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El caso Rato dormirá hasta después del 24M

Anticorrupción esperará a que pasen las elecciones para solicitar la declaración ante el juez del exvicepresidente y otras diligencias

Asume la costumbre del Tribunal Supremo de no citar a políticos en periodo electoral, como ocurrió con los aforados del caso ERE y las andaluzas

La Audiencia de Madrid anunciará en las próximas horas si asume la competencia o acepta la inhibición en favor de la Audiencia Nacional

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El juez Andreu paraliza la inspección de Hacienda a Rato y otros usuarios de las tarjetas B

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La herida abierta en la campaña electoral del Partido Popular con la detención de Rodrigo Rato dejará de sangrar, al menos hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. Con independencia de qué tribunal asuma finalmente la competencia de la investigación al exvicepresidente del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción descarta solicitar la práctica de diligencias hasta que se hayan celebrado los comicios, informaron a eldiario.es fuentes del Ministerio Público.

La imagen de Rodrigo Rato entrando a declarar en un juzgado, o simplemente la noticia de su citación, quedan descartadas en las dos próximas semanas. En la Fiscalía Anticorrupción, confiesan, ha pesado la costumbre del Tribunal Supremo de no llamar a declarar a los políticos imputados en época electoral. La última vez fue con motivo del caso de los ERE. El magistrado instructor en el Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, citó a declarar a José Antonio Griñán, Manuel Chaves y los otros tres imputados con un auto que dictó el 17 de febrero. Barreiro fijaba la primera de las declaraciones para el 7 de abril, siete semanas después de la resolución y una vez que hubieran pasado más de 15 días de las elecciones autonómicas andaluzas.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir si la investigación a Rato por blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes es competencia del magistrado Antonio Serrano-Artal o, como este cree, corresponde al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Anticorrupción ya se ha pronunciado a favor de que investigue el juez de Madrid, ya que en las diligencias abiertas por la Fiscalía de Madrid no aprecia conexión suficiente con la investigación a Rato en el caso Bankia.

Además, la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente alegó que incorporar los presuntos delitos fiscales de los imputados a las investigaciones que se siguen contra ellos por otras causas daría origen a una investigación “carente de eficacia”. Peor aun cuando el caso Bankia, en el que Rato figura como imputado, es ya lo que Lorente califica como “macroproceso”.

"Aquilatar" la investigación

Pudiera ser que los hechos por los que Hacienda comenzó a investigar a Rato reunieran los requisitos que hacen competente a la Audiencia Nacional, caso de su grave repercusión en la economía nacional, el tráfico mercantil o en una generalidad de personas, pero la fiscala considera que no es el caso. También podría ocurrir que los presuntos delitos de Rato se hubieran cometido en el extranjero, o que el alzamiento de bienes del que se le acusa estuviera vinculado a la fianza impuesta por la Audiencia Nacional en el caso Bankia. Sin embargo, estos dos últimos extremos están todavía por “aquilatar”, defiende Anticorrupción.

En el caso de que la Audiencia de Madrid considere al juzgado ordinario competente, Serrano-Artal se deberá preparar para tomar declaración a Rato. Pero cabe la posibilidad de que la Audiencia de Madrid corrija al titular del Juzgado de Instrucción número 31. En ese caso, la pelota estará en el tejado de Fernando Andreu. El juez de la Audiencia Nacional estudiará las diligencias para determinar si la investigación de Hacienda a Rato puede guardar relación con la implicación del exvicepresidente del Gobierno con el caso Bankia. Si Andreu, como ya hizo Anticorrupción, no encuentra tal nexo, el conflicto de competencia será resuelto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una decisión que no debería dilatarse en el tiempo.

Quienquiera que sea finalmente el instructor de la causa, esta ya tiene unos actores fijos, además del acusado: la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. La decisión de la primera de recurrir a la Fiscalía de Madrid, un mes después de que la Fiscalía especializada hubiera rechazado asumir la investigación, y el hecho de que, una vez judicializada, Anticorrupción reclamara para sí la causa creó un conflicto entre ambos organismos.  Las desavenencias se resolvieron en una reunión celebrada en la sede de la Fiscalía el pasado 28 de abril y a la que asistieron los responsables de Anticorrupción y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.

La decisión de Rodrigo Rato de acogerse a la amnistía fiscal para regularizar fondos que escondía en el extranjero se terminó volviendo en su contra. El cotejo de las cantidades con declaraciones posteriores hizo aflorar contradicciones que motivaron una investigación en la que ha participado el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Algunas fuentes apuntan a que Rato habría realizado movimientos sobre su patrimonio en el extranjero con posterioridad a que el juez del caso Bankia fijara una fianza de 800 millones a satisfacer de forma solidaria por los seis imputados.

En esos momentos, a Rato le correspondía abonar 133 millones de euros que Bankia adelantó, como con el resto de los imputados, por temor a sufrir un embargo. La semana pasada, la Sala de lo Penal rebajó esa fianza hasta los 34 millones de euros, por lo que a Rato ya solo le corresponde pagar 5,4. El exvicepresidente ya satisfizo otra fianza por valor de tres millones de euros por el caso de las tarjetas 'black' a través de un aval del Banco de Sabadell.

El juez Andreu ha ordenado la devolución a Bankia de los 800 millones para que comience un nuevo proceso de abono de la fianza de los 34 millones fijados por la Sala de lo Penal. Bankia actuará, en una primera fase, como ya hizo con la anterior cantidad. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri aguardará a que el resto de los imputados –acompañan a Bankia y BFA, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella– aporten sus cantidades y, de lo contrario, antes de concluir el plazo de un mes, abonará la totalidad de 34 millones para evitar un embargo.

A diferencia de lo ocurrido con los 800 millones, Bankia no pasará de ahí a enviar requerimientos notariales al resto de los imputados para que le abonen su parte sino que recurrirá directamente a la vía civil, en la que está legitimada para reclamar el dinero, explicaron fuentes de la entidad. La comunicación del juzgado de Andreu fue recibida por Bankia este mismo lunes.

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