileño.

El propio Correa lo reconoció por escrito en una declaración planificada para negociar con la Fiscalía Anticorrupción y que, ante la falta de acuerdo con el ministerio público, fue publicada por eldiario.es. En esa confesión Correa alude así a sus prácticas en Boadilla: "También hice labores de intermediación en agilizar el planeamiento municipal con Jesús Calvo Soria, Pedro Pérez, Ramón Blanco Balín y Enrique Arnaiz porque estaba bloqueado en la Comunidad de Madrid. A cambio en el plan se nos adjudicaron unas parcelas que a través de una sociedad que creó Ramón Blanco Balín y que se iban a desarrollar entre todos los participantes junto con Arturo González Panero [el alcalde de entonces, conocido con el mote de El Albondiguilla]".

La UDEF señala en un informe de febrero de 2014 que como contrapartida a esas gestiones, la trama Gürtel recibió un 2% del valor de las fincas recalificadas y que durante los últimos años el ovillo de empresas de los testaferros de Correa han vendido tierras en Boadilla por más de 11 millones de euros. Según la documentación que figura en el Registro de la Propiedad, queda todavía una parcela por enajenar. El PSOE, personado como acusación en Gürtel, reclamó en 2014 sin éxito en la Audiencia Nacional que se embargasen las cuentas de esas sociedades. De momento, el juez José De la Mata no ha adoptado ninguna decisión en ese sentido.

Desde 2007 en que estalló el caso, los cerebros de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, fueron entrando y saliendo de prisión mientras fuera, sus hombres de paja trataban de mover esas parcelas de Boadilla que, aparentemente, iban cambiando de propietario. La parcela que no se ha vendido estuvo registrada a nombre de Narcisos 22, luego pasó a Pelendones SL y ahora aparece en manos de Matutes SL.

Toda esa madeja de firmas tiene como hilo conductor a Jesús Calvo Soria, que se sentará en el banquillo acusado de fraude fiscal en el primer juicio de Gürtel y que en el segundo proceso está acusado además de fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho. La última maniobra del testaferro ha sido colocar a su hijo, Lucas María Calvo Pérez, como administrador único de Matutes SL el pasado 1 de marzo.

No es la única sociedad vinculada a su padre en la que tuvo protagonismo  Calvo Pérez. Durante su última época como asistente económico de UPyD en la Cámara Baja entre marzo y junio de 2014, Lucas María Calvo Pérez compatibilizó esa tarea con la de administrador de Pelendones, propietaria entonces del 94% de la parcela en Boadilla. 

El otro 6% de la finca, propiedad de lo que la policía considera la red de testaferros de Gürtel, pertenece al Ayuntamiento de Boadilla, en virtud del reparto que se hizo en las juntas de compensación de propietarios de los terrenos. El actual Gobierno del PP en el consistorio pleitea contra su socio en la parcela para evitar que pueda ser vendida y desaparezca el dinero, hasta que las firmas de Gürtel salden sus deudas con la Hacienda Municipal y que ascienden a 135.122,61 euros, en concepto de plusvalías e impuestos. 

Esta redacción intentó recabar la versión de Lucas María Calvo Pérez, quien ha respondido que no tiene nada que aportar a esta información. Sí aclaró que él dejó de militar en UPyD en 2015. Tampoco UPyD ha querido ofrecer explicaciones a eldiario.es.

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