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La madeja de la corrupción deja a Lugo con parquímetros pagados y precintados durante dos años y medio

La ciudad lleva dos años y medio sin zona azul y los directivos de la empresa adjudicataria fueron encarcelados por pagar sobornos y amañar contratos

La concesión de los parquímetros está anulada por una sentencia judicial y la concesionaria implicada en un caso de compras de políticos con decenas de imputados

El Gobierno local, del PSOE en minoría, heredó el problema de un ejecutivo del mismo color y ahora analiza la remunicipalización del servicio

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Parquímetros en Lugo

Parquímetros en Lugo EFE

En las calles de Lugo los parquímetros siguen precintados por orden judicial. Desde hace dos años y medio la zona azul es historia y no hay sistema alternativo. La última sentencia la dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la concesión en 2011 por un defecto de forma en  el concurso. La alcaldesa socialista Lara Méndez, que heredó mil líos judiciales de su mentor y antecesor en el cargo también del PSOE, Xosé Clemente López Orozco, mandó parar en 2015, recién llegada al consistorio.

El escándalo sobre la concesión se había vuelto insoportable con las revelaciones de la Operación Pokemon, uno de los múltiples sumarios de corrupción que han desbordado en el último lustro a este ayuntamiento que no llega a alcanzar los 100.000 habitantes. En la primera de las redadas a finales de octubre de 2012 ya había caído la cúpula del Grupo Vendex, matriz de Doal, la empresa adjudicataria de la zona Ora. El Gobierno presidido entonces por el socialista José López Orozco, que acabó imputado en este caso, decidió mantener el servicio incluso cuando las cosas se pusieron más feas.

Afloraron las escuchas policiales y declaraciones de testigos que relacionaban a ese grupo empresarial con envíos de dinero a políticos a través de empresas de transporte urgente camuflados muchas veces como prensa deportiva, "los botes de pintura" de los que hablaban los implicados en los pinchazos telefónicos. Una trama de sobornos organizada, según la investigación, operaba en varias ciudades de Galicia (el alcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez fue detenido, igual que su homólogo Gerardo Conde Roa en Santiago, del PP) y a medida que el sumario ha ido engordando destapó irregularidades también en Cantabria, Asturias, Murcia y Cataluña, hasta sumar decenas de imputados.

El caso había nacido en 2009 en un sórdido burdel de las afueras de Lugo por un lío vinculado a la prostitución y la trata de personas.  Cuando la juez de instrucción Pilar de Lara pinchó los teléfonos de los matones de la red, empezó a aflorar todo un entramado de favores, sobornos, y subcontratas municipales convertidas en agencias de colocación de partidos políticos. En el epicentro de todo, el grupo Vendex y sus singulares directivos: una pandilla de arribistas que hicieron del soborno a políticos su principal negocio. Los cabecillas acabaron en prisión y están acusados de delitos que ocupan medio Código Penal, empezando, claro, por el tráfico de influencias. 

La historia arrancó por un cúmulo de casualidades... que no lo son tanto si uno se para a analizar la red de relaciones entre las supuestas élites locales, en las que se confundían empresarios, políticos y la mafia de los prostíbulos en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Un antiguo cobrador de la ORA de Lugo, José Manuel Reguera, que prosperó en la empresa hasta convertirse en delegado local, era a su vez copropietario del edificio que albergaba el Queens, un local de mala muerte situado en el extrarradio que organizaba fiestas para cargos públicos, guardias civiles y propietarios de algunas pymes.

Tirando del hilo de Reguera la juez llegó a su amigo Francisco Fernández Liñares, un político del PSOE que había hecho de factotum en el Gobierno municipal cuando era alcalde Xosé Clemente López Orozco. Cuando llegó su hora, Reguera cantó largo y tendido ante la instructora del sumario, Pilar de Lara. Diez horas estuvo aportando listados de empresarios y directivos que pagaban mordidas para comprar a políticos en diferentes administraciones gallegas a cambio de obras y contratas públicas.

Los investigadores bautizaron aquella operación con el nombre de Pokemon por la facilidad que tenía la trama para ramificarse en las instituciones y los territorios. La primera ola de 23 detenciones se llevó por delante a la dirección de Vendex, un conglomerado de sociedades  multiservicios para atrapar contratos públicos, y cuya  filial, Doal, gestionaba los parquímetros lucenses. En el sumario abunda el material probatorio sobre las mordidas que Doal y Vendex pagaron a concejales socialistas de Lugo en aquellos años.

Para el arrepentido Liñares, la Fiscalía pide ahora cinco años de cárcel después de considerar acreditado que estaba a sueldo de la concesionaria de los parquímetros que le abonaba en sobres mil euros mensuales, además de otras prebendas.

Historias parecidas de amaños se investigan en otras ciudades gallegas. El caso ha proporcionado suculentos titulares en la prensa -a uno de los implicados se le sobornaba con plantaciones de eucaliptos- y ha arruinado carreras políticas de dirigentes socialistas y del PP en A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense.

En Lugo, los efectos colaterales del sumario han dejado a la ciudad sin zona azul. Atada por la herencia recibida de sus compañeros de partido, el equipo de Gobierno de la socialista de Lara Méndez acordó precintar las máquinas de la Ora durante el verano de 2015. Iban a ser ocho meses hasta tener listo un nuevo pliego de condiciones para restituir el servicio. Dos años y medio después, la cosa sigue igual. Los 16 empleados de Doal, los que no tenían despacho ni figuraban en el sumario han sido despedidos. Son las otras víctimas de la corrupción: cuando las cosas iban bien, rozaban el mileurismo; cuando se torcieron, todos a la calle. Durante meses demandaron sin éxito con protestas en la calle que se les recolocase.

La zona azul no funciona pero tampoco es que Lugo esté levantada en armas. Cierto que a media mañana en la zona de los juzgados, las sedes administrativas del Gobierno gallego o de la diputación provincial dejar el coche es tarea imposible. Y que los comerciantes del centro, la asociación Lugo Monumental, han pedido ordenar el aparcamiento para facilitar las compras.

La alcaldesa, Lara Méndez, admite a eldiario.es que los plazos se han complicado y culpa a la oposición de negarse a aceptar un contrato puente para mantener la Ora durante el tiempo que se tardase en abrir un nuevo concurso pero hoy prefiere ver el vaso medio lleno e intentar que la solución derive en un nuevo modelo de movilidad: "Lo que vamos a hacer es ampliar la limitación a 30 kilómetros por hora en otras zonas de la ciudad, buscar la creación de parkings disuasorios y proyectar carriles bici y otras actuaciones para promocionar caminos con otros medios de transporte". No concreta más porque el Gobierno quiere ver cómo calan estas medidas antes de decidir qué sistema de regulación de estacionamiento es más idóneo. "Puede ser gratuita en su totalidad y solo obliga a su modalidad, a lo mejor se paga después de la primera media hora. Igual es en cuatro zonas muy concretas", asegura la regidora que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Lugo Novo, la candidatura ciudadana vinculada a En Marea.

Las fuentes consultadas dan por hecho que si el plan de movilidad se pone en marcha en este mandato, llegará prácticamente en vísperas de las próximas municipales. Lugo puede haber pasado cuatro años sin zona Ora. El PP, que llevaba en su programa electoral acabar con el sistema de estacionamiento regulado, martillea desde la oposición con supuestos caos de tráfico. 

José María Seijas es presidente de la Federación Gallega de Comercio y lucense de pro. Defiende que existe un problema porque en las calles de la muralla -el monumento romano que constituye el principal atractivo turístico de la ciudad- "no se puede parar". Este pequeño comerciante es partidario también de repensar el transporte en el centro y apostar por las peatonalizaciones: "Hay que buscar soluciones e intentar que los subterráneos tengan plazas y sean asequibles. E impulsar un sistema, llamémosle zona Ora o lo que sea. Sería estupendo que fuese gratis. Y habrá que peatonalizar zonas, al principio son decisiones duras, pero a largo plazo favorecen".

Los vecinos admiten las molestias puntuales que origina en algunos barrios la desaparición de los parquímetros pero desdramatizan. "Hay problemas puntuales en las zonas con más comercio y donde están las administraciones. Pero aquí en cinco minutos llegas a todas partes andando. Tal vez sea necesaria una cierta regulación en unas pocas calles, pero la Ora se había extendido demasiado y en algunos sitios los coches ni aparcaban. Nosotros estamos intentando que el centro de Lugo se convierta en peatonal y deberían buscarse aparcamientos alternativos para que la gente use de verdad el transporte público", defiende Luis Abel, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos. 

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